Fundación Atlas 1853

La cuestión previsional

Gabriel Boragina

Abogado. Master en Economía y Administración de Empresas. Egresado de ESEADE (Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas). Autor de numerosos libros, entre ellos: La credulidad, La democracia, Socialismo y Capitalismo, La teoría del mito social, Apuntes sobre filosofía política y económica, etc. como sus obras más vendidas.

Uno de los tantos campos en los que se rehúye la aplicación de los mecanismos de mercado es el referido al ámbito previsional. Desde hace décadas se viene hablando de implantar una reforma al sistema por las magras jubilaciones que perciben sus supuestos "beneficiarios". No obstante, siempre el debate se circunscribe a presuntas "reformas" de orden estatista, es decir, excluyen desde el inicio cualquier medida que implique insertar la materia y su funcionamiento dentro del marco de los procesos de mercado. En Argentina se han hecho cambios de "maquillaje”, como es el que atañe no al sistema en sí mismo (el que no se cuestiona) sino a retoques al vigente que está totalmente regulado por el "estado".

"La nueva fórmula de movilidad previsional hace su debut en marzo. La actualización considera un 70% inflación y un 30% salarios. Esto sustituye la antigua fórmula que operaba en base a dos ecuaciones. La primera ecuación establecía que las jubilaciones se ajustaban en partes iguales según la evolución de los salarios y los recursos tributarios con destino a ANSES. Esto estaba condicionado por la segunda ecuación que establecía que el aumento nunca podría superar el incremento en los recursos per cápita de la ANSES más un 3%."[1]

La cuestión de fondo es que la ANSES es un organismo burocrático que -como todo ente del mismo tipo- se sostiene en base a impuestos. Los tributos que alimentan a esta repartición (como a todas) se detraen de los ingresos que ganan los contribuyentes, tanto los de hecho como los de derecho, y esto incluye no solamente a aquellos trabajadores que están en actividad (eufemismo por los que están trabajando) sino a aquellos que también forman parte del llamado sector "pasivo". De momento que los impuestos no son trasladables (como comúnmente se cree e incluso se enseña en las universidades) todos somos contribuyentes de hecho, aunque sólo algunos lo sean de derecho. La conclusión es que, los mismos ficticios "favorecidos" del sistema son aportantes a este, no sólo cuando trabajan, sino cuando ya oficialmente han dejado de hacerlo. Como en la ilustración del barril sin fondo, lo que entra por un arriba sale por abajo.

"La vieja fórmula era compleja, poco transparente y condicionaba la actualización de las jubilaciones a la disponibilidad de recursos. Esto contribuyó a que no se aplicara correctamente. Un primer desvío se produjo cuando se decidió excluir a las moratorias del cálculo del ingreso per cápita del sistema. Esto evitó que la movilidad fuera afectada por la caída en los ingresos per cápita debido al otorgamiento masivo de beneficios sin aportes. Luego, se decidió no considerar en el cálculo la reducción de ingresos que produjo el fallo de la Corte devolviendo a las provincias el 15% de la masa coparticipable.

Una manera de evaluar el impacto de estos desvíos es medir cuáles habrían sido los incrementos de jubilaciones entre los años 2009 y 2017 según fórmulas alternativas:

* Con la antigua fórmula tal como se aplicó los haberse aumentaron un 950%.

* Aplicando la antigua fórmula correctamente, es decir sin dejar de lado las moratorias ni la pérdida del 15%, el aumento de las jubilaciones habría sido del 620%.

* Si se hubiese aplicado la nueva fórmula el incremento habría sido del 770%. "[2]

Inflación y variación de las jubilaciones según regla de movilidad.

2009 - 2017

El problema viene de muy antiguo, cuando existían las "Cajas de Previsión" también creadas y administradas por el gobierno. Rápidamente -y desde el primer peronismo en adelante- aquellas tristemente célebres cajas de previsión fueron -en realidad- cajas donde los políticos abrevaban para hacerse de recursos que dilapidaban en medio de discursos demagógicos con miras a granjearse el poder y la simpatía popular. Luego de los dos primeros gobiernos de J. D. Perón el sistema no se modificó, sino que sólo cosméticamente como se señaló antes. La solución al problema pasa por un andarivel muy distinto al propuesto, y que consiste en reducir la inflación, permitir el funcionamiento de un sistema de capitalización que reemplace al actual de reparto que -por su misma naturaleza- está condenado al desfinanciamiento permanente por el desbalance recurrente entre quienes aportan y quienes reciben los aportes.

No se trata más que dejar a la gente en libertad para que disponga de sus ingresos presentes de la mejor manera que decidan para sus haberes futuros. En otros términos, permitir que sean los particulares quienes elijan como, cuando y donde aportar y -desde luego- en que cantidad y moneda hacerlo. Los sistemas de seguro o de retiro privados, libre de trabas burocráticas y de regulaciones abstrusas, son los que mejor pueden cumplir este rol, sin la competencia desleal que representa el estatal, que pone al sector privado en inferioridad de condiciones para poder competir, dado los altos costos que la presencia del gobierno en el sector representa, además de los elevados impuestos que los seguros privados deben tributar.

"Estos datos surgen de estimaciones aproximadas pero muestran que si se hubiese aplicado estrictamente la vieja fórmula los aumentos nominales de las jubilaciones habrían estado por debajo de la inflación (estimada en el orden del 765% para el período). Fue necesario apartarse del diseño original para evitar una licuación de los haberes en línea con la erosión financiera que produjeron las moratorias y el fallo de la Corte. Un dato referencial interesante es que si se hubiese aplicado la nueva fórmula los aumentos habrían sido más moderados que los efectivamente aplicados pero superiores a la inflación."[3]

Con una economía sana, es decir, una en que no haya inflación (o esta sea mínima) bajo gasto público, mínimo déficit fiscal, moneda fuerte, y sólidas instituciones (tanto públicas como privadas) puede decirse que el problema salarial (del cual el previsional no es más que una variante) se resuelve por añadidura. Lamentablemente, lo sucedido en el caso argentino -en el periodo que se analiza- no fue así, ni lo era antes del estudio del artículo. En un auténtico sistema previsional privado, o sea, organizado, estructurado y financiando por los propios interesados, no habría necesidad de estar a la espera de ninguna fórmula mágica de actualización que -en definitiva- sigue dejando en manos de los gobiernos de turno el destino de los recursos de las personas en actividad o en situación de retiro.

[1] IDESA. "La nueva movilidad no remplaza la reforma previsional". Informe del 4 de marzo de 2018 – Número 746.

[2] IDESA, Ibidem.

[3] IDESA, ibidem.