Legión de ñoquis k = defraudación al fisco
Roberto Cachanosky
Economista. Galardonado con el Premio a la Libertad, otorgado por Fundación Atlas para una Sociedad Libre.
Parece bastante claro que este despliegue de
nombramientos de militantes en todos los niveles de la administración pública
se ha transformado en una verdadera tentativa de defraudación al fisco.
Creo que no hay ninguna provincia que no tenga algún
problema en sus cuentas públicas. Posiblemente el gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires tenga más en orden sus números, pero el resto está colapsado. Y
están colapsados porque los estados provinciales y municipales se han
transformado en generadores de falsos puestos de trabajo. Ya veníamos de
décadas de un estado sobredimensionado, con infinidad de reparticiones públicas
que no tenían ningún sentido de existir. Con el kirchnerismo llegamos a la
saturación total del estado como lugar para nombrar “empleados” que no cumplen
ninguna función y mucho menos alguna función útil para el contribuyente.
Esta explosión de “empleados” estatales en las
provincias, que pasó de 1.766.600 en 2003 a 3.045.900 en 2015 fue posible
gracias a diferentes mecanismos de financiamiento, pero, fundamentalmente, a la
enorme presión impositiva que nos impuso el estado para financiar éste delirio.
Si a los empleados públicos les agregamos aquellos que viven de planes
“sociales”, buena parte de los habitantes de Argentina no trabaja y consume lo
que producimos unos pocos.
Ahora bien, yendo al tema de las provincias en momentos
en que se debate el tema de la coparticipación federal, queda claro que la
mayoría de las provincias y municipalidades se llenaron de “noquis” porque los
gobernadores e intendentes no tenían que hacer un gran esfuerzo de recaudar
porque el estado nacional se encargaba y se encarga de asumir el costo político
de recaudar y las provincias tienen el beneficio político de gastar. En rigor,
el kirchnerismo tuvo la habilidad de hacer el gasto político de recaudar pero
aprovechar para también tener el beneficio político de gastar, porque los
gobernadores pasaron a ser simples aplaudidores en los monólogos de Cristina
Fernández desde el atril cuando hablaba por cadena.
Lo cierto es que Juan Bautista Alberdi y su Constitución
de 1853 no incluía la coparticipación federal. La nación se financiaba con los
recursos de aduana y del correo, y de paso aclaro que tampoco la Constitución
de 1853 hablaba de democracia sino que definía como forma de gobierno
representativa republicana federal. Las provincias se financiaban con los
impuestos que ellas imponían. Este esquema realmente federal de financiar los
gastos de la nación y de las provincias le otorgaba un verdadero federalismo al
país porque las provincias no dependían del gobierno central para financiar sus
gastos.
El embrollo de la coparticipación federal de impuestos
aparece incipientemente con la crisis de 1890 y toma mayor envergadura ya en el
siglo XX en la década del 30. Pero termina de desbocarse con la ley de
coparticipación federal de 1973 que pasa a ser redistributiva. Es decir, unas
provincias empezaron a financiar a otras.
El problema fundamental del sistema de coparticipación
federal es que separa la responsabilidad política de recaudar del beneficio
político de gastar, con lo cual potencia el gasto de las provincias. Si no
hubiese coparticipación, si una provincia gasta demasiado, no se lo financia un
señor que vive en otra provincia, sino que es el gobernador de la misma
provincia que aumentó el gasto público el que tiene que poner la cara ante sus
contribuyentes, que son sus votantes, y decirles que les va a cobrar más
impuestos. La ausencia de coparticipación federal lleva a ser más austeros a
los gobernadores por una cuestión de conveniencia política.
Por supuesto que el gobernador puede desbordarse en el
gasto, cobrarle más impuestos a los sectores de mayores ingresos de su
provincia, pero al final del camino se encontraría con que perdería
inversiones, puestos de trabajo y tendría un serio problema de desocupación.
En los últimos 12 años el kirchnerismo ha impulsado la
cultura de la vagancia. De llenar el estado de inútiles militantes que cobran
buen dinero por no hacer nada. Y esa estrategia la acentuó en los últimos meses
de gestión cuando Cristina Fernández aceleró el nombramiento de empleados que
son militantes de su corriente política al saber que perdía el poder. Por otro
lado, hizo que echarlos de esos cargos le costará caro al contribuyente. Creo
yo que cabría a Cristina Fernández una fulminante denuncia penal por tentativa de defraudación al fisco. Obvio
en este solo caso. Después seguirá el largo listado de descarados contratos,
etc.
Volviendo al tema
de la coparticipación, me inclino por volver a un verdadero federalismo fiscal
en que la nación se financia con los recursos de aduana y tal vez algún
impuesto más, concentrando sus gastos solo en defensa, seguridad, justicia,
legislación, relaciones exteriores y lo que tiene que ver con la administración
del estado nacional.
Las provincias deberían asumir el mismo tipo de gasto a
nivel provincial pero cobrando sus propios impuestos. Lo que digo es que
deberíamos volver al espíritu de la Constitución Nacional de 1853 y terminar
con la coparticipación federal.
Imagine el lector el gran lío que puede haber para que
sancionar una nueva ley de coparticipación federal. Habría que debatir dos
niveles de reparto. Primero la coparticipación primaria, es decir, de la recaudación
de los impuestos coparticipables, cuánto se queda la nación y cuánto las
provincias. Una vez definido ese porcentaje vendría lo más complicado: de los
impuestos coparticipables, cuánto correspondería a cada provincia. Qué
porcentaje se llevaría cada una.
En el debate de la coparticipación secundaria, las
provincias más chicas pretenderán ser financiadas por las provincias más ricas.
Es decir, un sistema redistributivo. Un sistema que impulsa el populismo.
Se argumentará que provincias más pobres no podrían
sostener su gasto público. Bien, ahí volvemos al debate de los 90 cuando se
hablaba de regionalizar la administración del país. Es decir, que 3 o 4 provincias tuvieran una sola legislatura,
un solo poder judicial y un solo ejecutivo. En ese momento ya se rechaza la
idea porque, obviamente, los políticos querían usar el estado para acomodar a
sus seguidores políticos en las reparticiones públicas estatales. Sin embargo,
a mi juicio, sigue siendo una salida razonable.
En definitiva, no pretendo que el gobierno de Macri
solucione un problema que tiene 80 años de existencia como es la
coparticipación. Es más, no sé si el presidente
coincide con la idea de terminar con la coparticipación. De lo que sí
estoy convencido es que la coparticipación lleva a la irresponsabilidad fiscal.
Por otro lado, mucho se ha llenado la boca el
kirchnerismo contra el endeudamiento público del pasado, sin embargo ha dejado
al país más endeudado que cuando fuimos al default en 2001 y, encima, parece
bastante claro que este despliegue de nombramientos de militantes en todos los
niveles de la administración pública se ha transformado en una verdadera
tentativa de defraudación al fisco. Otro delito más por los que deberían
responder Cristina Fernández, gobernadores y muchos intendentes.
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