Uber choca con un bache en Buenos Aires
Mary O'Grady
Destacada columnista del Wall Street Journal.


Las economías que crean riqueza abren las puertas a la innovación. Y luego está Buenos Aires, donde Uber dice que ha esperado por más de cuatro meses un número de identificación tributaria. Ahora, la empresa está bajo investigación por operar su servicio de viajes compartidos de manera ilegal.

La dificultad de Uber con el gobierno de la ciudad es una buena noticia para los dueños de taxis y los líderes sindicales que desean impedir la entrada de la compañía al mercado. Pero es una mala noticia para Argentina, un país hambriento de empleos y de los avances en productividad necesarios para elevar sus estándares de vida.

Mauricio Macri, el presidente centroderechista, del partido Propuesta Republicana (PRO), que asumió en diciembre, ha prometido una recuperación económica. Pero si los intereses creados reciben protección contra la revolución tecnológica, probablemente no podrá cumplir.

A Uber se le acabó la paciencia el 12 de abril y comenzó a ofrecer sus servicios de viajes compartidos en Buenos Aires sin un permiso o una clave de identificación tributaria. Un grupo de sindicatos de taxistas inmediatamente presentó una demanda en la que exige que la ciudad prohíba el servicio de Uber. El gobierno de la ciudad respondió con una orden de clausura y el bloqueo preventivo contra la empresa por el delito menor de “uso indebido del espacio público para actividades lucrativas no autorizadas”.

Niki Christoff, la portavoz de Uber, dice que el 15 de abril la policía allanó las oficinas de los abogados de la empresa y se llevó “todos los archivos de Uber y la información que encontraron”. Christoff dice que al día siguiente la policía rompió la cerradura de la puerta del hogar del gerente general de Uber en el país, allanó el lugar y se llevó algunos equipos electrónicos y documentos.

Entre el 15 y el 20 de abril, Uber ofreció viajes gratis en Buenos Aires, con la esperanza de crear demanda para su servicio y contrarrestar al sindicato de taxistas, que ha bloqueado calles y organizado protestas para presionar a los reguladores de la ciudad para que prohíban el servicio. Uber dice que ahora opera normalmente y cree que su negocio está protegido por la Constitución. La empresa enfatiza que no es ni un servicio de autos ni un negocio de taxis y asegura que Argentina necesita un nuevo régimen regulatorio para las empresas que proveen una plataforma para viajes compartidos.

Jill Hazelbaker, vicepresidenta de políticas públicas y comunicaciones de Uber, dice que “la resistencia en Buenos Aires está entre las más feroces que la empresa ha experimentado en el mundo”. Pero los consumidores están ansiosos por darle una oportunidad. Uber asegura que se han registrado 250.000 descargas de su aplicación en Argentina, 120.000 pasajeros han abierto cuentas y durante la primera semana de operación se registraron 175.000 solicitudes de viajes.

Uber también generará empleos. Según Christoff, cerca de la mitad de sus conductores en Ciudad de México estaban desempleados antes de la llegada de la empresa. En Argentina, añade, 10.000 personas se apuntaron durante las primeras 36 horas de registro de conductores, un récord para cualquier lanzamiento de Uber en América Latina. En total, cerca de 35.000 argentinos se han registrado como conductores de Uber, dice la empresa. El trabajo también provee flexibilidad para los subempleados que buscan una segunda fuente de ingresos.

Otras plataformas de economía compartida ya están cambiando a Argentina. Airbnb, por ejemplo, transforma a cada dueño de propiedad en un anfitrión de hospedaje.

Uber asegura que América Latina es su mercado de más rápido crecimiento. También tiene competencia. La compañía española Cabify, cuyo servicio de movilidad también funciona a través de una aplicación, opera en Perú, Chile y Colombia. Su director para América Latina, Ricardo Weder, le dijo en abril al diario argentino La Nación que Cabify lanzará este mes su servicio en las ciudades de Buenos Aires y Rosario.

Christoff dice que la compañía solicitó hace más de una semana una reunión con el jefe de gobierno de Buenos Aires, pero que aún no han sido contactados al respecto. En una respuesta escrita a mi solicitud de comentarios sobre el caso Uber, la Secretaría de Transportes de la ciudad me dijo el jueves que la compañía no ha presentado la documentación adecuada para operar en Buenos Aires. El secretario de Transporte, Juan José Méndez, agregó: “Uber conoce la ley pero decidió ignorarla”.

Sin embargo, puede estar sucediendo algo más. Los sindicatos argentinos son poderosos y los de los taxistas en Buenos Aires no son la excepción. Omar Viviani, líder del Sindicato de Peones de Taxi, ha dicho que “bajo ningún concepto” se debería permitir que Uber opere en el país.

El presidente Macri reconoció sutilmente el poder de los sindicatos el 14 de abril durante un evento público. “Valoro la posición del gobierno de la Ciudad de defender a nuestros taxistas, que son un símbolo de la Argentina, pero también tenemos el problema del avance de la tecnología, que hay que recorrer de la manera más gradual posible para cuidar a todos los argentinos”, dijo.

Macri está en una posición difícil. Su partido no controla el Congreso. Para gobernar, necesita el apoyo de los peronistas moderados, y la base del peronismo son los sindicatos.

Sin embargo, ceder ante las arcaicas redes de taxis es derrotista. El presidente haría mejor en presentar el tema como una oportunidad para avanzar los intereses de millones de porteños, quienes se beneficiarían de una mayor competencia y más inversión. Argentina necesita urgentemente la destrucción creativa de la clase disruptiva, de la cual forma parte Uber.
 

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