Fundación Atlas 1853

Trump y los soñadores

Alvaro Vargas Llosa

Director del Center for Global Prosperity, Independent Institute. Miembro del Consejo Internacional de Fundación Atlas para una Sociedad Libre.

El Presidente estadounidense ha tomado una decisión impopular con los votantes demócratas, con los votantes independientes y con un sector, minoritario pero significativo, de los votantes republicanos. Esa decisión, la de poner término, en un lapso de seis meses, al programa que daba protección legal a los indocumentados que ingresaron al país siendo niños, no puede, por tanto, haber sido tomada de manera enteramente irresponsable. Ni siquiera Trump, gobernante impulsivo y temperamental, adopta una medida que sabe que lo enemista con gran parte del país y que no reposa sobre un consenso en su propio partido sin sopesar las consecuencias.

Cabe, pues, preguntarse, en qué estaba pensando el mandatario cuando, en contra de la opinión de los jefes de las grandes empresas estadounidenses, de los líderes de ambos partidos en el Congreso, de los gobernadores de muchos estados, de la inmensa mayoría de los medios de comunicación y de infinidad de instituciones de la sociedad civil, puso fin al programa migratorio que creó Barack Obama en 2012. La pregunta es tanto más pertinente cuanto que el propio Trump había dado a entender muchas veces que tendría una consideración especial para con los indocumentados que habían llegado a Estados Unidos siendo niños y no tienen otro marco de referencia que su patria adoptiva.

Conviene, ante todo, entender el alcance y contexto de la medida. Ella no afecta al conjunto de inmigrantes indocumentados, sólo a los que llegaron siendo niños, un universo de un millón trescientas mil personas, de las cuales sólo ochocientas mil se acogieron a la protección que Obama les confirió mediante el decreto ejecutivo de 2012 (el cerca de medio millón que no se acogió probablemente eludió hacerlo por desconfianza). Esa protección no era permanente: debía ser renovada cada dos meses. Tampoco era integral, pues se limitaba a otorgar permiso de estancia y de trabajo a los beneficiarios.

La razón por la que Obama recurrió a este mecanismo es que el Congreso fue incapaz, durante décadas, de aprobar una ley para resolver el problema de la inmigración ilegal. Como legislar por decreto sobre el conjunto de la inmigración ilegal era incontestablemente inconstitucional, a Obama sólo le quedaba el recurso de concentrarse en un pequeño segmento, el de los llamados “dreamers” o “soñadores”, que por lo demás tienen un respaldo mayor en la ciudadanía que el resto de indocumentados.

El contexto del decreto de Obama no era solo el de una incesante controversia ideológica entre los dos grandes partidos, y entre los conservadores y los liberales o la izquierda, sino también el de sucesivos fracasos políticos. La última ley migratoria integral que se aprobó fue la de 1986 que firmó Ronald Reagan y legalizó a alrededor de tres millones de indocumentados. Desde entonces, fue imposible que ambas cámaras del Congreso se pusieran de acuerdo en una nueva ley, que se hizo necesaria al dispararse la inmigración ilegal en las décadas siguientes, en parte por los problemas de América Latina y en parte por el efecto “llamada” de la bonanza económica experimentada por Estados Unidos.

Hubo intentos en 1996, 2002, 2004 y 2005 -para hablar de los años anteriores a Obama- que fracasaron estrepitosamente. Durante el gobierno de Obama hubo nuevos esfuerzos, secundados por varios congresistas republicanos (en algunos casos la iniciativa partió de ellos directamente), que el sector más nacionalista descarriló. Convencido de que su mandato terminaría sin haberle encontrado a la inmigracion ilegal una respuesta definitiva, Obama optó por la fórmula acotada del “DACA”.

La decisión le valió el repudio, justificado con argumentos constitucionales, económicos y culturales, del ala “dura” del conservadurismo. Un sector que, no lo olvidemos, jugaría un papel determinante en el asalto político de Donald Trump al viejo partido de Lincoln para las primarias de 2016. Ese sector ya era parte de la base republicana pero no en el grado en que pasaría a serlo con Trump, cuya candidatura hizo aumentar significativamente el número de republicanos inscritos.

¿Está, entonces, Donald Trump, apelando a la base nacionalista en su decisión de eliminar el programa “DACA”? Sí, pero no sólo eso. El análisis sería incompleto si se agotara allí. Después de todo, Trump tiene muchas formas, y ya ha empleado algunas, de agitar los sentimientos nacionalistas de su base y de enviarle la señal de que sigue siendo su líder. Por lo demás, esa base da constantes señales, en las encuestas, en los mítines y con su presencia en las instancias del partido en muchas zonas del Medio Oeste y el sur del país, de seguir firme junto a Trump.

Empecemos por la lógica de la base a la que Trump quiere apelar antes de considerar las otras razones que están detrás de la eliminación del programa. Las encuestas registran hoy, con respecto a la inmigración ilegal, números muy interesantes que conviene tener en cuenta. Alrededor de dos terceras partes de los encuestados respaldan la idea de permitir que los indocumentados (todos en general, no sólo los “soñadores”) se queden en el país, mientras que sólo un 22 por ciento opina lo contrario (y un 10 por ciento se inclina por permitir que sigan en Estados Unidos pero sin darles la posibilidad de optar a la ciudadanía). Entre los demócratas, el sentimiento favorable a los indocumentados aumenta hasta un elevadísimo 86 por ciento; en cambio, entre los republicanos se reduce al 36 por ciento (el 41 por ciento de los republicanos está en contra de permitir a los indocumentados permanecer en Estados Unidos y el 17 por ciento aceptaría su permanencia sin opción a la ciudadanía).

