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En momentos en que una nueva ola de refugiados cubanos está inundando América Central y la Florida, nueve países latinoamericanos han pedido al gobierno de Estados Unidos que termine con el estatus migratorio especial para los refugiados cubanos. Y, en parte, tienen razón.

En su carta el 29 de agosto al Secretario de Estado estadounidense John Kerry, los ministros de relaciones exteriores de Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá y Perú expresaron su “profunda preocupación” por la política de “Pies secos, pies mojados” de Estados Unidos para los refugiados cubanos, que según dijeron está creando una crisis de refugiados a nivel regional. Los cancilleres le pidieron a Kerry una reunión para discutir el problema.

Es cierto que algunos de estos países, especialmente Ecuador –que dio a conocer la carta– y Nicaragua, tienen dudosas credenciales democráticas para hablarle a nadie sobre temas políticos o humanitarios.

Pero la carta debe ser tomada en cuenta, porque llega en un momento en que los cubanos están huyendo de la isla en cifras récord. Muchos han perdido la esperanza de que habrá una apertura política en la isla, y otros están huyendo porque temen que Estados Unidos elimine su estatus inmigratorio preferencial para los cubanos después de las elecciones de noviembre.

Unos 46,000 refugiados cubanos fueron admitidos por Estados Unidos durante los primeros 10 meses del año fiscal 2016, casi el doble de los 24,000 que fueron recibidos en el país en 2014, según el Pew Research Center. Otros miles han ido a Nicaragua, Costa Rica, Panamá y otros países, con la esperanza de llegar a Estados Unidos.

Bajo la ley de ajuste cubano de 1966 y su modificación de 1995, la política de “pies secos, pies mojados” permite a los cubanos que tocan tierra firme en Estados Unidos recibir la residencia permanente y, eventualmente, la ciudadanía. Si son interceptados en el mar, pueden ser devueltos a Cuba.

Además, el estatus especial para los refugiados cubanos ha sido muy abusado en los últimos años. Desde 1980 se les concedió un mecanismo que acelera los trámites para recibir ayuda económica, que ha hecho que muchos refugiados cubanos regresen a Cuba y vivan la buena vida allí con dólares de los contribuyentes estadounidenses.

José Miguel Vivanco, de Human Rights Watch, me dijo que aunque “Cuba es un caso único en la región” en materia de represión política, Estados Unidos y todos los países democráticos ya tienen la obligación de ofrecer protección a los refugiados políticos cubanos.

Terminar con el estatus especial para los cubanos “no equivaldría a un retroceso en derechos humanos, siempre y cuando Estados Unidos y otros países democráticos, incluyendo nueve que firmaron esa carta, les den refugio y asilo a los perseguidos en Cuba”, me dijo Vivanco.

Otros, como Marcell Felipe, director de la Fundación Inspira Americas, proponen reformar las leyes para poner fin a los abusos, pero sin eliminar el estatus general especial para los refugiados cubanos.

“Cuba es un caso especial, porque todo el mundo en Cuba que no apoye activamente a la dictadura es víctima de represión”, dice Felipe. “Si los cubanos no tuvieran un estatus migratorio especial, muchos no calificarían para recibir asilo político en Estados Unidos”.

Mi opinión: Hay que modificar el estatus especial para los refugiados cubanos en Estados Unidos. Pero hay que hacerlo como parte de un nuevo compromiso de todos los países de la región para darles asilo a los refugiados políticos cubanos, y exigir el fin de la represión en Cuba.

Kerry debería preguntarles a los nueve cancilleres: ¿Están dispuestos a aceptar a refugiados políticos de Cuba? ¿Están dispuestos a presionar a Cuba para que libere a sus presos políticos y permita el pluralismo político, como es su deber bajo el Convenio de Viña del Mar que firmó en 1996?

Es el momento para que todas las partes archiven posturas sobre Cuba que son reliquias de la guerra fría. Washington debería cambiar sus leyes que le dan preferencias especiales a todos los inmigrantes cubanos, y los países de América Latina deberían dejar atrás su vergonzoso silencio sobre la dictadura represiva de Cuba, que es la raíz de los principales problemas de la isla. Estamos en nuevos tiempos, que requieren de nuevas políticas de todos los países.

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