Desafíos del sistema de defensa
Miguel Ángel Toma
Licenciado en Filosofía y Teología. Ex Secretario de Inteligencia de la Naciòn.
La actualidad mundial nos
muestra que han proliferado conflictos
inter e intraestatales muchos de los cuales se concretan a través de
enfrentamientos armados, guerras asimétricas, acciones del terrorismo, guerras
interreligiosas, movimientos independentistas en diferentes estados etc.
También constatamos la expansión del
narcotráfico con el masivo aumento de las adicciones más el previsible
incremento de la oferta con la irrupción en el mercado de la droga sintética, a
lo que sumamos el número de jóvenes que ni estudian ni trabajan y caen
fácilmente como víctimas del Paco.
Las catástrofes naturales, cada vez más
frecuentes, como consecuencia del cambio climático, han vuelto a colocar
nuevamente la necesidad de encontrar las mejoras respuestas a los nuevos
desafíos a la seguridad y a la defensa que nos propone nuestra realidad.
La evolución de los
conflictos, por sus características novedosas, los medios empleados por los
actores, el equipamiento con que cuentan, los escenarios en donde se producen,
las consecuencias que se derivan, ha hecho que la frontera antes tajante entre
las cuestiones de seguridad y defensa haya evolucionado hacia un continuo en
donde ambas se vinculan y se correlacionan con el fin de reducir la envergadura
del daño y responder oportunamente.
Las denominadas guerras
híbridas nos descubren un nuevo escenario en donde participan fuerzas regulares
e irregulares, terrorismo, fanatismos religiosos que hacen que hasta los
propios protagonistas busquen su propia muerte. Muchas veces marcan su
pertenencia a un determinado estado,
otras veces no, y en otras ocasiones
encontramos a Estados que indirectamente apoyan las acciones de esta suerte de
Ejércitos irregulares.
Ha quedado en el pasado la
idea de distinguir el empleo del medio de defensa en función del origen
geográfico de la agresión, o si es perpetrada por un Ejército regular
perteneciente a otro estado, como lo postula nuestra legislación de Defensa.
Hoy, estos conceptos constituyen un error que puede ocasionar consecuencias
trágicas por cuanto la respuesta que demos puede ser inadecuada a las
características que tenga la agresión, ya que es fácil advertir que grupos irregulares
cuentan con una capacidad de agresión con equipamiento que carecen muchos Ejércitos regulares.
Al mismo tiempo, y como
consecuencia de la situación mundial, se
desarrollan escenarios en los que la
Organización Naciones Unidas destaca misiones que procuran el mantenimiento
o imposición de la Paz entre sectores
enfrentados. De la misma manera no se puede soslayar el hecho de que en muchas
ocasiones los esfuerzos que realizan las Naciones Unidas para superar un
conflicto resultan estériles como también que las grandes potencias limitan su
intervención según el interés
estratégico que tenga para ellos la región involucrada.
Significa esto que,
descuidar una capacidad de Defensa propia confiados en la oportuna intervención
internacional frente a la ocurrencia de un conflicto, puede resultar en muchos
casos ilusoria. La muchas veces sorpresiva irrupción en el mundo de regímenes
autoritarios con ingredientes fuertemente nacionalistas autorizan a sostener
que no es conveniente ni para la Argentina ni para los países de la región, que
se produzcan desbalances notorios o desequilibrios por defecto entre las FF.AA.
de cada uno de ellos. El objetivo de mediano plazo debe ser reconstruir ese
equilibrio para avanzar en la construcción de políticas de defensa regionales.
Argentina, en su carácter de
miembro de la O.N.U. tiene numerosos antecedentes en los cuales sus
Fuerzas han intervenido en misiones
encomendadas por ella y sus hombres han alcanzado el reconocimiento y respeto
por el desempeño que los ha distinguido. Se han hecho importantes aportes de tropas en
misiones llevadas adelante en Croacia, Chipre y Haití a título de ejemplo.
Cabe aquí la reflexión en el
sentido que Argentina ha enviado contingentes de sus Fuerzas Armadas en
misiones, por ejemplo en Haití, en donde sus hombres debieron actuar en cuestiones
de Seguridad Interior, siendo que en Argentina por disposiciones legales lo
tienen vedado. Es decir se da la paradoja que deben intervenir en acciones para
las cuales la ley de Seguridad Interior de la República Argentina prohíbe su
adiestramiento.
Ante la
necesidad de reconstruir el capítulo principal de nuestro sistema de defensa
que son las Fuerzas Armadas, con
carácter previo, debe formularse desde la política una directiva estratégica que defina los objetivos
nacionales y precise las etapas para lograr los medios en el marco de una situación económica general que restringe
la previsible asignación de fondos para el sector. Las propuestas desmesuradas
se corresponden con respuestas nulas. Esta decisión estratégica es la que debe
orientar la política de equipamiento que
se lleve adelante.
En este sentido según
nuestra apreciación, el primer
objetivo que Argentina tiene que
perseguir es recuperar el control democrático de sus espacios territoriales
soberanos.
Argentina no controla su
espacio aéreo porque carece de radares suficientes, no tiene aviones
interceptores en número y en estado adecuados, y tiene una ley confusa en
cuanto a su capacidad disuasoria.
No controla su territorio
marítimo que como consecuencia sufre una verdadera rapiña de sus recursos
ictícolas por falta de elementos para un
adecuado patrullaje y por la reticencia de la Prefectura y de la Armada para
coordinar sus escasos elementos en la tarea.
