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Si desde sus inicios el kirchnerismo buscó anclar su identidad política en una suerte de puritanismo que se afirmaba a sí mismo como la contratara de “los malditos ‘90”, la quimera se ha revelado insostenible a la luz de los incontables casos de corrupción que se vienen develando día tras día. Más aun: podría decirse que la corrupción se ha transformado en el talón de Aquiles de un oficialismo en plena decadencia y sin salida a la vista.

Hace algunas horas nos hemos enterado que, conforme a las últimas mediciones del Barómetro Global de la Corrupción que llevó adelante la prestigiosa ONG “Transparencia Internacional”, la Argentina lidera el ranking de países latinoamericanos con mayor percepción de la corrupción, superando a México y a Venezuela. En efecto, nada menos que un 72% de los argentinos advierten que en los años de kirchnerismo la corrupción ha aumentado dramáticamente. Y frente a tamaña situación, el gobierno ha emprendido la estrategia del silencio total y absoluto. Es cierto que intentar explicar lo inexplicable a menudo termina embarrando todavía más las cosas, pero no menos cierto es que “el que calla otorga” y, por lo tanto, el mutismo termina siendo autoincriminatorio.

Ahora bien, aparejadamente a esto, también sabemos que el kirchnerismo encarna un modelo político y económico basado en exprimir al ciudadano productivo con la mayor presión tributaria que se recuerde. La excusa está en la “redistribución de la riqueza”, eufemismo con el que se suele designar al empleo de la coerción estatal y el sometimiento a nuevas formas de esclavismo muy provechosas para populistas que terminan con los bolsillos (o en el caso argentino, las bolsas, valijas y bóvedas) llenas de dinero ajeno. Sin considerar el impuesto inflacionario que ronda el 30% anual, un argentino de clase media (con ingreso de $7.500 mensuales) deja al Estado el 56% de sus ingresos anuales en variopintos impuestos. Es decir, trabaja más de la mitad del año para mantener no sólo a sectores totalmente desentendidos de la cultura del trabajo y acostumbrados al parasitismo social, sino para mantener los proyectos políticos de gobernantes a los que se sabe corruptos.

La indignación –que se exacerba cada día más– es entendible: a nadie le gusta que le roben en la cara y luego traten de disimular la afrenta con adornados relatos de “justicia social” y otros conceptos similares que podrán ser muy simpáticos, pero que en los hechos son cada vez menos creíbles. Y en el marco de esta indignación creciente, empiezan a alzarse voces que argumentan a favor de una “rebelión fiscal”, es decir, a favor de organizarse para dejar de pagar impuestos o, al menos, pagar menos.

Nadie puede afirmar que la propuesta en cuestión carece de racionalidad grupal, si por tal cosa se entiende el comportamiento tendiente a lograr objetivos con el menor empleo de recursos posible. La lógica es clara: el pomposamente denominado “modelo nacional y popular” está edificado sobre el fruto del trabajo ajeno, con lo cual, quitando los frutos de ese esfuerzo ajeno se desmorona por completo el edificio “nac&pop”. Sin “caja” el kirchnerismo se reduce a la nada y sus referentes terminan tras las rejas. Así pues, si el 72% de los argentinos que perciben el crecimiento exponencial de la corrupción como algo alarmante se comportaran racionalmente en términos de grupo, no caben dudas que dejarían de alimentar a sus propios ladrones.

Pero la cuestión no es tan simple como parece. Y es que la estrategia de la “rebelión fiscal” viene acompañada por una paradoja conocida como el dilema de la “acción colectiva”, descubierta por el célebre académico Marcur Olson en The Logic of Collective Action (La lógica de la acción colectiva, 1965). Este estudio demuestra que, irónicamente, si los grandes grupos están conformados por individuos racionales, éstos no actuarán a favor de sus intereses de grupo por una razón simple: la contribución de su acción representa una porción infinitesimal de la acción colectiva y, en consecuencia, lo racional a nivel individual supone eludir los costes de actuar (en este caso, los costes de la rebelión fiscal son los que resultan de la persecución de la AFIP). Si los objetivos a conseguir son indivisibles, los individuos se verán beneficiados por su prosecución hayan o no colaborado en la acción, por lo que tienden a evitarla. Así de trágica termina esta paradoja, no pudiéndose articular la acción grupal porque todos esperan que “el otro lo haga”.

¿Tiene salida este dilema? La respuesta es afirmativa, y la salida viene dada o por incentivos selectivos, o por la adopción de una moral superadora que encauce la acción hacia el objetivo con prescindencia de los costes individuales.

Esa moral tendrá lugar el día que los argentinos que estamos cansados de que nos metan la mano en el bolsillo entendamos que nosotros no dependemos de los corruptos, sino que los corruptos dependen de nosotros.