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Lo único que falta en Chile para que un régimen populista aun más radical que el que tenemos se instale, amenazando de veras los grandes intereses económicos, es que definitivamente la población asuma la idea de que todo lo que ha habido en los últimos treinta años ha sido un corrupto juego de suma cero donde los ricos se han beneficiado a expensas del resto.

Si la gente comienza a creer que la fortuna de las grandes empresas se explica por haberse literalmente "comprado" a políticos de todos lo colores en arreglos truchos y oscuros al estilo de lo que acaba de ocurrir con el hijo de Michelle Bachelet o lo de Penta, no habrá mucho más que hacer. Estas prácticas ciertamente existen en todas partes del mundo, pero la sensación general, al menos en los países más avanzados, es que no constituyen un sistema.

En Chile transitamos peligrosamente hacia una concepción de nuestros grandes empresarios que los pone como sinvergüenzas abusadores y compradores de influencia. Nadie puede negar que hay más de eso de lo que resulta tolerable, pero de ahí a generalizar al punto de asumir que vivimos bajo una oligarquía en que políticos y empresarios unidos saquean al resto, hay un gran paso.

Pero sí es cierto que la élite empresarial chilena, salvo excepciones, carece de la profundidad cultural que requiere un país para dar el salto al desarrollo. No es que nuestros políticos sean los únicos que no dan el ancho. Nuestros empresarios líderes tampoco están mostrando estar a la altura del desafío. Si lo estuvieran serían ellos mismos quienes se encargarían, primero de condenar enérgicamente los abusos de sus pares, aunque deban cruzarse con ellos luego cara a cara en las playas de Zapallar. Pero además de ser un ejemplo, se encargarían de explicar al público la virtudes de un sistema de economía libre, es decir, no capturado por intereses gremiales sea de ellos mismos o de sus colegas.

Y es que, como advirtió John Stuart Mill, ninguna institución subsiste si la opinión pública no la apoya. Se pueden comprar todas las influencias políticas que se quiera, y en parte esto a veces resulta inevitable, pero nada salvaría a la minería privada de ser estatizada si el día de mañana ese es el clamor popular. Lo mismo ocurre con las Administradoras de Fondos Privados (AFP), cuyo esfuerzo por explicar a la población las ventajas del sistema y su funcionamiento ha sido tan inexistente como potente la campaña por enlodarlas. Por ahora se van salvando, pero solo por ahora. Y así suma y sigue.

Los empresarios no solo aceptan con resignación casi culposa que se les descalifique y se les desprestigie de la manera más insolente, sino que avalan a quienes quieren tumbar el sistema con conductas oscuras, abusos y con ese silencio sepulcral típico de quienes creen que mientras sea la casa del vecino la que está ardiendo uno debe hacer todo lo posible para "surfear la ola" y pasar piola. Un vistazo a la historia de Chile y América Latina debería enseñarles que nunca pasarán piola y que todos están en el mismo bote.

Es hora de que reaccionen dando el ejemplo y defendiendo una economía abierta y no de privilegios, pues no basta con poner a políticos de directores de empresas para asegurar sus negocios. Ese tipo de arreglines termina reventando tarde o temprano como acabamos de ver. Lo mismo se aplica a la idea de que hay que "surfear la ola" endosando los tonos populistas de moda para evitar que a uno le toque. Esa no solo es una actitud irresponsable con el resto del país, sino que legitima precisamente aquella postura que lleva la ola hasta que esta se convierte en un tsunami inmanejable.

Si nuestra élite empresarial no entiende que debe actuar más por principios y menos por intereses de corto plazo, terminará no solo defraudando a todo el país sino haciendo el peor negocio de su vida.

Este artículo fue publicado originalmente en El Diario Financiero (Chile) el 17 de febrero de 2015.