Fundación Atlas 1853

El lobby y su regulación

Javier Cubillas

Analista de Asuntos Públicos, Fundación Atlas para una Sociedad Libre.

Una deuda del Congreso es la sanción de una ley que regule esta gestión de intereses o lobby. Se trata de la instancia en la que un agente privado transmite información específica a un funcionario público que debe evaluarla y luego decidir por vía normativa. Legislar sobre esta práctica es regular un ejercicio de comunicación e influencia que tenga visibilidad y pueda ser escrutado por todos.

Entre las deudas que tiene el Congreso Nacional a la hora de operativizar derechos y obligaciones -valores constitucionales- nos encontramos con la regulación de la gestión de intereses o lobby.

Hoy la regulación nacional vigente está anclada en el Decreto 1172 del año 2003, que sólo tiene por finalidad recabar información sobre el motivo y la fecha de reunión entre funcionarios del Poder Ejecutivo y agentes del sector privado. A esto se conoce como el registro de publicidad de gestión de intereses.

Este decreto conserva una redacción y visión legal que hoy –creo- resulta muy restrictiva tanto por lo que registra como a quienes obliga a llevar el registro. Corresponde entonces se actualice las implicancias del tema y su consecuente regulación, para que transcurridos estos años de democracia se busquen nuevos acuerdos y se renueve el piso de legitimidad en las relaciones entre administradores y administrados.

Resultaría entonces muy importante que en un futuro se avance en una reforma que consagre una ley para los dos poderes de gobierno –Ejecutivo y Legislativo- y que ésta no se limite al sólo registro de audiencias sino a una regulación de la actividad de gestión de intereses. Pensar en una regulación de la actividad de gestión de intereses o lobby es un deber que nos impone el régimen constitucional republicano, democrático y liberal que como sociedad debemos saldar.

Para clarificar el punto corresponde entonces que propongamos una visión que facilite la comprensión sobre el objeto que tenemos entre manos. Si hablamos de gestión de intereses o lobby siempre vamos a estar hablando de una actividad social con implicancias históricas y políticas propias de la modernidad occidental. Nada nuevo bajo el sol.

Históricamente, gracias a la desacralización y rutinización del poder, las burguesías emergieron como actores claves en el control y balance del poder presupuestario y honorífico que príncipes, reyes y posteriormente primeros ministros y hasta incluso presidentes intentan administrar como algo exclusivamente propio. En este sentido, el comercio y las artes liberales vinieron a consagrar socialmente que el conocimiento técnico y político no era privativo de una corte o grupo en el poder y que la información además se originaba en la acumulación, tradición e intercambio de opiniones en la esfera pública cotejada y escrutada por todos.

Por esto, al hablar de gestión de intereses o lobby estamos hablando técnicamente –desde una óptica de análisis de los Asuntos Públicos- de regular la praxis en la que un agente privado transmite información específica -propia de su actividad- a un funcionario público que debe evaluarla y posteriormente decidir fundadamente y de modo general por vía normativa. Es, ni más ni menos, que regular un ejercicio de comunicación e influencia que tenga visibilidad y pueda ser escrutado por todos, al poder darse a conocer no sólo el intercambio de información sino también de los textos normativos que suscriba el funcionario.

Así, esto permitiría transparentar las relaciones público privadas y también visualizar una trazabilidad de actores sociales en busca de alientos o defensas de sus intereses, muchos de los cuales son también nuestros en tanto somos consumidores, usuarios, beneficiarios y ciudadanos. Esta dinámica da cuenta de la complejidad y la multiplicidad de nuestros roles en la sociedad actual. La vida misma.

Respecto a los modos y modelos de regulación, como bien hablamos de tradiciones y prácticas sociales necesariamente nos encontraremos con antecedentes y esquemas anclados a perspectivas nacionales. No entraremos aquí en los antecedentes internacionales (Reino Unido, Estados Unidos, Canada, Union Europea, Peru, Chile) por la complejidad que eso supone y el espacio para este trabajo, pero si creo que de modo prudencial, no deben trasladarse e implantar de modo acrítico modelos legales sin amplios consensos que finalmente no logren asentarse y echar raíces en nuestra vida cívica.

