¿Fe en los políticos?
Gabriela Calderón de Burgos
Es editora de ElCato.org, investigadora del Cato Institute y columnista de El Universo (Ecuador). Se graduó en el 2004 con un título de Ciencias Políticas con concentración en Relaciones Internacionales de la York College of Pennsylvania. Desde enero del 2006 ha escrito para El Universo (Ecuador) y sus artículos han sido reproducidos en otros periódicos de Latinoamérica y España como El Tiempo (Colombia), La Prensa Gráfica (El Salvador), Libertad Digital (España), El Deber (Bolivia), El Universal (Venezuela), La Nación (Argentina), El Diario de Hoy (El Salvador), entre otros. En el 2007 obtuvo su maestría en Comercio y Política Internacional de la George Mason University.


Como reacción al escándalo de la semana entre el ex contralor, el fiscal y el presidente de la Asamblea, el ex presidente Correa dijo: “Jóvenes, ante todo, nunca pierdan la fe. Siempre hay gente buena, políticos dignos”. Pero fue precisamente la fe en los políticos y el romance con la política lo que nos condujo como sociedad a darle múltiples cheques en blanco a los políticos que han estado en el poder durante la última década, quienes ahora queda claro que lo utilizaron para su beneficio personal.
Algunos advertimos que la concentración de poder en el ejecutivo era una receta para el autoritarismo mientras que se destruía la institucionalidad del país, que ya era escasa en 2007. También varios avisamos que esta concentración de poder combinada con el incremento de la intervención del Estado en la economía, limitando la libertad económica de los ecuatorianos, equivalía a abrirle las puertas a la corrupción y al despilfarro en la administración pública, cosa que ahora también queda claro que sucedió.
Algunos dicen que la corrupción es un problema cultural de los ecuatorianos, como si no hubiera remedio. Pero el juez brasileño Sergio Moro dice que “La corrupción no es una enfermedad tropical… No existe ningún destino manifiesto que condene a los países latinoamericanos a la corrupción”. Agrega que la corrupción sistémica, esto es el pago de sobornos como regla del juego no es algo común y es algo que debe combatirse para lograr implementar el Estado de Derecho en una democracia.
Ciertamente hay corrupción en el sector privado, pero como al dueño de una empresa no le gusta perder plata, la corrección es más rápida, menos costosa y los perjuicios son asumidos por el dueño.
La corrupción de empresas privadas que contratan con el estado es algo distinto. Esta solo puede existir el momento que el Estado tiene el bolsillo profundo y el poder de otorgar jugosos contratos con altos niveles de discrecionalidad. Como señala el juez Moro, a veces los funcionarios públicos hasta se inventan la necesidad de algún megaproyecto o alguna emergencia en algún sector porque saben que esa contratación pública generará su correspondiente soborno.
La experta en corrupción Susan Rose-Ackerman propone como controles para la corrupción, a grandes rasgos, eliminar aquellas entidades, programas y subsidios estatales cuyos costes (incluido el de la malversación de fondos) superen sus beneficios y reducir la discrecionalidad en la toma de decisiones de los funcionarios públicos. La experiencia de Brasil sugiere que también se deben emprender reformas que garanticen la eficacia e independencia del poder judicial, la fiscalía y la policía. También es esencial una prensa libre y la transparencia en los procesos judiciales y en la contratación pública.
Según Gordon Tullock, “Debemos aceptar que en el gobierno, así como en cualquier forma de comercio, la gente buscará avanzar sus intereses privados”. La diferencia es que en los mercados privados los individuos con intereses personales toman decisiones que principalmente los afectan a ellos, mientras que en los mercados políticos los individuos con intereses personales toman decisiones que principalmente afectan a otros.
Considerando todo esto, una sana guía para cualquier reforma es desconfiar de los políticos, limitando su poder.

Publicado en Cato Institute.
 

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