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Frente a la derrota del 27 de octubre, el gobierno reaccionó, casi un mes después, con algunos cambios de personas, de estilos y hasta de ciertos paradigmas kirchneristas en materia económica, que parecen inaugurar una nueva etapa.

No hay duda de que el frecuente contacto con la prensa y la convocatoria a algunos opositores, le da al nuevo elenco ministerial ciertos visos de respeto por las formas, lo que significa un notable cambio respecto de la rispidez y maltrato cultivado por el gobierno desde el 25 de mayo de 2003. Habrá que esperar para ver si los cambios en materia económica son acompañados por las imprescindibles modificaciones que hay que hacer en muchas políticas llevadas a cabo desde aquella fecha. Porque esa es la cuestión de fondo: el irrestricto respeto de las normas legales y los consiguientes procedimientos que han sido sistemáticamente violados y el abordaje de problemas acuciantes como el trafico de drogas, la inseguridad ciudadana, los niveles de pobreza e indigencia y tantos  otros que generaron reclamos multitudinarios.

Quienes votaron en contra del gobierno no lo hicieron sólo por razones económicas, como quieren hacer creer y lo admite buena parte de la oposición. También lo hicieron  por la inseguridad, el tráfico de drogas, la prepotencia y mal trato de funcionarios, entre otros factores.

No hay que equivocarse con este gobierno de mentirosos, dogmáticos y vengativos herederos de los fanáticos terroristas de los años setenta a los que se suman la rémora de peronismo acomodaticio y antirrepublicano.

Muchos ciudadanos y dirigentes ven con satisfacción la modificación de la absurda política de aislamiento de la Argentina en materia financiera internacional, con los anunciados intentos de arreglar los desaguisados hechos por el mismo gobierno desde 2003 hasta ayer nomás (arreglo de los juicios ante el CIADI, indemnización a Repsol, intento de acuerdo con el Club de París, acercamiento con los “holdouts”). 

Subsisten, sin embargo y no solo por responsabilidad del oficialismo, sino también de la oposición,  temas tan urticantes como las leyes de emergencia económica que otorgan facultades inconstitucionales al PEN y ahora el intento trasnochado de reformar los códigos civil y de comercio, que vulnera la más que centenaria y pacífica regulación de las relaciones sociales y económicas de los habitantes del país. 

Aún no hay indicios de que se vaya a modificar la totalitaria política en materia de comunicación de los actos de gobierno ni el consiguiente desvío de fondos hacia medios de prensa afines. Ni hablar de las canalladas en materia de negociados y enriquecimiento ilícito de funcionarios y socios. Ni una palabra, a pesar de las evidencias y el reclamo popular

Tampoco se sabe que se hará para mejorar –si en verdad se quiere- nuestras relaciones con Uruguay, Paraguay, Brasil y Chile. Hasta ahora silencio de radio y mantenimiento del ministro a cargo del área.

Nada se sabe de la política en materia de defensa, área no solo desatendida, sino sistemáticamente atacada por motivaciones políticas, rémora del pasado tormentoso de nuestro país. Tampoco hay visos de que se vaya a cambiar la política de hostigamiento hacia las fuerzas armadas, en especial a aquellos de sus integrantes que combatieron la guerrilla terrorista que asoló a la ciudadanía y que hoy permanecen encarcelados y privados de elementales derechos. Subsiste la canallesca e ilegal diferenciación, avalada por la Corte kirchnerista, de combatientes “buenos“(los guerrilleros) y combatientes “malos” (los militares y policías). En esta materia hay mucho que achacar a los opositores que por razones de inconfesable oportunidad y conveniencia, no abordan el tema de la necesaria pacificación.

En medio de la favorable expectativa generada por los cambios hay conviene señalar los reparos, para impulsar modificaciones en otras áreas además de la económica.