Informe Sumario acerca del narcotráfico en la Argentina
Ricardo Runza
Ingeniero
Aeronáutico y Magíster en Defensa Nacional.
Tres preguntas para
entender que pasa y que puede pasar en nuestro país con el narcotráfico
El narcotráfico es, hoy en día, la principal
amenaza a la seguridad estratégica del Estado argentino. Desde hace unos 10
años esta amenaza fue mutando de una típica amenaza a la seguridad pública a
otra de seguridad nacional.
Esto sucedió a medida que el país fue cambiando
de un país de tránsito a otro de producción, consumo y contrabando masivo de
droga.
1) ¿Por qué sucedió
esto?
1) Porque Sudamérica es la única y
principal productora mundial de cocaína del mundo y una de las principales
productoras de marihuana.
2) Porque los Estados sudamericanos no
reconocen ante la opinión pública y ante la comunidad internacional de naciones
que el narcotráfico es una amenaza a la seguridad internacional.
3) Por ende, no reconocen que en sus
territorios se origina (con menor o mayor grado de participación) una amenaza a
la seguridad internacional creciente y cada vez con mayor capacidad de daño y
violencia a nivel global, tal como lo es, actualmente, el narcotráfico.
4) Porque esta negación de la realidad
es ya una característica cultural propia de la mayoría de los miembros de la
elite política de los Estados sudamericanos.
5) Porque esta negación también se
extiende a su propia seguridad nacional, minimizando la magnitud de la amenaza
y sus consecuencias. En ese sentido, las últimas iniciativas del gobierno nacional
uruguayo en este campo son un claro ejemplo de esta conducta.
6) Porque este negocio ilegal
representa (año 2013) unos 72.000 millones de dólares anuales de “ganancia
neta”. Es decir, el equivalente a un PBI varias veces mayor al de algunos
países sudamericanos o a la suma total combinada de algunos de ellos, tales
como Bolivia, Paraguay, Uruguay, Ecuador, Guyana y Surinam.
7) Porque en algunos casos, este monto
también representa intereses que son compartidos (de alguna manera u otra, con
mayor o menor intensidad) por miembros de la elite política sudamericana. Esto
no necesariamente implica que miembros de la elite política sudamericana sean
narcotraficantes directamente, pero sí que comparten corrientes de opinión política
favorable (por cuestiones ideológicas u otras) con el modus operandi del
narcotráfico en la región que se traduce en acción o inacción política directa
o indirecta de los Estados sudamericanos frente a este problema.
8) Porque el reclamo internacional no
es lo suficientemente fuerte y contundente aún para que la elite política
sudamericana reaccione adecuada y proporcionalmente con la fuerza suficiente en
contra de esta amenaza a la seguridad internacional que se origina en sus
propios territorios, con menor o mayor grado de participación.
9) Porque el narcotráfico sudamericano
si bien ha financiado actos terroristas en algunos países africanos todavía su
capacidad de daño no ha afectado sensiblemente y de manera directa a los
principales Estados potencias del planeta o lo ha hecho, solo por ahora,
alineado a intereses transitorios compartidos con algunos de ellos. No obstante,
se destaca la última intervención militar francesa en Malí en este año, como un
ejemplo en donde el accionar combinado de carteles sudamericanos y grupos
terroristas africanos ya empieza a afectar los intereses de ciertos países
centrales de Europa y el comienzo de una reacción determinada, más allá de las
declamaciones diplomáticas, lo políticamente correcto y los documentos
oficiales.
10) Porque aun no existe la conciencia
política suficiente en Sudamérica para prevenir, responder y mitigar de manera
específica, conjunta y combinada esta amenaza a la seguridad internacional, a
la seguridad nacional de cada Estado sudamericano y a la seguridad pública de
cada uno de ellos y sus Estados provinciales y municipales. Esta conducta
claramente puede observarse en los resultados que ofrecen al respecto los foros
hemisféricos y regionales, como así también en aquellos de orden nacional en
donde lo formal y lo políticamente correcto prevalece sobre la acción y la
voluntad política de actuar. “Esconder todo bajo la alfombra” es la conducta común
y compartida que sobresale en este campo.
11) Por el éxito relativo del Plan
Colombia. Ha medida que se va cerrando paulatinamente ese canal de
comercialización se han abierto otros principalmente por Brasil y Argentina. A
medida que el gobierno colombiano cerraba puentes de salida de droga por esa
vía, el narcotráfico encontró otros caminos aprovechando las vulnerabilidades
existentes en otros países. Cabe destacar que, todavía Colombia es el principal
puerto de salida de droga para toda la comunidad internacional, por vía directa
o por medios indirectos, ya sea por México para EEUU y Canadá o por África Occidental,
Marruecos y Libia para Europa y Rusia, a través del Mar Mediterráneo y del Mar
Negro, respectivamente.
