De acuerdo a las estadísticas del Banco Mundial y de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), el porcentaje de la población dominicana viviendo en condiciones de pobreza se situaba entre 40.4% y 42.2% en 2011. Tomando estas estadísticas como válidas, lo anterior es equivalente a decir que cuatro de cada diez dominicanos perciben ingresos que son inferiores a lo que necesitan gastar para poder cubrir sus necesidades básicas. Lo opuesto se verifica cuando las necesidades pueden ser cubiertas y, en consecuencia, las personas pueden elevar su nivel de bienestar, y disponer de parte de sus ingresos para ahorro. El ingreso no consumido adquiere una función social, ya que el ahorro puede ser destinado a generar un mayor nivel de inversión en actividades productivas que, a su vez, contribuyen a la generación de mayores ingresos.

La inversión es imprescindible para incrementar el ingreso de los habitantes de cualquier país.[1] Las inversiones que se canalizan hacia bienes de capital nuevos o de mejor calidad contribuyen a aumentar la productividad de la mano de obra, al igual que la del capital existente. En ese sentido, las políticas públicas deben orientarse a propiciar un ambiente institucional que permita incrementos sostenidos en la productividad laboral y del capital y, en consecuencia, crecimiento económico. El crecimiento económicos es, precisamente, poder producir más bienes y servicios de valor a partir de los recursos disponibles.

Condición necesaria: un entorno que propicie ahorros

El primer paso para obtener mayor crecimiento económico fruto de una mayor productividad es contar con un aumento en las inversiones. Para garantizar la materialización de estas inversiones, es necesario contar con ahorro previo proveniente de los individuos que conforman la economía. Ahora bien, es necesario destacar que el nivel de ahorro de una economía se ve afectado por las políticas públicas existentes y la forma como estas afectan los ingresos de los agentes económicos.

El nivel de ahorro de los individuos de una economía resulta de la parte del ingreso que no se consume, luego de los impuestos. Siendo esto así, la proporción del ingreso promedio del país que puede ser ahorrado sufre cada vez que se lleva a cabo una modificación fiscal que incrementa tasas impositivas y crea nuevas figuras tributarias. Como resultado de sus actividades productivas, los agentes económicos pagan impuesto sobre la renta (e impuesto a los dividendos, cuando son repartidos). El ingreso que les queda paga, cuando es consumido, impuesto a la transferencia de bienes industrializados y servicios –ITBIS- (sobre bienes que, muy probablemente, ya han sido gravados con impuestos arancelarios), impuestos selectivos (sobre hidrocarburos, bebidas alcohólicas, cigarrillos, servicios de telecomunicaciones, automóviles y sobre bienes diversos), recargo por emisión de CO2 sobre los automóviles, y el llamado impuesto a la primera placa, entre otros impuestos. Si algunas de las transacciones de consumo, o cualquier otra que se lleve a cabo, es efectuada con cheque, debe tributarle al Estado el 0.15% del valor por el cual se emite el mismo. Cuando los ingresos son destinados a la inversión en inmuebles, tanto la transferencia a un nuevo adquiriente, así como la tenencia de los mismos, debe pagar impuestos. Luego de todas estas deducciones impositivas, si el ingreso restante puede ser destinado a ahorro en una institución financiera, el retorno que produce, es decir los intereses que genera, debe pagar un impuesto de reciente creación.

Lo anterior no pretende ser un análisis exhaustivo de todos los impuestos que pueden gravar los ingresos disponibles antes de convertirse en ahorros en el país, ya que existen otros que no mencionamos. Es sólo un ejercicio para hacer notar que no debe sorprender si los ingresos que quedan disponibles, luego de pagar impuestos, son gastados en el presente para subsistencia (pago de vivienda, alimentos, vestidos, servicios, etc.), dejando poco para ahorros.

El problema de la baja disponibilidad de recursos para ahorros se complica cuando uno considera que, en adición a la política tributaria, otras políticas públicas también afectan la capacidad de generar ahorro en la economía dominicana. Por ejemplo, tanto empresas como hogares tienen que hacer desembolsos de dinero para consumir servicios que previamente pagaron por medio de impuestos, como es el caso de seguridad policial, educación y salud pública. De igual forma, los emprendedores tienen que pagar costos de transporte interno altos, seguridad social, impuestos mínimos (aún teniendo pérdidas contables), salarios mínimos que no compensan la productividad de la mano de obra contratada, e incurrir en diversos costos laborales no salariales. Todos estos elementos contribuyen a elevar los costos de producción y encarecen los precios de los bienes que se consumen en el país, sean finales o para producción.

En adición a los factores mencionados anteriormente, la política fiscal expansiva disminuye el ahorro disponible. La financiación de los déficit desvía ahorro para el pago de la deuda pública que se emite para financiarlos. Son menos recursos disponibles para inversiones que generen crecimiento económico.

Clima de negocios amigable para atraer inversiones

República Dominicana es una economía pequeña, con recursos limitados. Por ende, es necesario que el ahorro interno que pueda generar sea complementado con ahorro externo. Una forma de canalizar ese ahorro hacia nuestra economía es en la forma de inversión extranjera directa (IED). La IED ha sido un elemento clave en el desarrollo de las economías del mundo y lo continua siendo en la actualidad.

