El liberalismo, la libertad de expresión y de culto
Gabriel Boragina
Abogado. Master en
Economía y Administración de Empresas. Egresado de ESEADE (Escuela Superior de
Economía y Administración de Empresas). Autor de numerosos libros, entre ellos:
La credulidad, La democracia, Socialismo y Capitalismo, La teoría del mito
social, Apuntes sobre filosofía política y económica, etc. como sus obras más
vendidas.
Es muy frecuente que la gente caiga en el error de suponer que el liberalismo propugna un sistema social sin límites, donde cualquiera haga y diga lo que se le dé la gana siempre, en todo momento, en todo lugar y a cualquier costo. Nada más lejos de la verdad. Los que así opinan y creen, no saben absolutamente nada de la esencia de la sociedad libre (a veces también llamada sociedad abierta, liberal o expresiones equivalentes que nosotros usamos de manera indistinta por considerarlas a todas ellas sinónimas).
La libertad pregonada por el liberalismo es la libertad responsable, y no hay otra manera en que el liberalismo entienda la palabra libertad más que esta. En el sistema liberal, libertad y responsabilidad son solamente dos caras de la misma moneda. Siempre van juntas, nunca separadas.
El liberalismo implica que mi libertad termina donde empieza la libertad de mi prójimo, y el límite de una y de otra libertad -en una sociedad libre- siempre viene dado por el contrato o por la ley. Ya sea de manera contractual o de manera legal (en rigor lo convenido esta subsumido en lo legal) la sociedad liberal determina los límites y la esfera dentro de la cual las personas han de ejercer sus respectivas libertades.
Implícito al liberalismo es el marco institucional donde, desde la Constitución hasta el contrato es a lo que todo el mundo ha de sujetarse. En su sistema, todos somos iguales ante la ley.
Esto incluye tanto la libertad de acción como la de expresión. Sólo podemos proceder y expresarnos libremente en tanto y en cuanto, tal acción o manifestación no implique (ya sea a sabiendas o presumiblemente) un perjuicio a otro (u otros). Pero -en última instancia, y en caso de conflicto al respecto- quien establece en una sociedad liberal si existe o no un daño, es el poder judicial que, por la propia definición del liberalismo, ha de estar separado y ser independiente del poder ejecutivo y del legislativo. Y ello siempre a instancia de quien se considerare personalmente agraviado y no en ningún otro caso.
Lo contrario a esto sería lo opuesto al liberalismo, configuraría la sociedad autoritaria o la dictadura, en la que unos se arrogan el derecho a decidir e imponer a los demás “qué es” y lo “qué no es” la “libertad” y hasta donde se puede ejercer. Que -en este caso- ya no sería “libertad”, sino algo menos que eso, una especie de semi-libertad o una caricatura de ella, dado que quien debería definirla seria el dictador de turno (cargo al que muchos -si bien inconfesablemente- aspirarían).
En el liberalismo, nadie, ni gobernantes ni gobernados están autorizados a imponer por la fuerza sus creencias, convicciones, credos o acciones -o ausencia de ellas- en tal sentido contra ninguna otra persona, sea una o muchas. La sociedad abierta es la sociedad del respeto integral al otro, lo que implica el respeto absoluto a su conciencia, a sus ideas, de sus dichos y de sus acciones, siempre y cuando -reiteramos porque a veces no se entiende- ninguna de esas ideas, dichos, acciones, manifestaciones, etc. ocasionen un menoscabo a un tercero.
Esto alcanza obviamente también a la libertad religiosa y de conciencia. El respeto liberal incluye no burlarse agresiva, reiterativa, desafiante y provocativamente de las creencias (religiosas o anti-religiosas) que otros abriguen, aunque sean por completo contrarias a las nuestras. Pero, nuevamente, será el contrato, la ley o la sentencia de un juez (siguiendo todas las instancias que la misma ley establezca) quien fijará si existe o no la “ofensa” que se alega, y se actuará en consecuencia. Es así y de este modo cómo se mueven las sociedades liberales.
En las sociedades autoritarias, por el contrario, impera el pensamiento único, la justicia por mano propia, el atropello, la fuerza y la violencia, la imposición y la cárcel, ya vengan desde la cúpula del poder o desde el llano. Esto es lo que desean los antiliberales.
En suma, en el liberalismo no existe un “derecho a blasfemar o a ofender” como algunos -ya sea por ignorancia o por error, lo mismo da- anhelan ellos mismos creer y -(lo que es peor) intentan hacer creer a los demás. Mal podría la filosofía de la suma consideración al prójimo (la liberal) alegar semejante barrabasada. Porque el liberalismo es la antítesis del libertinaje y no su símil. La sociedad abierta es la sociedad del orden y de la deferencia estricta al otro. En todo caso, quien se considere damnificado por otro, deberá acudir ante los tribunales para hacer valer su derecho y obtener el pertinente reconocimiento judicial al que se siente acreedor. Y si aquel logra sentencia favorable, la misma deberá ser cumplida y respetada por quien hubiere perdido el pleito. Así actúa una genuina sociedad liberal.
Dado que lo que es muy gracioso para uno puede ser terriblemente ofensivo para otro (y viceversa), el límite entre el chiste y el agravio se traza a través del acuerdo voluntario entre las partes implicadas. Y cuando tal arreglo contractual se viola, por cualquiera de ellas o por ambas, es ante la justicia donde se dirime la cuestión en el derecho liberal.
Para ello a tal efecto, en los códigos penales liberales existen las figuras típicas de los delitos de calumnias e injurias, y una rica jurisprudencia prescribe -en cada caso concreto- el alcance que estos tipos penales tienen y qué hechos son los que los conforman e incluyen.
El liberalismo es un orden, y como tal, contrario al caos y a la desorganización. Se desenvuelve dentro de las instituciones que el mismo orden liberal establece. Estas son: una Constitución republicana, con estricta y férrea limitación del poder político; división de poderes (ejecutivo, legislativo y judicial) cada uno con su propio imperio en su específica esfera, armonía y paz social por excelencia, en donde las libertades se ejercen dentro del marco del contrato y de la ley, lo que también se ha llamado la sociedad contractual en oposición a la sociedad hegemónica que quieren los antiliberales (por definición autoritarios y pro-dictadores).
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