12) Porque a medida que Brasil logre
blindar paulatinamente sus muy difíciles y extensas fronteras con mayor control
tecnológico y humano el contrabando de drogas proveniente de Colombia, Perú y
Bolivia, éste buscará la salida más fácil que hoy en día le ofrece por ejemplo
la Argentina. En ese sentido, el programa PPT mostró que, a pesar de las
inversiones realizadas en materia de seguridad fronteriza, Brasil sigue siendo
también un colador y si bien las operaciones conjuntas AGATA han resultado
relativamente exitosas, no lo son lo suficiente aun, ya que Brasil es el
mercado regional de consumo más importante de Sudamérica y el segundo puerto de
salida de droga para abastecer ilegalmente a toda la comunidad internacional.
13) Porque Argentina limita con el
tercer productor mundial de hojas de coca y con el primer productor mundial de
marihuana, es decir con Bolivia y Paraguay respectivamente. Es necesario tomar
en cuenta que, por ejemplo, en el año 2012, se ha estimado que existían unas 25.000 ha dedicadas a la
producción de coca en toda Bolivia, cuando legalmente estaban habilitadas por
el Estado boliviano unas 10.000
ha para la producción destinada al consumo tradicional
de ese producto en la población de ese país.
14) Porque este último hecho concreto e
inobjetable no es reconocido ni aceptado públicamente por la elite política
argentina.
15) Porque el Estado argentino es hoy en
día un ESTADO FALLIDO en materia de seguridad.
2) ¿Por qué el Estado
argentino es un Estado fallido en materia de seguridad?
1) Porque la elite política argentina
tiene, en pleno siglo XXI, rasgos culturales primitivos, es decir: creencias, usos
y costumbres no evolucionadas y muy parecidas a aquellas que existían durante el
medioevo español pre-borbónico del siglo XVIII.
2) Porque esos valores culturales han
afectado sensiblemente el diseño, organización y funcionamiento del Estado
argentino (tanto de su Estado nacional como de sus Estados provinciales y
municipales) durante sus más de 150 años de existencia como Estado organizado y
muy especialmente durante estos últimos 30 años de democracia continua e
imperfecta, perfectamente delegativa en términos de Guillermo O`Donell.
3) Porque el imperfecto diseño orgánico
funcional de tipo federal del Estado argentino y sus componentes estatales han
afectado el Sector Seguridad de este Estado, su performance orgánico funcional
y su capacidad de prevención, respuesta y mitigación de amenazas y riesgos a la
seguridad. Hoy en día el Estado nacional cuenta con un Poder Judicial
organizado unitariamente, con un Poder Ejecutivo con fuerzas y agencias
organizados unitariamente y con un Poder Legislativo organizado con baja
calidad y representación federal. Este panorama es más complicado a nivel
provincial y municipal.
4) Porque la falta de un Estado
republicano y federal, que actúe como tal lo hacen los Estados nacionales,
provinciales y municipales diseñados y organizados de manera republicana y
federal, provoca una disfuncionalidad estructural que ha transformado al Estado
argentino en un Estado feudal, es decir en uno con un comportamiento feudal,
con ineficiencias feudales y sobretodo con ineficacia feudal.
5) Porque este Estado feudal
profundamente unitario ha generado distorsiones de todo tipo en todo el Sector
Seguridad del Estado argentino. Jueces, fiscales, diputados, senadores, concejales,
funcionarios, policías, militares, agentes de inteligencia y agentes civiles de
todo tipo de categoría responden a un señor/a feudal a quien le deben pleitesía
y obediencia, en otra palabra: vasallaje. La vulnerabilidad que este sistema
crea a la corrupción y a la comisión de actos ilícitos de todo tipo es enorme
en todo el Estado.
6) Porque este Estado complejo de orden
unitario ha generado además un Sector Seguridad con muy pobre control ciudadano
sobre sus poderes, comisiones legislativas, tribunales, juzgados, ministerios,
secretarías, agencias y fuerzas abocadas a la prevención, respuesta y
mitigación de amenazas a la seguridad internacional, nacional (defensa y
seguridad interior) y pública (seguridad ciudadana, defensa civil y otras).
