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El divorcio que se aprecia en la Argentina entre lo que es la expresión electoral y la manifestación concreta del poder, suele ser curioso cuando uno lo analiza en términos mundiales.

En efecto, en el mundo, las victorias o las derrotas en las urnas suelen tener una consecuencia contante y sonante en los escalones del poder poco menos que automática. El hecho de que un gobierno triunfe o salga derrotado en una contienda impacta directamente en las esferas de decisión más trascendentes.

Eso no ocurre en la Argentina desde de que la crisis de 2001 hizo volar por los aires el sistema de partidos y atomizó en mil variantes la oferta electoral.

Como resultado de esa anomalía, en una elección como la del domingo, por ejemplo, son varias las fuerzas (entre ellas el gobierno, claro está) las que se pueden adjudicar el triunfo con la consecuencia de que nadie puede decir que ganó, y con el efecto de que la esperanza de que se verifique un cambio  en el rumbo político se desvanece en la misma proporción.

Esta situación ya se generó en 2009 en donde el kirchnerismo con Néstor Kirchner y Daniel Scioli a la cabeza perdió la elección paradigmática de la provincia de Buenos Aires pero ello no fue óbice para que iniciara la ofensiva política más profunda de la que se tenga memoria, incluso mucho más violenta que la caracterizó al Kirchner inaugural.

De esos meses de furia es, precisamente, la ley de medios que la Corte terminó declarando constitucional el martes pasado.

Es decir, a 48 hs después de lo que muchos interpretaron como una derrota electoral del gobierno, éste podía exhibir un floreo de poder que no había tenido ni cuando obtuvo el 54% de los votos.

La hiperatomización electoral nos ha retrotraído en alguna medida a 1840: lo que se consagran en las elecciones son caudillajes territoriales claros (Macri en Capital, Massa en Buenos Aires, Cobos en Mendoza, Binner en Santa Fe, De la Sota en Córdoba) a la manera del "Chacho" Peñaloza y de Facundo Quiroga, que permiten que el "más fuerte" de todos ellos (en aquel momento Rosas) siga ejerciendo el poder real como si nada hubiera cambiado.

Por supuesto que, en este escenario, es el gobierno el que se siente el "nuevo Rosas" porque al ser la única fuerza "nacional" es el que puede reclamar para sí el lugar de la primera minoría, y en sentido está dispuesto a hacerle sentir el rigor de su poder a los demás.

Este esquema resulta además compatible con una mentalidad social que parece sentirse cómoda con un "taita" que ejerce el poder por el mero hecho de hacérselo sentir a aquel que no lo tiene y que no parece entusiasmado por el ejercicio de ningún otro costado de ese poderío como podría ser, por ejemplo, intentar mejorarle la vida a la gente.

Hace rato que esos aspectos concretos del poder han pasado a un segundo plano: de lo que se trata aquí, una vez más, es de hacerle sentir el rigor del poder al que no lo detenta; hacer con ese poder algo útil para la ciudadanía es completamente secundario.

Un ejemplo sintomático de este ejercicio que podríamos llamar "sádico" del poder es lo que el gobierno se propuso con la ley de medios: en ningún caso lo guió el objetivo de mejorar la vida de la gente o de crear condiciones de desarrollo más compatible con la multiplicación del trabajo y de la elevación del estándar de vida de la sociedad. El único motor de la ley de medios fue la venganza y la puesta a prueba del principio según el cual quien tiene el poder puede someter a quien no lo tiene.

Este solo ejemplo bastaría para demostrar la falacia que se esconde detrás de la postura kirchnerista que presenta al gobierno no como el poder sino como la resistencia popular a los verdaderos poderes, a los "dueños de la pelota".

Desde cualquier punto de vista que se analice a la ley de medios (que no sea éste de enrostrarle a otro el poder que tengo para hacer con él lo que quiero) el instrumento es una calamidad. Antiguo, parcial, desigualitario, en fin, todo lo que pueda decirse de una mala ley, le es aplicable a la que ahora va a regular la oferta audiovisual.

Pero si hay algo que demuestra que el interés de la gente fue lo que menos se tuvo en cuenta al sancionarla, es el hecho de que la norma termina con la garantía constitucional a la inviolabilidad de la propiedad. La Corte ha cometido el sacrilegio de convalidar el que históricamente ha sido el reaseguro más fiable de la pobreza: un derecho de propiedad inseguro y no garantizado.

Con todo lo grave que son las disposiciones de la ley para la libertad de expresión y para la igualdad ante la ley, desde el punto de vista del desarrollo y del nivel de vida del pueblo, el haber abolido la garantía del derecho de propiedad y de haber consagrado el principio por el cual ya nadie estará seguro de lo que tiene, la ley es una pócima mortal.

Nadie ha descubierto hasta ahora la fórmula mágica que permita mejorar las condiciones de vida de la gente sin dinero. Se necesitan montañas inacabables de dinero para multiplicar la riqueza que permite luego hacer que todos vivamos mejor. Ese dinero no va donde pueda ser vulnerado, robado o confiscado. Es así de simple. Los pueblos que intenten esa proeza podrán ser muy revolucionarios, pero se morirán de hambre.

Bajo esta pátina de revolucionismo "a la violeta" es que el gobierno intenta derribar los contrapoderes que lo molesten en el ejercicio del único poder que le importa: el suyo propio.

Y por cierto resulta muy lamentable que el poder por excelencia que la Constitución creó para equilibrar esa fuerza bestial que supone el Poder Ejecutivo, no haya estado a la altura de las circunstancias y, al contrario, haya decidido acompañarlo convalidando la validez constitucional de una norma que será un importante hito en la historia de la futura miseria del pueblo argentino.