Fundación Atlas 1853

La gran mochila estatal y los fatigados hombros de los contribuyentes argentinos

Maximiliano Bauk

Es Analista de Políticas Económicas en el Centro de Estudios Libertad y Responsabilidad. Actualmente cursa una Maestría en Políticas Económicas en la SMC University. Participó del “Programa de Jóvenes Investigadores y Comunicadores Sociales” de Fundación Atlas para una Sociedad Libre.

Pedro sale de su trabajo, recién cobra su sueldo mensual, se sube a su auto y va a cargarle combustible, de allí pasa por un bar en donde se fuma un cigarrillo y toma una cerveza para luego pasar por su novia y llevarla al cine. Este es un día cualquiera para Pedro, en donde luego de haber trabajado por un mes se da con algunos gustos, no molesta a nadie y nadie debería molestarlo. Pero el Estado no piensa lo mismo.

Veamos más detalladamente el transcurso de los hechos y como este gigante saca provecho de cuanto puede.

Al cobrar su sueldo, el Estado le quita a Pedro junto con el sindicato, aproximadamente el 36 por ciento de su salario, al subir a su auto (por el cual paga el impuesto al automotor) e ir a cargar combustible se le cobran los impuestos al mismo, cuando va al bar paga impuestos al cigarrillo e impuestos a las bebidas alcohólicas. Luego, cuando lleva a su novia al cine, si tuvo la suerte de no haberse olvidado de abrocharse el cinturón de seguridad en el camino ya que de lo contrario se le cobrará una multa por no cuidar de sí mismo, se le cobra junto al precio de la entrada, el IVA y una contribución obligatoria al INCAA (Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales).

En total el Estado argentino le cobra al ciudadano promedio más de 100 impuestos, como por ejemplo el impuesto a los sellos, los inmobiliarios, los ingresos brutos, tasas de aduana, aquellos que promueven el deporte olímpico, fondos de educación, fondos de promoción de cooperativas, transferencia de inmuebles, patentes del auto, aquellos que buscan disminuir conductas insalubres como el impuesto a los cigarrillos y a las bebidas alcohólicas, que directa o indirectamente terminan por rebajar el bulto de dinero en el bolsillo de los contribuyentes de manera notable, quedándose con más del 50 por ciento de las ganancias anuales del trabajador.

A su vez la emisión descontrolada acompañada por una falta de crecimiento en la producción de bienes y servicios, crean otro impuesto quizás camuflado, pero evidente: la inflación. Este último es del 25 por ciento aproximadamente e incide en los ahorros de una forma escandalosa, suponiendo que alguien ahorre $10.000, al cabo de un año estos se convertirán en $7.500.

¿Para qué recaudar tanto? Tener esa cantidad de poder es siempre un arma poderosa para el populismo. Según una investigación de la Fundación Liberad y Progreso, en el año 2012 se repartieron más de 18 millones de subsidios en el país, lo que se traduce en $69.000 millones y hay alrededor de 3.200.000 empleados públicos. Con esto se cambia “prosperidad” por votos tanto de los beneficiarios como de aquellos que ven “preocupación por el que menos tiene”.

¿Pero es ésta la manera de solucionar los problemas de pobreza? Los hechos dicen que no, ya que ésta sigue por encima del 25 por ciento, y a su vez de esta manera el que recibe el subsidio pierde independencia por depender de la “buena voluntad” del gobierno y dignidad por vivir del esfuerzo ajeno.

¿Qué hacer entonces? Hay que permitirles a los ciudadanos disponer de su sueldo de manera íntegra, haciendo así crecer sus ahorros, lo que le da mayores posibilidades de hacer algún emprendimiento que termine por brindar algunos trabajos. No va a ser un solo emprendedor el que solucione la pobreza, pero si varios de ellos que se vean alentados a invertir ya que cuentan con el dinero para hacerlo, aunque deberían contar también con cierta seguridad jurídica, la que además transformará a este país en un lugar atractivo para la inversión extranjera, creando nuevamente más y más empleos.

El Estado lo único que debe brindar es esto, simplemente la seguridad de poder ejercer todos nuestros derechos siempre y cuando no se afecten a terceros, de esta manera no será necesario subsidio alguno y el empleo público, que en su mayoría es improductivos y pagado por todos, disminuirá notablemente.