Colombia: Periodismo con Fronteras
Pedro Corzo
Periodista de Radio Martí.
El periodismo es un
oficio peligroso cuando se ejerce a cabalidad, lo que significa no ajustarse
a lo políticamente correcto y menos temer las depredaciones de las que
son capaces los poderosos de cualquier clase cuando arriban a la conclusión de
que sus intereses están siendo afectados por un justiciero de la información.
El comunicador que
considera prioritario informar de lo que puede ser de importancia interés para
la ciudadanía, particularmente los casos de corrupción, tráfico de influencia y
drogas, y los abuso de autoridad en los que incurren algunos funcionarios
públicos, es una especie de juez que incomoda a los burócratas que, a veces,
aun sin estar involucrados en negociados deshonestos, quieren que los procesos
de investigación se desarrollen a su medida y no como el defensor independiente
procura.
Paradójicamente estas
situaciones no solo se presentan en países como Cuba y Venezuela donde la
libertad de prensa en el primero no existe y en el segundo está al borde de la
desaparición, ocurren también en países como Colombia donde la labor de un
periodista investigativo independiente, Ricardo Puente Melo, director de
Periodismo sin Fronteras, ha tenido que asilarse para impedir ser arrestado o
sufrir un perjuicio mayor.
Puentes Melo es un
periodista incomodo, molesto, una especie de piedra en el zapato de quienes
buscan junto a la impunidad, privilegios, porque sin ser un enemigo de la Paz,
es un crítico severo de la manera en el que presidente Juan Manuel Santos
conduce las negociaciones en La Habana con la narco guerrilla de las Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia.
Puentes reprochó
severamente al presidente Santos y a su ministro de Defensa, Juan Carlos
Pinzón, por no haberle prestado apoyo aéreo a los militares de las fuerzas
armadas nacionales que habían sido atacados por las FARC, qué resultó en la muerte
de diez militares.
El director de
Periodismo sin Fronteras ha sido critico también de las Fuerzas Armadas de su
país al escribir, " en todos los diálogos anteriores –excepto en éste- siempre
hemos tenido militares que portan con honor su uniforme y estaban dispuestos a
cumplir su compromiso de defender la patria". Puentes Melo evoca a oficiales como el
coronel Jaime
Hernández López , quien se negó a hacer honores de Jefe de Estado a Fidel
Castro y al general Harold Bedoya que prefirió la baja militar antes de actuar
contra sus convicciones.
Investigaciones e
informaciones como estas, en la opinión de varios analistas, llevaron a que el
gobierno le retirara a Puentes la cobertura de protección que le brindaba por
su labor de periodista investigativo.
Sin embargo la gota que
colmó la copa y condujo a la fiscalía a actuar contra Puentes Melo está
relacionada con una acusación de la ex fiscal Ángela Buitrago, quien condujo la
instrucción del proceso del Palacio de Justicia que condenó en primera
instancia al coronel Alfonso Plazas Vega y al General Arias Cabrales, en junio
de 2010.
Lo difícil de entender y
lo apunta en un interesante trabajo el investigador Eduardo MacKenzie, es que
Puentes Melo no había sido informado por la justicia de que estaba siendo
investigado y demandado por la ex fiscal Buitrago, y que el magistrado aun
antes de que el periodista fuera declarado culpable, ordenó la confiscación del
apartamento donde residía y trabajaba.
El diferendo entre
Buitrago y Puentes Melo es que el periodista ha sido muy crítico de la
investigación realizada por la ex fiscal sobre los sucesos que tuvieron lugar
en el Palacio de Justicia, ocupado por los guerrilleros del M-19 en 1985, lo
que motivó un enfrentamiento con el ejercito que resultó en la muerte de 11
magistrado, otras 65 personas, la quema del edificio y de los archivos que
guardaba.
Como consecuencia de sus
acusaciones contra la fiscal de malos manejos de la investigación y de inventar
testigos, Puentes Melo y su familia tuvieron que escapar de su país, pero aun
hay mas, situación que demuestra la fragilidad del periodista ante el Poder, y
es que primero fue acusado ante la unidad antiterrorista de la Fiscalía quien
realizó una investigación sin resultados, por lo que la impugnación debió ser
trasladada a otro juzgado, bajo la figura de “injuria y calumnia agravada”, más
contumacia, como si Puentes hubiera decidido ignorar el proceso, cuando en
realidad desconocía que estaba siendo investigado, según afirma su propio
abogado.
Todo parece indicar que
la situación para los periodistas en Colombia se complica. Recurrir a los
tribunales para limitar la libertad de informar y divulgar es propio de una
dictadura no de un estado democrático como el colombiano, o es que acaso los
enemigos de las FARC, aun antes de concluir las conversaciones de
"paz", ¿ van a ser víctimas de las históricas depredaciones de
los narcoterroristas?
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