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En la economía global, los países compiten a través de sus empresas, ofreciendo productos y servicios a la mejor relación precio calidad.

En ese marco, las claves para competir surgen de la combinación del costo del capital y del costo del trabajo, insertos en un “ambiente” de mayor o menor productividad.

Un ambiente más productivo, definido, en el caso del trabajo, en base a la calidad de la educación y formación de los recursos humanos, y la aceptación de las mejores prácticas laborales, se “banca” costos laborales más altos. De la misma manera que un entorno con buena infraestructura, reglas estables, presión impositiva en línea con la rentabilidad normal de cada actividad, la maldita seguridad jurídica (poder disponer sin “sorpresas” ni expropiaciones discrecionales de lo que es legal y honestamente propio), permite bajar los costos del capital. También resulta clave la calidad y precio de los bienes públicos que afectan a ambos, desde los servicios de justicia, seguridad, y salud, hasta la provisión de una moneda estable.

A esto hay que agregarle que cuanto más innovadores y especiales sean los bienes y servicios que se producen, es decir cuanto más diferenciación y valor agregado exista, mayor también será el costo laboral que se le puede “cargar”.

Y digo “costo laboral” y no salario, porque a los sueldos de los trabajadores hay que sumarle los impuestos al trabajo que se pagan adicionalmente y que forman parte del costo que se incluye por el trabajo en el precio de los bienes y servicios.

Establecidas todas estas perogrulladas, se podría enunciar que la meta de cualquier sociedad democrática, debería ser maximizar el salario real que reciben sus trabajadores. Para lo cual, por lo antedicho, hay que ser capaz de ofrecer bienes y servicios de alta calidad, bien diferenciados, innovadores y, al mejor precio posible. Y tener un “ambiente” que minimice los costos de capital.

Usted, lector/a perspicaz ya debe imaginar hacia dónde apunto.

En efecto. Las negociaciones paritarias.

La Argentina es un país en donde las políticas públicas, en general, tienden a crear las condiciones inversas a las requeridas para maximizar los ingresos de los trabajadores.

Predominan malos y caros bienes públicos. El entorno tiende a maximizar los costos de capital, en lugar de minimizarlos. Los impuestos al trabajo son altos, dada la calidad de los servicios que se reciben a cambio. La estructura impositiva,  el sistema educativo, y muchos otros factores, sesgan en contra de la diferenciación y especialización de productos y servicios, etc.

Lo que antecede es una descripción general, si bien es cierto que existen honrosas y admirables excepciones.

Los salarios reales, entonces, se determinan en función de todo lo expresado. Lo que hacen representantes empresarios y dirigentes sindicales, en sus negociaciones, y el Gobierno, con su intervención, en todo caso, es fijar los salarios “nominales”. Si de dicha fijación se determinan salarios “reales” por encima o por debajo de los que determinaría la economía, tarde o temprano, los salarios convergen a lo que surge de las cuestiones arriba comentadas, más allá de la “voluntad” de las partes. La forma en que la economía “se las arregla” para que esa convergencia se produzca es bastante conocida por nosotros, devaluación, inflación, recesión, desempleo, salarios en negro (se ajusta la baja productividad eludiendo impuestos al trabajo).

Por supuesto que esta convergencia no es “automática”, y hay períodos donde, por razones especiales, se puede mantener, por un tiempo, un salario real por encima de la productividad de la economía. (Precios altos de las commodities, ingresos de capitales, o una crisis previa, que los fijó por debajo de la productividad). Y por supuesto, también, que las negociaciones y la intervención estatal sirven para equilibrar asimetrías de poder y evitar situaciones abusivas. Pero lo cierto es que si la Argentina no ataca, en serio, los temas que hacen al salario real, revirtiendo la calidad de las políticas públicas e incentivando mejoras en la productividad, bajas en el costo del capital, y diferenciación e innovación en productos y servicios, no se tendrá un aumento sostenible del salario real, ni una mejora de largo plazo de la calidad de vida de los trabajadores.

Como lo prueba nuestra historia pasada y el futuro corto plazo.