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A horas de las elecciones legislativas, aumenta la incertidumbre no sólo sobre quienes serán los nuevos protagonistas del escenario político, sino también del rumbo que tomará el gobierno de aquí al 2015.  Por lo pronto, algunas versiones indican que las sonrisas y las declaraciones amables tienen los minutos contados ya que se implementarán cambios con un fuerte costo político y social.

Esto se desprende de los rumores que señalan que el gobernador Daniel  Scioli enviará tras las elecciones un proyecto de ley a la legislatura provincial que golpeará -nuevamente- la rentabilidad de los productores. De acuerdo con los datos preliminares la iniciativa estará centrada en un pedido urgente de fondos para la gestión mínima del Estado y el pago de sueldos.

Entre otros aumentos, se estima que uno  de ellos consistirá en una suba del impuesto inmobiliario rural. Fuentes oficiales aseguran que no se trata de un incremento, sino de una actualización del valor de las propiedades del 15% al 20% que en la ponderación final rondará en un aumento del 25%.  Si bien la alícuota no será modificada, los contribuyentes pagarán más en 2014 en un porcentaje cercano a la inflación real de la economía. Desde el momento en que el proyecto llegue, la legislatura tendrá la potestad de analizar si estos aumentos son parejos para todo el territorio y se descuenta que en los distritos del sur afectados por la sequía el esquema tributario estará alivianado.

Mientras los dirigentes políticos hacen su jugada, los productores y consumidores se defienden solos de una realidad áspera. Tal vez el caso más extremo sea el del trigo, cuyo laberíntico mercado está perjudicando a varios eslabones de la cadena. El stock de trigo 2012/2013 está agotado, por lo que los molinos decidieron restringir la venta de harina a las panaderías e implementar un sistema de cupos hasta tanto ingrese el cereal de la nueva cosecha. Desde luego, esto afecta a las panaderías, que tendrán menos materia prima para producir, y a los consumidores, que tendrán que pagar más caro el producto.         

En este sentido, la Asociación de Industriales Panaderos de Rosario ya alertó sobre el impacto de los cupos, y sostuvo a través de su titular, Gerardo Di Cosco que “con el aumento de la harina y la instrumentación de cupos para conseguir el pan, éste se irá a $25 y no sabemos hasta donde va a llegar”. 

Por su parte, la Cámara de industriales panaderos de la Ciudad de Buenos Aires está recolectando propuestas para llevarle a Guillermo Moreno con el fin trazar una estrategia para que quede más trigo que el habitual para el consumo interno. Entre las opciones analizadas, se contempla que el gobierno compre una parte de la producción triguera para el consumo local o que se cree una junta de granos que se haga cargo del abastecimiento del cereal.

Los meses de campaña dejaron huérfanos de soluciones a los productores agropecuarios. Para el gobierno “al campo le va bien”, como expresó el vicepresidente Amado Boudou; y al campo y a las entidades ligadas a la actividad no les queda otra que tomar el toro por las astas y proponer soluciones. Tal vez el resultado electoral ayude a que éstas sean escuchadas.