Twittear

Ayer el gobierno dio muestras acabadas de lo que es capaz de hacer con la Justicia y los jueces cuando considera que se afectarán sus intereses, sus conveniencias o sus temores más importantes.

En una jugada cuya extensión no duró más de 96 hs, tiró por la ventana al juez Luis María Cabral que, como subrogante, ocupaba la vicepresidencia de la sala 1 de la Cámara de Casación Penal.

Ese tribunal teóricamente iba a dar a conocer el lunes pasado su decisión de confirmar la inconstitucionalidad del pacto con Irán, tal como ya lo había afirmado la Cámara de Apelaciones.

Sorpresivamente y por un comunicado de su presidente, la jueza Ana María Figueroa, el mismo lunes se anunció que la lectura del fallo se posponía.

La Dra. Figueroa -a quienes muchos le atribuyen fluidos lazos de contacto con el jefe de gabinete, Aníbal Fernández, de quien se dijo le habría prometido un sitio futuro en la Corte Suprema- el día martes envío un escrito al Consejo de la Magistratura advirtiendo sobre el vencimiento del plazo de las subrogancias para el próximo 30 de junio.

A las siguientes 36 hs el Consejo de la Magistratura por mayoría simple (la mayoría automática del oficialismo) desplazó de su lugar al Dr. Cabral y nombró a Marcelo Vázquez un abogado militante que había defendido en varios medios el llamado “proyecto de democratización de la justicia”.

La decisión de la sala 1 de la Cámara de Casación cuya lectura se esperaba el lunes iba a ser contraria a la constitucionalidad del pacto con Irán por los votos de los doctores Cabral y Geminiani. La Dra Figueroa iba a votar en disidencia respaldando el memorándum.

El oficialismo ignoró todas las previsiones legales y constitucionales para llevar adelante esta operación. Manejó el Consejo cono si fuera una agencia dependiente del poder ejecutivo: una secretaría de Estado aparece con más poder que esa institución independiente prevista en la Constitución. El Consejo acató las órdenes moviéndose a la velocidad del rayo. Se trata del mismo organismo que demoró tres años para estudiar el caso del dudoso juez Oyarbide para luego terminar respaldándolo.

Los jueces subrogantes, además, no pueden ser reemplazados por otros subrogantes: su lugar debe ser ocupado por un juez natural y definitivo. Nadie podía sacar a Cabral de ese lugar nombrando un nuevo suplente. Se debería haber puesto en marcha el mecanismo de selección y elección de los jueces que prevé la Constitución con intervención del Consejo de la Magistratura, la presidente y el Senado. Nada de eso ocurrió.

Lo que sucedió en cambio fue una veloz operación que pone en evidencia cómo el gobierno piensa manejarse de ahora en más con la estructura que, a través de Justicia Legitima, el Consejo y Gils Carbó ha montado en la Justicia.

Desde la denuncia del fiscal Nisman el gobierno venía apuntándose varios “éxitos” en su derrotero de encubrir lo que ha ocurrido allí. En primer lugar logró que la justicia desestimara la denuncia del fiscal muerto en extrañas circunstancias. Luego de que Nisman apareciera con un tiro en la cabeza en el baño de su casa y de que el cadáver de una mujer apareciera incinerado a una cuadra de allí sin que hasta ahora nadie se haya presentado a reclamar por ella, los fiscales Pollicita y Moldes tomaron la causa y la mantuvieron viva hasta que los jueces de la Sala 2 de la Cámara Federal, Jorge Ballestero, Eduardo Farah y Eduardo Freiler, la mandaron a archivar sin siquiera tener el mínimo acto de curiosidad judicial de mandar a producir al menos algunas de las casi 50 medidas de prueba solicitada por los fiscales. El fiscal Moldes apeló a Casación pero sugestivamente ese pedido entró al tribunal a una hora en la que el fiscal de turno en Casación había cambiado. El expediente cayó en manos del ultrakirchnerista De Lucca que no respaldó la apelación de Moldes, con lo que la causa se archivó.

Respecto de la muerte de Nisman el gobierno logró crear un lodazal tan grande en la causa que ya casi nadie sabe dónde está parado. La escena del crimen se destruyó –con participación oficial- la misma noche del descubrimiento, la fiscal Fein no estuvo nunca a la altura de las circunstancias y el aparato de propaganda del gobierno desacreditó al fiscal, a su vida privada y a su familia para crear un barro del que hoy es muy difícil salir. No sería extraño que más pronto que tarde la jueza Palmaghini se incline por la tesis del suicidio y mande las actuaciones al archivo.

De todo este paquete, el cabo suelto que quedaba era la decisión sobre la intrínseca inconstitucionalidad del documento que dio origen a todo el entuerto. La Justicia estaba a punto de dar a conocer esa decisión en un fallo confirmatorio de Casación, pero el gobierno apretó el acelerador, desplazó a quien tenía que desplazar y ahora, seguramente, dará a conocer por una de las tantas escribanías que fabricó durante su mandato (en este caso una de las salas de la Cámara de Casación Penal), la decisión de declarar constitucional el pacto con Irán.

Se trata de una situación de suma gravedad sobre la que no se sabe si existe suficiente conciencia en la sociedad. El gobierno ha avanzado, justamente, sobre ese desdén. Dándole a la Justicia el valor que no le da quien más debería hacerlo -el ciudadano común, a la protección de cuyas libertades está dirigido en primer lugar el accionar de los jueces- el gobierno entendió desde la primera hora que su proyecto de hegemonía y de absolutismo no sería posible con una justicia y una prensa independientes. Por lo tanto dirigió sus cañones a terminar tanto con una como con la otra. Una incomprensible ceguera cívica hizo posible que avanzara enormemente en su ambición y en el logro de su objetivo.

Creída que solo importa el bolsillo, la sociedad se dejó encandilar por papeles pintados con el color del dinero, sin advertir el copamiento secreto que, por la espalda, el gobierno estaba llevando adelante respecto del sistema de libertades públicas y de derechos civiles.

Ahora, “hermano”, como diría la terminología carrera de la presidente, aguántatela.