Fundación Atlas 1853

El Progresismo anarco-Macrista

Eitán Benoliel

La omnipotencia de la patria, convertida fatalmente en omnipotencia del gobierno en que ella se personaliza, es no solamente la negación de la libertad, sino también la negación del progreso social, porque ella suprime la iniciativa privada en la obra de ese progreso. El estado absorbe toda la actividad de los individuos, cuando tiene absorbidos todos sus medios y trabajos de mejoramiento. Para llevar a cabo la absorción el Estado engancha en las filas de sus empleados a los individuos que sería más capaces entregados a sí mismos. En todo interviene el estado y todo se hace por su iniciativa en la gestión de sus intereses públicos. El estado se hace fabricante, constructor, empresario, banquero, comerciante, editor, y se distrae así de mandato esencial y único, que es proteger a los individuos de que se compone contra toda agresión interna y externa. En todas las funciones que no son de la esencia del gobierno obra como ignorante y como un concurrente dañino de los particulares, empeorando el servicio del país, lejos de servirlo mejor.

Juan B. Alberdi (Obras completas, tomo VIII, p. 176/177).

Para los pensadores clásicos, la función esencial del estado es la de proteger a sus ciudadanos contra toda agresión interna y externa. El Contrato Social de Rousseau, el Leviatán de Hobbes, así como Locke, Alberdi, y un sinfín de filósofos, al analizar las razones que llevaron a la aparición del estado y justifican su existencia, llegan a una conclusión en gran medida similar: Para salir del salvajismo del estado naturaleza, los individuos se ponen de acuerdo en que se requiere la existencia de una autoridad que haga de árbitro y mantenga el orden. Caso contrario, se viviría en el caos de la anarquía donde por ejemplo, cualquiera podría venir y matar a su vecino para quedarse con su casa, simplemente porque le pareció buena idea. Entonces todos cedemos un poco de soberanía al estado con tal de este actúe de moderador de la vida en sociedad, y garantice los derechos individuales.

Uno de los politólogos más importantes de la historia, Max Weber, consolida esta línea de pensamiento estableciendo que la característica esencial y única del estado es el monopolio de la violencia (o del uso de la fuerza). El estado es el único autorizado a utilizar la coacción, y de esa manera, garantiza a todos los integrantes de la sociedad que ningún miembro utilizará la violencia contra otro, ya que en ese caso intervendrá el estado -con el uso legítimo de la fuerza otorgado por el conjunto de los ciudadanos- y reestablecerá el orden.

Posteriormente, fueron agregándosele nuevas funciones al estado, ajenas a la original (“esencial y única”) en las que, como bien dice Alberdi, obra como un concurrente dañino de los particulares, por lo menos de acuerdo a la teoría económica y política del liberalismo. Sin embargo, el Progresismo socialdemócrata considera que el Estado debe asumir otras funciones fuera de la de mantener el orden. Debe entonces “proteger a los vulnerables y a los más débiles”, como defiende permanentemente el presidente de Argentina, Mauricio Macri.

Ahora bien, más allá de las diferencias económicas entre la teoría liberal y la progresista, y saliendo de las discusiones en torno a cuál funciona mejor, hay un problema mucho más grave: El progresismo muchas veces no solamente considera a la regulación de los mercados, la búsqueda de la igualdad económica y la justicia social, como funciones esencial del estado; sino que además niega su primera función básica, por la que fue creado en un principio: la de mantener el orden.

Así, la redistribución de la riqueza y los derechos constitucionales de segunda y tercera generación (como se los llama en lenguaje jurídico), como trabajo, educación, medio ambiente limpio, y demás, se vuelven la esencia del estado y son la razón de su existencia; y los de primera generación son dejados de lado. El derecho a vida, a la libertad, a la propiedad, así como las libertades de expresión y de circulación por el territorio, entre otras, ya no son la prioridad del estado, como consecuencia lógica de perder el monopolio de la violencia. El estado se vuelve incapaz de garantizar seguridad a sus ciudadanos, y la vida en sociedad se vuelve caótica.

Por ello es que es acertado hablar de Anarco-macrismo como movimiento ideológico y político. El Presidente Macri no solamente ha aumentado los impuestos, intensificado el castigo al sector privado, y aumentado la intervención del estado en la economía; sino lo que es más grave aún: ha promovido el garanto-abolicionismo judicial, denigrado a las fuerzas de seguridad, y profundizado la destrucción de las fuerzas armadas.

El protocolo anti-piquetes jamás se aplicó y se permiten a diario docenas de cortes de calles que limitan el derecho a la circulación, no se reprime a los manifestantes y activistas comunistas que destruyen la propiedad pública y privada, mientras atacan verbal y físicamente a la policía y a las fuerzas de seguridad. Se sigue recortando el magro presupuesto para las FFAA y se sugiere eliminarlas o fusionarlas en una sola fuerza, alegando que la Argentina (con su extensión territorial, sus reservas de recursos naturales, y reclamos antárticos) tiene las mismas probabilidades de conflicto territorial y militar de Costa Rica.

