Cinismo al desnudo
Enrique G. Avogadro
Abogado.
“Los mejores carecen de
toda convicción, mientras
los peores están llenos
de apasionada intensidad”.
William Butler Yeats
Algunos lectores me han
llamado la atención por decir H° Aguantadero para referirme al Congreso y a
cada Cámara. Sin embargo, y más allá de merecer el nombre por la clara e
impúdica protección que brinda a aquellos de sus miembros procesados o
condenados, debo recordar que se lo llamaba “honorable” porque los
legisladores, al principio, trabajaban por el honor, o sea, sin percibir
salario alguno; no se cobraba por servir a la Patria.
La intervención de
Cristina Elisabet Fernández en el debate previo a la votación que autorizó al
Juez Claudio Bonadio a allanar sus diferentes domicilios justifica con creces
la elección de la cita del epígrafe, aunque el poeta no haya podido imaginar
que veríamos tan claro su significado.
Además de la ridiculez
de los argumentos políticos a los que recurrió la hipócrita ex Presidente en su
defensa, tales como una conspiración global encaminada a perseguir a los
líderes ladri-progresistas de la región (Luiz Inácio Lula da Silva, Rafael
Correa y ella misma), más me asombraron las garantías que consideró vulneradas
en la causa penal que la afecta y que en un futuro, lamentablemente no breve,
la llevará a prisión: inocencia, juez natural, irretroactividad de la ley, no
ser juzgado dos veces por la misma causa y el resto de los preceptos del
artículo 18 de la Constitución.
En uno de sus malabares
dialécticos, la viuda de Kirchner se comparó con los terroristas de los 70’s,
que “no se quebraban ni se arrepentían”, y llegó a decir que, si bien ahora no
se desaparece gente (¡citó otra vez a los inventados 30.000, de los cuales
22.000 nadie reclama ni puede justificar cuarenta años después!), las tropas
represivas actuales incluyen a la prensa, a la Justicia, a los poderes
económicos concentrados y, cuándo no, a los Estados Unidos.
Porque tanto su marido
muerto cuanto ella misma, se disfrazaron de revolucionarios (“la izquierda te
da fueros”, respondió Néstor cuando se le preguntó porqué lo hacía) y ordenaron
–el Senador Miguel Pichetto reconoció que fueron sancionadas por expresas
indicaciones de la Casa Rosada- al Congreso que derogara las leyes de
obediencia debida y punto final y comenzaron a perseguir, con enorme saña, a
los militares que habían combatido la subversión en aquellos años,
utilizándolos como eficaz cortina para dificultar la percepción de sus propios
robos.
A éstos, jovencísimos
oficiales entonces y ahora ancianos, se les negaron todas esas garantías que
Cristina ahora reclama en su protección: se violaron el principio de inocencia
y de defensa en juicio, se cambiaron los jueces naturales, se negó a los
defensores la posibilidad de contrainterrogar a los testigos, se les aplicaron
prisiones preventivas que excedieron todo límite legal, se les denegó el
beneficio de prisión domiciliaria, se los condenó sin pruebas y se ignoraron
las que produjeron los abogados en su favor, se fotografió y filmó a los
imputados para divulgar las imágenes a la prensa y humillarlos, se los arrastró
a las audiencias hasta en camilla, y se desestimaron las incapacidades notorias
que les impedía estar en juicio; en los muy escasos casos en que un tribunal
desobedeció la política persecutoria que emanaba de la propia Corte Suprema, se
escrachó públicamente a los jueces corajudos.
Pese a las promesas que
formuló Mauricio Macri en campaña, en el sentido de terminar con el probado
curro de los derechos humanos, su Secretario del área, Claudio Avruj, sigue
impulsando estas mascaradas y, además, se niega a dar a publicidad las listas de
quienes fueron indemnizados y el monto que cada uno de ellos recibió del
Estado, una cifra que, en conjunto, supera los US$ 3.500 millones. ¡Otra caja,
y no menor!
El otro tema
trascendente de estos días, derivados de la misma causa que comenzó con los
cuadernos de un chofer, es el impacto que tendrá sobre la maltrecha economía
nacional, en función de las complicaciones que, para las principales empresas
constructoras del país, traen aparejadas las confesiones de sus propietarios y
altos ejecutivos. Muchos piensan que deben ser excluidas de todo el sistema de
obra pública; creo que es un error y, si se adoptara esa posición, los
inversores privados en acciones de esas compañías y los trabajadores de éstas,
deberían pagar un injustificable castigo. Y la otra consecuencia sería que,
dado el gran universo complicado en la causa, sólo podrían construir en el país
compañías extranjeras, ahora más que reacias a jugar en la Argentina.
Sostengo que, quienes
han confesado, y más aquéllos que, con cinismo, mintieron ante el Juez para
continuar esperando el proceso en libertad, deben ir ya mismo presos, sean
quienes fueran. Pero, a la vez, preservar a las empresas y permitirles, con
todos los controles y veedurías del caso para impedir la cartelización y los sobreprecios,
participar en las licitaciones y continuar, ajustando a la baja los precios,
las obras en curso.
El Gobierno, que tanto
apostó a recuperación de la economía a través de la participación
público-privada para mantener el ritmo de inversión en obra pública y ahora la
encuentra en vilo, está actuando correctamente, ya que está buscando los
mecanismos que permitan a los bancos financiar esos proyectos sin contaminarse
con la plaga que afecta a sus clientes.
Recordará que en muchas
de mis notas me pregunté si estábamos dispuestos a pagar el costo de la
limpieza de nuestro sistema político y empresarial; Italia, en los 80’s, tuvo
que soportar un larguísimo período de debilidad económica, y una situación
similar está impactando, desde hace tres años, en el desarrollo brasileño. Pero
todo se ha vuelto abstracta, porque el proceso purificador ya resulta
imparable, a punto tal que los propios cuadernos han perdido toda importancia.
La catarata de confesiones (pruebas) de ex funcionarios y empresarios está
confirmando que la asociación ilícita que encabezaron los Kirchner desde los
lejanos días de Santa Cruz, saqueó al país hasta dejarlo exánime y de rodillas.
En esa abyecta y
humillante posición, la Argentina tuvo que recurrir al FMI en busca de ayuda,
pero los causantes directos del estropicio, siempre cínicos, ahora se rasgan
las vestiduras, olvidando las usurarias tasas que debimos pagar para que Hugo
Chávez (dividió la ganancia con el matrimonio presidencial, en valijas
voladoras) prestara el dinero que necesitó Néstor para cancelar la deuda con el
Fondo. Y ahora deberemos soportar, además, la violencia que, no lo dudo,
desatarán en las calles para intentar forzar la caída del Gobierno y zafar de
la cárcel.
Como sociedad, estamos
ante una oportunidad única de reconstruirnos desde los cimientos. Estará en
nosotros mantener la mirada vigilante sobre los acontecimientos y vivos
nuestros reclamos de transparencia y recuperación. Si la clase política sigue
mostrándose cómplice de la corrupción, ajena a esas legítimas aspiraciones y
dedicada sólo a proteger sus privilegios y prebendas, como hizo el Senado
cuando convirtió en inservible el proyecto de ley de extinción de dominio que
había llegado de Diputados, todo el sistema actual colapsará y volverá a oírse
en la calle el grito “¡Que se vayan todos!”; cuando eso sucedió en otros
países, las consecuencias siempre fueron funestas.
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