No controla suficientemente
su espacio terrestre porque más del sesenta por ciento de los efectivos de
Gendarmería están destinados a la CABA, el Gran Buenos Aires y Córdoba.
Mientras que también la Prefectura dispone de mas del sesenta por ciento de sus
efectivos a tareas en la CABA y Gran Buenos Aires en lugar de dedicar sus
esfuerzos al control de nuestras costas y de nuestros ríos.
Es una fantasía pensar que
podemos llegar a tener seguridad ciudadana si carecemos del control de nuestros
espacios.
Debemos tener en cuenta que
de manera sostenida cada fuerza de Seguridad ha ido expandiendo su ámbito de
actuación de modo que en muchos aspectos se producen superposiciones y redundancias:
Policía Federal, Policía de la Ciudad, Policías Provinciales, Policías
Municipales, Policía Aduanera, Policía de Seguridad Aeronáutica. Argentina no
gasta poco en seguridad, pero seguramente gasta mal. Urge poner orden en este
aquelarre disponiendo una nueva definición de cada una de las competencias de
manera de hacer más eficiente el empleo de los recursos.
En lo que hace al ámbito de
nuestras Fuerzas Armadas, debe descartarse de plano la compra de equipamiento
que muchas veces se ha hecho siguiendo un criterio de oportunidad (precio de
ocasión, buen financiamiento etc.) y luego se busca la misión que justifique el
empleo del equipamiento cuestión. Lo racional indica que debe adquirirse el
equipamiento según un estricto criterio de prioridades determinado por las
urgencias que deben atenderse en virtud
del planeamiento diseñado por el poder político, con el asesoramiento
del Estado Mayor Conjunto.
Si la prioridad es recuperar
el control de nuestros espacios territoriales soberanos, debemos considerar que
el objetivo final al que debemos apuntar es a recuperar el equilibrio de fuerzas con
los vecinos de la región, de manera que finalmente podamos aspirar a realizar
nuestros aportes adecuados para la creación de un sistema de Defensa regional.
En ese sentido comenzar reuniones con los países de la región con el fin de
lograr un diagnóstico estratégico común
es una tarea recomendable.
Es evidente que el mundo que
vivíamos cuando se dictó nuestra ley de Defensa ha cambiado: era el mundo de la
guerra fría, con dos superpotencias enfrentadas
en un equilibrio del terror, y con enfrentamientos que se producían dentro
de sus esferas de influencia. Esta fue una guerra fría para las potencias
dominantes pero caliente para países que estaban dentro de sus esferas de
influencia. Ellos pagaron con sangre de compatriotas los enfrentamientos que no
se daban a escala mundial.
Este mundo ya no existe por
lo que debemos modernizar nuestra ley para adaptarla a los desafíos de la era
que nos toca vivir.
La cada vez más frecuentes
ocurrencia de catástrofes naturales derivadas del calentamiento global, hacen
necesario que también nuestras Fuerzas tengan capacidad para mitigar las
consecuencias de las mismas. Si bien esta es una misión secundaria, en todo el
mundo se las equipa adecuadamente para que tengan capacidad de respuesta.
Toda política de defensa
para que tenga continuidad debe surgir del consenso de las Fuerzas Políticas
representadas en el Parlamento, sería aconsejable que desde el gobierno
nacional se convoque a todo el espectro político en la búsqueda de consensos
para mejorar la Defensa y la Seguridad de nuestros ciudadanos.
También es necesario que nos
ocupemos de nuestro sistema de Inteligencia, elemento fundamental si se quiere
tener un sistema de seguridad y defensa adecuado.
En este contexto y con esta orientación es que debe abordarse
también el rol de la estructura de inteligencia según lo previsto en la ley
25520, que al igual que las leyes de Defensa Nacional y de Seguridad Interior
fue aprobada por la unanimidad de las fuerzas políticas con representación
parlamentaria. En la misma se le otorga a la Secretaría de Inteligencia (hoy
AFI) la función de coordinar el sistema nacional de inteligencia que contempla
la existencia de una Dirección de Inteligencia Criminal, dependiente
orgánicamente del Ministerio de Seguridad y una Dirección de Inteligencia
Estratégica Militar, que depende orgánicamente del Ministerio de Defensa.
El concepto de dependencia funcional de ambas direcciones a
la actual AFI es indispensable ejercerla en toda su amplitud y extensión,
siendo responsabilidad indelegable de la conducción política de la misma lograr
este objetivo. Así como se debe avanzar
en la coordinación del componente militar de la Defensa con las estructuras de
seguridad, también debe ejercerse en plenitud
la concentración de la producción de inteligencia en quien debe
coordinar este esfuerzo del Estado.
Mantener como estamentos estancos la inteligencia criminal y
la inteligencia estratégica militar, sin la coordinación funcional del máximo
organismo de inteligencia, la AFI, que es quién, además, debe producir la
inteligencia estratégica nacional constituye una inaceptable dilapidación de
recursos y atenta contra la eficacia para “preservar los intereses estratégicos
de la Nación contra toda amenaza de
naturaleza externa o interna”.
En este sentido debe avanzarse en el ámbito parlamentario en
la actualización de la ley 27126 modificatoria de la ley 25520, que a
diferencia de esta última no contó con el consenso necesario para un
instrumento legal que debe reflejar una política de Estado y no ser la expresión de la conveniencia
circunstancial de un gobierno.
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