Fundación Atlas 1853

La Gobernanza y la regulación del lobby en la Argentina

Javier Cubillas

Analista de Asuntos Públicos, Fundación Atlas para una Sociedad Libre.

Recientemente en el diario La Nación se publicó una nota titulada “El gobierno quiere impulsar una ley para regular el lobby”. En esta nota, corta pero muy importante para introducirnos en las implicancias del tema, se informa que la Subsecretaría de Reforma Institucional y Fortalecimiento de la Democracia a cargo de Marina Carbajal impulsa una mesa de escucha y dialogo en pos de avanzar en consensos para mejorar la actual regulación de la materia.

Hoy en la Argentina, la regulación vigente está dispuesta en un decreto del año 2003 el cual sólo tiene por finalidad recabar información sobre reuniones entre funcionarios del Poder Ejecutivo y agentes del sector privado. A esto se conoce como el registro de publicidad de gestión de intereses.

Este decreto es una visión legal que hoy –creemos- nos resulta muy restrictiva, tanto por lo que registra y a quienes obliga a llevar el registro. Corresponde entonces que se dé una discusión que actualice las implicancias del tema y su consecuente regulación.

Resultaría entonces muy importante que se avance en una reforma que consagre una ley para los dos poderes de gobierno –Ejecutivo y Legislativo- y no se limite al sólo registro de audiencias sino a una regulación de la actividad de gestión de intereses. Pensar en una regulación de la actividad de gestión de intereses o lobby es un deber que nos impone el régimen repúblicano, democrático y liberal.

Es así por mandato constitucional, y conforme venimos proponiendo desde hace bastante tiempo, el acceso a la información pública y la gestión de intereses son dos de los pilares fundamentales de la Gobernanza como idea de acercamiento de la gestión al ciudadano. La gobernanza liberal como concepción teórico político busca afianzar la idea de que es posible y real la concreción de las perspectivas deliberativas de la democracia sin perder de vista la faz agonal que toda sociedad posmoderna y compleja posee

Creemos además que estas medidas legales pueden colaborar en transparentar la actividad diaria relacionada con la gestión pública, dando publicidad respecto de los actores privados que impulsen sus intereses, acercándonos al ideal de responsabilidad individual para los dos sectores del mostrador. Como bien indica la funcionaria en la nota: "Sin duda va a necesitar un cambio cultural. El sector privado también se tiene que hacer cargo".

Pero también, desde una perspectiva más pragmática, es muy importante para el fortalecimiento del régimen de gobierno que se establezcan leyes marco para esta actividad a fin de clarificar quienes son los actores intervinientes y el sistema de incentivos y desincentivos que los impulsan a actuar. Incluso, nos permitiría superar los atavismo y lugares comunes alrededor de la idea de lobby que no hacen más que derivar la discusión sobre la temática hacia controvertidas posiciones éticas o penales que nada tienen que ver con el derecho básico de peticionar a las autoridades y de aportar información y ser escuchado antes de que los funcionarios tomen decisiones en sus ámbitos de competencias.

Si logramos mejorar la regulación sobre la materia y se logra avanzar culturalmente en entender que la gestión de intereses o lobby es una actividad constitucional y legitima, que tiene por objeto que un agente privado transmita información específica a un funcionario público que debe decidir de modo general, entonces habremos dado un paso hacia adelante clave para la mejora de las relaciones publico privadas en materia política y económica.