Fundación Atlas 1853

El progreso verdadero necesita un Estado de Derecho

Miguel Collado Di Franco

Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles, República Dominicana

Contar con instituciones fuertes es una condición esencial para contar con desarrollo económico sostenible en el tiempo. Uno de los elementos fundamentales para una sociedad, y en el cual incide positivamente una fuerte institucionalidad, es el estado de derecho. Desde el punto de vista social, el estado de derecho es deseable en sí mismo, ya que crea una sociedad más justa basada en la igualdad ante la ley. De igual forma, desde la perspectiva económica un estado de derecho estable, confiable y no corrupto es fundamental para el desarrollo de una sociedad.

Contener los actos de violencia y preservar la integridad de las personas son elementos fundamentales para mantener un orden social en el que los seres humanos puedan prosperar. Es decir, la preservación de la vida es el primer pilar que cimenta el estado de derecho. A los dos elementos mencionados, es necesario añadir la seguridad de los derechos de propiedad y el cumplimiento de los contratos como dos requisitos adicionales para el progreso material humano.

Precisamente, el respeto a la propiedad y a los contratos son fundamentales para la existencia de un imperio de la ley real, y son imprescindibles para que los seres humanos, en libertad, puedan hacer uso pleno de sus facultades. En vista de que ninguna persona puede lograr todos sus objetivos por sí misma, necesita emplear sus facultades y recursos disponibles para participar en relaciones de intercambio con otros miembros de la sociedad. Ese es el fundamento de la actividad económica, y la base del progreso material de la humanidad: la cooperación entre individuos por medio de intercambios voluntarios que resultan en mayor bienestar para las partes participantes.

Como consecuencia de la necesidad de intercambiar bienes y servicios, surgen la especialización y la división del trabajo en la sociedad. De igual forma, surgen organizaciones, como las empresas, que agrupan los procesos productivos en los que intervienen las personas. En consecuencia, la actividad económica se va haciendo más compleja en la medida que aumentan las actividades de trabajo, ahorro, inversión, producción y consumo en la sociedad. Todo este accionar amerita de un estado de derecho que garantice, en adición a la vida de las personas, sus propiedades, así como el cumplimiento de los contratos entre individuos. Sin la garantía de estos elementos, la inversión, el comercio y el crecimiento económico no alcanzan niveles adecuados y, por tanto, el desarrollo humano queda limitado.

¿Cómo medir los niveles de eficiencia de los sistemas judiciales en lo relativo al cumplimiento de los contratos y el respeto a la propiedad? Existen índices que ayudan a medir la eficiencia de los diferentes sistemas judiciales y, por tanto, a realizar comparaciones entre países. Tal es el caso del Doing Business, el estudio sobre clima de inversión que anualmente prepara el Banco Mundial. El estudio incluye diversos componente entre sus mediciones, uno de los cuales evalúa el cumplimiento de los contratos.

Los indicadores de cumplimiento de contratos son tres: 1) tiempo para resolver una disputa, 2) costos judiciales y honorarios de abogados, y 3) calidad de los procesos judiciales. La Tabla No. 1 compara a República Dominicana con los países con mejor puntaje en América Latina dentro del componente del Doing Business que mide el cumplimiento de los contratos.

A pesar de que el tiempo de resolución de las disputas no es tan largo en términos relativos, los costos judiciales y los honorarios de abogados sí lo son en República Dominicana. En el caso de México, por ejemplo, se puede apreciar que se necesitan 60 días menos que en República Dominicana para resolver la misma disputa. Sin embargo, el procedimiento es menos costoso, tanto por lo que es necesario pagar a los abogados como a las cortes mismas. En adición, la calidad de los procesos judiciales es baja en República Dominicana. Es decir, que en República Dominicana resulta costoso la resolución de disputas, las cuales tardan más tiempo en ser resueltas que en otros países, y calidad de la administración de justicia es inferior.

Con relación a los derechos de propiedad, el estudio Doing Business tiene un componente que analiza el registro de propiedades. La Tabla No. 2 muestra los resultados para República Dominicana y los países de mejor puntaje de América Latina. En este caso, son cuatro los indicadores: 1) número de procedimientos, 2) tiempo para registrar una propiedad, 3) costo del registro y 4) calidad del sistema de administración de tierras.

¿Cuál es el país de América Latina donde toma menos tiempo el registro de una propiedad? En Perú, con solo cuatro procedimientos el registro dura un promedio de 6.5 días. En cambio, en República Dominicana se necesitan 39 días más, para un total de 45 días. Cuando se realiza la comparación de República Dominicana con Costa Rica, nación centroamericana que está entre las de mejor calificación, es posible apreciar que registrar una propiedad tarda más del doble en nuestro país. En los dos países mencionados los procedimientos son más eficientes, los costos inferiores y la calidad del sistema de administración de tierras es mejor que en República Dominicana. Es un resultado similar al arrojado en el caso del cumplimiento de contratos, visto anteriormente.

Estos indicadores son solo dos temas, relacionados con el estado de derecho o imperio de la ley, que son importantes para el desarrollo económico de cualquier país. En sentido general, República Dominicana no tienen buenas notas en su estado de derecho. El país tiene puntajes bajos en el Rule of Law Index (Índice de Imperio de la Ley) elaborado por la organización The World Justice Project. El país ocupa la posición 67 de 102 países evaluados en el mundo, con un puntaje de 48 sobre 100.

Como expresamos anteriormente, las actividades económicas necesitan ser realizadas dentro de un estado derecho que ofrezca garantías a los agentes económicos. En consecuencia, la forma de atraer nuevas fuentes de capital y financiamiento para nuevos y mejores procesos productivos en un país, es creando el clima institucional apropiado.

Para este año se espera que se realice la Cumbre Judicial Nacional ordenada por el Consejo del Poder Judicial de República Dominicana. La cumbre es necesaria. Pero, sobre todo, reformas concretas para mejorar el sistema judicial dominicano.

República Dominicana necesita crear un clima de estabilidad y certidumbre legal, con mayor eficiencia en su administración. Es imprescindible un estado de derecho en el que la inseguridad ciudadana sea la excepción, al igual que los privilegios ante la ley. Si no logramos construir un sistema independiente y confiable, el progreso económico será lento, y concentrado en quienes puedan beneficiarse en un estado de derecho corrupto y con privilegios. Con el agravante de que los avances que tengamos en materia de reducción de pobreza, puedan revertirse ante la fragilidad que representa contar con instituciones débiles.