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Sin importar el gobierno de turno, la cantaleta es la misma todos los años: el gasto público es inflexible y poco se puede hacer para recortarlo, ya que cerca del 90% está determinado por mandatos legales y constitucionales. De tal forma, el grueso del ajuste fiscal debe venir por el lado de los ingresos. Es más, la Sala IV recién reforzó este punto al ordenarle al gobierno girar el 8% del PIB a la educación, como lo establece la Constitución. ¿Caso cerrado a favor de más impuestos? En lo absoluto.

Por un lado, el diagnóstico es correcto. A lo largo de los años, los diputados han aprobado docenas de leyes que establecen destinos específicos al gasto sin determinar de dónde vendrán los recursos para pagarlos, a contrapelo del principio de equilibrio presupuestario claramente establecido en el artículo 179 de la Constitución.

Sin embargo, crear más impuestos no es la única alternativa a este problema —ni la mejor—. Así como para aumentar los tributos se requiere la aprobación de nuevas leyes, los diputados igualmente podrían enfocar su atención en derogar aquellas que establecen los destinos específicos. El constitucionalista Fabián Volio ha dicho que esta es la gran reforma fiscal que requiere el país. La propuesta debe incluir revisar el mandato constitucional del 8% del PIB a la educación —que de todas maneras no se cumple— pues se trata de una disposición antojadiza que no guarda proporción con las posibilidades financieras del país y que —como lo ha señalado la OCDE— en nada nos garantiza una educación de calidad.

El gobierno tiene otras opciones, incluso si los diputados optan por no hacer nada. La jurisprudencia constitucional establece que ante la imposibilidad material de cumplir todos sus compromisos por falta de dinero, el Ejecutivo no está obligado a girar recursos, excepto en aquellos casos que estén “atados” constitucionalmente o que se destinen a financiar programas sociales. Pero, aun en esas circunstancias, la Sala IV admite que es incapaz de forzar al gobierno a cumplir sus mandatos debido a la ausencia de sanciones.

No olvidemos el abismo que encaramos: un presupuesto que se financia en un 46% con endeudamiento, un déficit fiscal del 6% del PIB y una deuda pública que se ha triplicado en 10 años y que cada vez se vuelve más insostenible. Se supone que la ley está para cumplirse, pero en estas circunstancias aplica el viejo principio jurídico de que “nadie está obligado a lo imposible”.

Este artículo fue publicado originalmente en La Nación (Costa Rica) el 19 de septiembre de 2016.