Esto quiere decir que Trump, en efecto, tiene algo importante que ganar: la lealtad de una base minoritaria en el contexto nacional pero numerosa al interior del republicanismo. Aunque estas cifras se refieren a indocumentados en general, las actitudes con respecto al programa para los que entraron al país siendo niños refuerzan las distintas tendencias. En un país con un sistema distinto del estadounidense, la pregunta obvia sería: ¿no tiene mucho que perder Trump buscando la lealtad de una base minoritaria frente al repudio del resto del país? Ocurre que la base es determinante en las elecciones estadounidenses por dos razones: ella protege a un Presidente contra rivales potenciales al interior de su propio partido cuando opta a la reelección y, lo que no es menos gravitante, resulta clave a la hora de movilizar a los votantes en las elecciones generales, por tratarse de un país donde el voto es voluntario.

Muchas elecciones en Estados Unidos se ganan porque un candidato moviliza mejor a la base que el otro. El ausentismo entre muchos potenciales votantes de Hillary Clinton fue mortal para ella, por ejemplo, en los comicios del año pasado.
Queda claro que Trump tiene algo que ganar utilizando a los “soñadores” como arma política con la decisión de esta semana.

Pero esto no es lo único que hay en juego. Hay también una dinámica más sutil: tiene que ver con la siempre compleja relación entre la Casa Blanca y el Partido Republicano.

Han pasado ocho meses desde que asumió el poder Trump y todavía no ha conseguido que una sola de sus grandes ofertas legislativas sea aprobada por un Congreso donde su propio partido está en mayoría. La razón no ha sido tanto que las reglas vigentes del Senado hacen que sean necesarios más votos de los que tiene el Partido Republicano para superar el bloqueo opositor, sino que los propios republicanos están profundamente divididos. La lealtad a los humores políticos de las circunscripciones electorales han pesado mucho más que la lealtad a la Casa Blanca o a los postulados ideológicos. Por eso, todavía no ha podido Trump firmar una ley que acabe con la reforma sanitaria de Obama y la reemplece por otra, una ley que reduzca impuestos, una ley que impulse un masivo gasto en infraestructura o una ley que incluya una partida importante para la construcción del muro fronterizo. Promesas, todas ellas, que forman parte del identikit ideológico del Presidente.

Esto ha llevado a Trump varias veces a amenazar a los republicanos con aliarse con los congresistas demócratas. Mensaje subliminal: si es necesario, haré campaña el próximo año contra los congresistas de mi propio partido que buscan la reelección. Ahora, todo indica que Trump ha pasado de la amenaza a los hechos. Es allí donde hay que situar la decisión de eliminar el programa de protección a indocumentados.

Nótese que el Presidente no hizo el anuncio del fin del programa directamente, prefiriendo dejarle los reflectores al secretario de Justicia, el “duro” Jeff Sessions. Nótese también que hizo varias declaraciones públicas diciendo que la pelota estaba ahora en la cancha del Congreso y que le daba seis meses para aprobar una ley migratoria, de la que un nuevo programa “DACA” debería ser parte. Trump entiende que ha sido la división entre los propios republicanos la que ha impedido en los últimos años que el Congreso apruebe una ley integral. Los seis meses son el periodo que tomará el programa en desaparecer del todo, de manera que si el Congreso es capaz de aprobar en ese lapso una ley que incluya una protección a los que entraron al país siendo niños, cabe la posibilidad de que en la práctica nunca deje de estar vigente.

Para enfatizar más el desafío a los republicanos, Trump hizo coincidir el anuncio con una negociación inesperada y veloz con los líderes del Partido Demócrata en el Congreso (Nancy Pelosi y Chuck Schumer). El mandatario y la oposición acordaron extender durante tres meses el presupuesto para que siga funcionando el gobierno y el límite de la deuda, así como el desembolso de fondos para hacer frente a los efectos de “Harvey”. Los republicanos se oponían a esto, ya que exigían que la extensión fuese hasta después de las elecciones legislativas del próximo año para evitar que la discusión, al reabrirse tras el fin de la extensión de corto plazo, afectara sus posibilidades de reelección. El acercamiento de Trump a los demócratas, pues, es un torpedo en la línea de flotación de los congresistas republicanos que aspiran a la reelección. La decisión de “DACA” ha sido una pieza clave de la estrategia de ajuste de cuentas de Trump con su propio partido.

Estamos ante el inicio de una nueva etapa en la alucinante Presidencia de Donald Trump. Un Presidente que ya demostró estar dispuesto a cargarse a quien tuviera que cargarse en su propio partido, ahora lo amenaza con tirar de la alfombra bajo sus pies y hacerlo rodar por el piso. El partido, que creía tener a Trump contra las cuerdas, hoy es su rehén.

Los “soñadores”, cuyo delito es trabajar y esforzarse por su país de adopción, han sido parte de un juego de poder del que ni siquiera son muy conscientes.