El grupo terrorista mapuche RAM quema casas y vehículos en la Patagonia, ataca poblaciones civiles, asesina ciudadanos argentinos, violenta los monumentos de los fundadores de la Patria, pero no parece preocupar al Presidente.

No se combate al terrorismo con la dureza que se requiere, no se hace inteligencia, ni se escucha a los servicios extranjeros tampoco. La ministra de seguridad (que defendió el derecho civil a la portación de armas, y debió desdecirse a los pocos días para mantener su cargo), se burló de las advertencias inglesas respecto a posibles atentados en la Argentina, y a los pocos días se sufrió un ataque terrorista en el cementerio de La Recoleta que de milagro salió mal y no mató a nadie. Asimismo, este jueves último la PFA confiscó un arsenal de armas perteneciente a dos seguidores de la organización jihadista Hezbollah. Y para colmo de males, los grandes medios (cooptados por el progresismo, y por lo tanto ultra-oficialistas) minimizan la gravedad de los hechos a través de diversos eufemismos. Hablan de ataques anarquistas en lugar de atentados terroristas, y de simpatizantes de Hezbollah, en lugar de fundamentalistas islámicos.

A pesar de carecer inteligencia criminal y contraterrorista, Macri decidió traer varios miles de refugiados sirios, para estar a la moda europea y mostrar el compromiso de la Argentina con la solidaridad y el progresismo. Incluso cuando hay varios millones de niños argentinos en la pobreza pasando hambre, “lo que vende” en la ONU y frente al mundo, es el niño sirio. Si bien el MI5 y el MI6 no pudieron evitar atentados en Inglaterra logrados gracias a la infiltración de terroristas entre los refugiados sirios, la “moderna” y “avanzada” AFI sí tiene la capacidad para prevenirlos.

Las FFAA son tan poco importantes para este gobierno que jamás se declaró muertos de forma oficial a los submarinistas (a pesar de ser imposible encontrarlos vivos a esta altura), y jamás se declaró un día de duelo por ellos. Que no haya habido una sola cadena nacional durante la desaparición del submarino, y que el Presidente no esté hablando por ese medio a la población general luego de los atentados terroristas de los últimos días, es de una enorme gravedad institucional, ya que refleja el vacío de autoridad, y hace crecer el miedo y el temor en la población. Si el nuestro fuera un país normal, el Presidente haría uso de esa herramienta, para dirigirse a la población y llevarle tranquilidad, asegurando que se está trabajando para neutralizar el terrorismo, pero nada de eso ha ocurrido.

La bandera de la diversidad sexual será izada en todas las escuelas junto a la de Belgrano. Es decir, la bandera de un lobby político y movimiento ideológico vale lo mismo que la insignia de la República que identifica a toda la Nación. Que desde el gobierno se ataque a los símbolos nacionales como la Bandera es de una profunda gravedad institucional, además de ilegal. (La fanática cruzada de Macri contra la familia, la moral, y el cristianismo afectan la integridad moral de la nación, pero no la integridad territorial, por lo cual será dejada de lado en esta nota).

El gobierno de Cambiemos no es anarquista en el sentido moderno del término, porque al ser la igualdad económica un valor esencial de su plataforma, necesita mantener un estado gigantesco en el plano económico. Sin embargo, Macri sí es anarquista si se lo analiza a la luz de las teorías clásicas que consideran funciones esenciales del estado a las de Seguridad, Justicia, y Defensa Exterior. Max Weber, por ejemplo, lo consideraría un anarquista a Macri.

Al haber debilitado estas características originales del estado, -más allá de haber fortalecido las características económicas del estado, bastante posteriores-, nos encontramos ante la presencia de un movimiento político e ideológico anticonstitucional que puede ser resultar peligroso:

El Anarco-Macrismo.

Peligroso porque sin Seguridad, Justicia, y Defensa exterior, no hay Nación posible.

El anarquismo es la antesala de la tiranía. Ocurrió en 1829 y en 1976. En el primer caso le pedimos a un caudillo bonaerense que restableciera el orden. En el segundo caso recurrimos a la Fuerzas Armadas para que se hicieran cargo del poder.

Sería una lástima repetir la historia, ya que la Constitución Nacional da margen muy amplio a los gobiernos republicanos para que combatan al terrorismo, aseguren las condiciones de seguridad, y enjuicien a los responsables. Como dice el artículo 23:

En caso de conmoción interior o de ataque exterior que pongan en peligro el ejercicio de esta Constitución y de las autoridades creadas por ella, se declarará en estado de sitio la provincia o territorio en donde exista la perturbación del orden, quedando suspensas allí las garantías constitucionales. Pero durante esta suspensión no podrá el presidente de la República condenar por sí ni aplicar penas. Su poder se limitará en tal caso respecto de las personas, a arrestarlas o trasladarlas de un punto a otro de la Nación, si ellas no prefiriesen salir fuera del territorio argentino.

El gobierno elegido constitucional y democráticamente debe recuperar el monopolio de la violencia y restablecer la seguridad y el orden, o la República estará en peligro serio de caer. Sería muy ingenuo creer que la anarquía jurídica actual es sostenible en el tiempo.