Peligra la libertad de expresión y de prensa en Uruguay
Hanna Fischer
Analista política uruguaya.


A nivel ciudadano, suele haber poca conciencia sobre la importancia que tiene la libertad de expresión y de prensa para una sociedad. Es una pieza crucial para el buen funcionamiento de la democracia porque es la salvaguarda de los demás derechos humanos.
En las Américas, la Declaración de Chapultepec es la piedra de toque para evaluar este tema. Señala que “la libertad de expresión, motor y punto de partida de los derechos básicos del ser humano” porque “sólo mediante la libre expresión y circulación de ideas, la búsqueda y difusión de informaciones, la posibilidad de indagar y cuestionar, de exponer y reaccionar, de coincidir y discrepar, de dialogar y confrontar, de publicar y transmitir, es posible mantener una sociedad libre”. 
Expresa que la justicia social y la equidad serán palabras vacías en boca de los gobernantes, si ellos obstaculizan la discusión abierta y la información sin barreras de lo que acontece en el país. El desarrollo beneficiará a la sociedad en conjunto, únicamente cuando está garantizado que cualquiera pueda expresar su pensamiento sin temor a represalias porque es la forma en que las sociedades pueden resolver sus conflictos pacíficamente.
Algo relevante —que muchas veces las autoridades pretenden soslayar— es que la libertad de expresión y de prensa no es una concesión de los gobernantes sino un derecho inalienable de los pueblos. 
En consecuencia, como sostiene James Madison, son los ciudadanos los que pueden censurar al gobierno pero jamás a la inversa.
Danilo Arbilla recalca que la libertad de expresión como poder no delegado que es, “hace a la esencia de la democracia y su jerarquía sólo es igualada por el derecho de la sociedad a elegir libremente a sus gobernantes. La libertad de expresión y el voto son dos derechos irrenunciables del ciudadano”. 
Dada la intrínseca relación entre el derecho a recibir información y el voto que menciona Arbilla, si los gobernantes atacan al primero, simultáneamente están afectando al segundo. El jurista uruguayo Justino Jiménez de Aréchaga –que presidió por varios años la Comisión Interamericana de Derechos Humanos– afirma que la falta de libertad de prensa es una forma de fraude electoral previo a las elecciones.
Las ideas mencionadas se comprueban empíricamente. Abundan los ejemplos. El camino hacia el infierno de los venezolanos, nicaragüenses y otros, comenzó cuando Hugo ChávezDaniel Ortega y afines atacaron a la libertad de prensa. Al principio, sus consecuencias fueron electorales pero luego humanitarias…
En consecuencia, la plena vigencia de ese derecho natural debe ser custodiada con especial atención. Hay que denunciar cualquier menoscabo que se le realice por menor (que nunca lo es) que parezca. ¿Por qué subrayamos tanto este asunto? Porque es raro que la libertad se pierda de un solo golpe, sino que la van deteriorando paulatinamente si no se reacciona a tiempo. 
En el concierto americano, Uruguay es una agradable excepción. En líneas generales, allí rige la más amplia libertad de expresión y de prensa. Sin embargo, están surgiendo ciertos hechos que causan preocupación. Se observa una tendencia hacia su menoscabo, especialmente cuando se acercan la elecciones nacionales y hay chances ciertas de que el Frente Amplio pierda el poder. 
Los hechos más significativos son:
Según la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa elaborada en 2017 por Reporteros sin Fronteras, Uruguay descendió cinco escalones con respecto a la medición anterior. La situación seguía siendo buena porque de entre 180 países evaluados ocupaba el puesto 25. 
El mayor problema constatado fue que en 2016 hubo "casos de amenazas, intimidaciones y presiones políticas contra periodistas que cubrían temas delicados, casos en los que estaban implicados miembros de la presidencia de la República".
En 2018, el informe de medio año de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresa preocupación por una medida emanada del Poder Ejecutivo. A iniciativa de la Presidencia de la República, se realizó una licitación para contratar los servicios de monitoreo de medios y relacionamiento estratégico con medios de prensa. En el pliego de condiciones se estableció que la empresa ganadora “deberá señalar alcance, fecha, temas consultados, voceros, los medios en los que se publicó, valoración en la agenda mediática, y el tono con el que se publicaron dichas noticias”. Además, deberá hacer “informes cuantitativos y cualitativos sobre la actividad de los medios de comunicación”.
También menciona que “el 22 de febrero el presidente Tabaré Vázquez, en medio de una movilización del sector agropecuario y delante de periodistas, tuvo una fuerte discusión con un colono que lo calificó de ‘mentiroso’. Veinticuatro horas después, la página de Presidencia publicó un perfil del colono, con datos del Instituto Nacional de Colonización, como deudor moroso. Sorprendió la medida en un país donde está prohibido dar el nombre de un delincuente primario, para no estigmatizar a las personas”.
Las elecciones nacionales son recién en 2019. Sin embargo, ya se está en campaña y como es habitual, hay una avalancha de inauguraciones oficiales. 
En un departamento del interior se estaba inaugurando un nuevo tramo de una ruta. Asistió a la ceremonia el presidente Vázquez pero se retiró a los pocos minutos. Quedaron en el lugar algunos ministros. Entre ellos Víctor Rossi, quien estaba dando un discurso, y Eduardo Bonomi.
Las cámaras de televisión filmaron el momento en que un grupo de trabajadores se acercó pacíficamente y desplegó una pancarta con reclamos para el gobierno. Al notarlo, un grupo de militantes oficialistas se les pusieron adelante y los taparon. Luego el ministro Bonomi –que es un hombre corpulento– hizo lo mismo, al tiempo que los empuja groseramente con su espalda.
Frente a esa situación, dos de ellos se corrieron y trataron de sentarse en el suelo en primera fila para que se viera su pancarta. Pero de inmediato la custodia del ministro Bonomi los retiró por la fuerza y la policía detuvo a uno por varias horas. (Aquí está el video).
Como suele suceder, luego las autoridades trataron de distorsionar lo sucedido. Pero las imágenes no dejan lugar a dudas. 
Lo peor fue que nuevamente recurrieron a la práctica de publicar indebidamente datos personales de uno de los manifestantes.
La prepotencia de los gobernantes durante el aludido acto también se manifestó mediante la actitud hacia lo periodistas. Los comunicadores del lugar emitieron un comunicado para expresar su rechazo al trato que recibieron por parte de Vázquez. Aseguraron que el mandatario los trató con un tono “burlesco” al recibir sus preguntas y no las respondió.
Esos periodistas manifestaron que “En esta ocasión, al ser tratados con menosprecio y hasta violencia, vimos avasallado nuestro derecho a trabajar e informar libremente, atentando así contra el principal valor de la democracia: la libertad de expresión”. 
El mismo menosprecio burlón hacia los periodistas –y por tanto hacia los ciudadanos– exhibió Vázquez durante la inauguración del estadio Antel Arena. En esa ocasión cuando le interrogaron sobre el exorbitante costo que tuvo del edificio o le señalaron que su construcción viola el artículo 190 de la Constitución, su respuesta fue: “Qué lindo está todo, qué lindas plantitas”.
Uruguay aún goza de una aceptable calidad democrática. No obstante, es preocupante la tendencia que venimos observando de vilipendiar a la prensa y la libre expresión por parte de nuestros actuales gobernantes. Esa actitud nunca es inocua, trae consecuencias perniciosas. Por eso hay que frenarla a toda costa antes de que sea demasiado tarde…


Este artículo fue publicado originalmente en el Panam Post (EE.UU.) el 1 de diciembre de 2018 y en Cato Institute.
 

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