Como apuntes o cuestiones a tener en cuenta -en materia de regulación a nivel nacional y local propongo una perspectiva posible y un punteo general- con vistas a que la norma pueda tener fortaleza y sostenibilidad en el tiempo:

1. Todo buen marco legal necesita de principios que dirijan la interpretación del texto. En materia de lobby la sociedad debe encontrar consensos para estos conceptos que permitirán dirigir la interpretación de la norma legal.

2. La idea de la gestión de intereses o lobby de modo presencial y en una oficina de gobierno quedó desarticulada por las nuevas tecnologías de la información. Hoy, el gran desafío de la regulación en todos los países del mundo es poder contemplar, en la medida de lo razonable, a la multiplicidad de formas de contacto que pueden concertarse. Este es un desafío clave para el texto normativo.

3. Es importante además saber si la sociedad querrá una regulación amplia de la actividad en donde se establezcan no sólo registros de audiencia o contacto sino también registros de gestores o lobbystas. Esta implicancia es fundamental para el sistema democrático en tanto podemos estar creando e implantando un sector profesional, con sus pros y contras. Lo importante, con o sin registro, es saber si la sociedad quiere pocos o muchos jugadores en el sistema.

4. Respecto a las sanciones por incumplimiento de la norma es interesante reflexionar si las penalidades serán sólo personales o además podría establecerse la nulidad de las actuaciones administrativas en las que funcionarios y gestores intervinieron.

5. Desde una perspectiva más holística, esta normativa debería acrecentar la aplicación de códigos de conductas en las empresas y ongs. Las pymes, por citar el ejemplo más claro e importante por número en argentina, deberían avanzar en establecer en espejo adecuaciones internas y externas para sus administraciones comerciales y áreas de relaciones institucionales. Los DirCom y las normas y técnicas de Ética y Compliance deberán adecuarse a lo largo de las cadenas productivas.

6. Finalmente, la clave en la eficacia de una futura norma de lobby -como en todas- está en no ser reglamentarista, híper detallista, formularia -esto generará claros desincentivos a la actuación dentro del sistema- ni sobredimensionar su aplicación generándose más órganos burocráticos. Pero también, la norma debe hacer uso de todos los mecanismos de tecnología y transparencia de la información para no permitir la colonización de funcionarios y áreas administrativas por parte de empresarios, activistas y ongs.

Recapitulando, ésta equilibrada y razonable regulación del lobby es un deber aún sin saldar en nuestro régimen democrático y conforme venimos proponiendo desde hace bastante tiempo: el acceso a la información pública y la gestión de intereses son dos de los pilares fundamentales para superar la opacidad y el secretísmo y mejorar la gestión de gobierno.

Afinando el lápiz, son dos pilares de lo que entiendo es el ideal de Gobernanza, la que hace foco en el acercamiento de la gestión al ciudadano. Así, la Gobernanza cómo concepción teórico-política busca afianzar la idea de que es posible y real la concreción de las perspectivas deliberativas de la democracia sin perder de vista la faz agonal que toda sociedad posmoderna y compleja posee. Así, estas medidas legales pueden colaborar en transparentar la actividad diaria relacionada con la gestión pública acercándonos al ideal de responsabilidad individual para los dos sectores del mostrador.

Además, desde las perspectivas de análisis más pragmáticas y utilitarias posibles, resulta importante -para el fortalecimiento del régimen de gobierno- que se establezcan leyes marco para esta actividad a fin de clarificar quienes son los actores intervinientes y el sistema de incentivos y desincentivos que los impulsan a actuar.

Todo esto permitiría superar los atavismos y lugares comunes alrededor de la idea de lobby que no hacen más que derivar la discusión sobre la temática hacia controvertidas posiciones éticas o penales que nada tienen que ver con el derecho básico de peticionar a las autoridades y ser escuchado antes de que los funcionarios tomen decisiones en sus ámbitos de competencias. Hay que superar los pruritos alrededor del tema.

Si logramos mejorar la regulación sobre la materia y se logra avanzar culturalmente en entender que la gestión de intereses o lobby es una actividad constitucional y legitima que –repito- tiene por objeto que un agente privado transmita información específica a un funcionario público que debe decidir de modo general, entonces estaremos dando muestra de madurez y un paso hacia delante -clave- para la mejora de las relaciones publico privadas en materia política y económica.