La IED es un factor importante en la movilización de capital de las economías más desarrolladas a las menos desarrolladas, y en la aceleración del crecimiento de estas últimas. Como expresara Ludwig von Mises, la diferencia entre las naciones más desarrolladas y las menos desarrolladas es una función del tiempo. [2] Esto se debe a que los países más desarrollados empezaron a ahorrar antes que los menos desarrollados. De la misma manera, tienen mucho más tiempo acumulando capital y realizando inversiones productivas. Los habitantes de países menos desarrollados pueden aprovechar los flujos de capitales y las tecnologías provenientes de las naciones que tienen mayores niveles de ingresos para aumentar su productividad.

La riqueza material de un país proviene de la producción y de los bienes y servicios que los ciudadanos pueden consumir con el ingreso generado a partir de lo producido. Por consiguiente, la IED ayuda a crecer en términos económicos y a reducir las disparidades de bienestar material entre los habitantes de unos países con relación a los de otros.

A pesar de la caída del flujo mundial de inversiones luego de la crisis económica, las IED han promediado casi US$1.5 trillones en los últimos tres años. En la actualidad, el debate público del país debiera estar centrado en torno a cuáles políticas públicas son necesarias para crear un clima de negocios que propicie mayores entradas de estas inversiones. Nos referimos a un clima general, que otorgue garantías para la permanencia de estas inversiones en el tiempo y que, por consiguiente, no sean necesarias concesiones particulares. Un clima institucional igual para todos, incluyendo los inversionistas locales.

Una política que facilite la creación de un clima de inversión favorable podría enfocarse en modificar las condiciones desfavorables destacadas en los índices internacionales especializados. Esta no pretende ser una idea original. Tanto el Reporte de Competitividad Global del World Economic Forum (WEF), como el Informe Doing Business del Banco Mundial están, desde hace muchos años, enfocados a hacedores de políticas a nivel mundial. El objetivo de dichos informes es ayudar a identificar áreas que se pueden beneficiar de políticas públicas efectivas para mejorar el clima de negocios de cada país evaluado.

El Reporte de Competitividad Global analiza los factores, instituciones y políticas que determinan el nivel de productividad de cada país. Entre los siete principales factores más problemáticos para hacer negocios en República Dominicana incluidos en el informe 2012-2013, tal como los ordenaron los encuestados dominicanos, se encuentran: corrupción, ineficiencia de la burocracia gubernamental, acceso a financiamiento,tasas impositivas, fuerza laboral escasamente educada, crimen y robos, y regulaciones laborales restrictivas.

De su lado, el informe Doing Business se enfoca en analizar las regulaciones que mejoran el clima de negocios y aquellas que lo limitan. El índice está compuesto por diez categorías diferentes, que son: apertura de una empresa, manejo de permisos de construcción, obtención de electricidad, registro de propiedades, obtención de crédito, protección a los inversionistas, pago de impuestos, comercio transfronterizo, cumplimiento de contratos, yresolución de la insolvencia.

Los elementos incluidos en ambos índices se complementan con políticas que desde CREES han sido sugeridas con el propósito de reducir los costos de hacer negocios y de vivir en República Dominicana. Estas políticas incluyen un código tributario simplificado con tasas bajas y uniformes, cambios estructurales en los sectores energía, hidrocarburos, transporte, mercado laboral, salud, educación y seguridad social, así como mejorías sustanciales en la seguridad jurídica.

Los reducidos niveles de ingresos, el alto desempleo y los bajos salarios promedios en el país indican que es necesario implementar, urgentemente, reformas estructurales que incidan de forma positiva en el clima de negocios y en la estructura de costos de la economía. Mientras más demoramos, más se afectan las inversiones existentes de nacionales y extranjeros, y menos atractivo resulta el país para incrementar sustancialmente el flujo de inversión internacional.

Conclusión

A lo largo de la humanidad, se ha podido lograr un incremento en la generación de riqueza gracias al crecimiento económico resultante de aumentos de productividad impulsados por la acumulación de capital. Las inversiones de capital, a su vez, son el resultado del ahorro previo que resulta de los ingresos de los agentes de la economía.

Para que se originen mayores inversiones de capital, es preciso que los ingresos generados localmente no sean penalizados por políticas públicas que los reduzcan. Cuando los ingresos de los asalariados y de los emprendedores son penalizados, el nivel de ahorro general sufre. Como resultado, disminuye la posibilidad de que se incrementen las inversiones en emprendimientos nuevos, y que se reponga el stock de capital que se va depreciando en las empresas existentes.

Ante la realidad de que los países con mayores ingresos cuentan con ahorros previos, es imprescindible aprovechar la canalización de los mismos en forma de inversión extranjera directa (IED). La IED es un elemento importante para elevar la producción de un país y acelerar su crecimiento económico. En los actuales momentos, el debate público local debiera estar centrado en cuáles son las políticas necesarias para atraer la mayor cantidad posible de inversión al país. Si queremos que aumente la riqueza material entre los dominicanos, es necesario crear las condiciones para más puestos de trabajo y mayor productividad, lo que sólo se logra con más capital que el actualmente invertido en el país.