7) Porque además este pobre control
ciudadano implica deficiencias estructurales en la calidad de servicio que se
espera de todos los componentes del Sector Seguridad. No hay premio ni castigo
eficaz, por ende, no hay incentivos orgánicos funcionales adecuados para la
búsqueda y el logro de la calidad de servicio y su excelencia. Entonces, ésta
queda supeditada sólo a la conducta individual y a los valores individuales de
cada servidor público. La vulnerabilidad
que se provoca con esto resulta enorme y el servicio estatal específico o
conjunto del Sector Seguridad del Estado nacional, provincial o municipal no se
subordina a los intereses de la sociedad. Por ello, los jueces son casi
semidioses inamovibles cuya calidad de servicio no tiene casi posibilidad
alguna de ser juzgada y controlada por la sociedad; los fiscales (ignotos
desconocidos) pueden actuar con total impunidad a favor de cualquier victimario;
los penitenciarios, las policías, las fuerzas de seguridad, los agentes de
inteligencia y los militares hacer lo que quieran con un grado de corrupción enorme,
sin que nadie pueda hacer nada contra sus actos ilícitos y su mala calidad de
servicio; los servicios de aduana, de migraciones y control financiero actuar
con total corrupción, impunidad y descontrol y; los legisladores que integran
las comisiones legislativas con responsabilidades en el campo de la seguridad
internacional, nacional o pública no actuar, no controlar y dejar hacer, bajo
la impunidad del anonimato y sus pactos de vasallaje, sin ningún compromiso con
la sociedad que los votó.
8) Porque todo esto antes mencionado ha
generado una vulnerabilidad estructural que se agrava aun más con la distorsión
técnica que se tiene conceptualmente de la seguridad que ha llevado a que en la
Argentina cuando se habla de seguridad se lo hace de manera diferente a como se
entiende técnicamente de ella en el resto de la comunidad internacional. La
ideología ha hecho estragos, ha inmovilizado al Estado, ha creado un marco
legal obsoleto e incapaz para prevenir, responder y mitigar las amenazas a la
seguridad que existen, hoy en día, en nuestra civilización humana contemporánea
y que impacta -indudablemente- en nuestra sociedad. Por ello, para nuestros
políticos en general, la seguridad internacional no es una cuestión del Estado
argentino. El papel demostrado durante la última Presidencia Pre Tempore del
Consejo de Seguridad de la ONU por el caso sirio así lo demuestra. Por otro
lado, para la legislación actual la seguridad nacional no existe. Somos el
único país del planeta en donde existe esta situación. Aquí es el único lugar
en el mundo en donde seguridad ciudadana, seguridad pública y seguridad
interior son lo mismo, es decir conceptos sinónimos. Por eso, los gendarmes y
prefectos cumplen funciones de policía. Todo da igual. Por esta razón también
aquí no existen medios y protocolos diferentes de actuación para cada caso de
seguridad, tal como sucede en el resto del mundo. El Ministro de Seguridad y
sus Secretarios a nivel nacional son unos de seguridad ciudadana que se
preocupan por delitos menores sólo en el AMBA y no por tener una Política ni
una Estrategia de Seguridad Nacional, tal como se hace en casi todos los países
desarrollados, para coordinar y orientar la acción de prevención, respuesta y
mitigación del Sector Seguridad del Estado argentino y todos sus componentes a
nivel nacional, provincial y municipal.
9) Porque el enorme gasto que implica
el Sector Seguridad del Estado argentino (Yo estimo unos u$s 7.000 millones anuales sólo en el Sector
Seguridad del Estado nacional) no tiene eficiencia alguna y no tiene dirección
estratégica ni táctica alguna ante la carencia de una política pública definida
y de amplio conocimiento público y ante la ausencia permanente de una
estrategia que en estos 30 años de democracia nunca fue definida por nadie y
por ningún gobierno.
10) Porque el perfil profesional del
Estado en todos su componentes ha sido destruido y las recomendaciones de Max
Weber completamente ignoradas, por ende la inexistencia de una burocracia no
politizada y profesional impacta en todos los niveles de los Poderes Legislativos,
Judiciales y Ejecutivos del Estado nacional y más aun en los Estados
provinciales y municipales en donde esta falta de calidad profesional es más
fácil de percibir y comprobar. En este sentido es fácil entender y tomar
dimensión de la degradación doctrinaria, operativa, logística, humana y
material que se posee.
3) Entonces, ¿Qué
ocasiona el entorno sudamericano descripto y la situación de Estado fallido que
presenta el Estado argentino?
1) Una enorme vulnerabilidad para que
el narcotráfico y otras amenazas a la seguridad estratégica del Estado instalen
sus actividades en el país y desde aquí proyecten su influencia a escala
regional y global.
2) La creación de una red de
narcotráfico muy enquistado en la sociedad y con relación de intereses
compartidos con la elite política, especialmente en ciertos enclaves
territoriales en donde pueden obtener beneficios de impunidad y ventajas
competitivas para la producción, el contrabando y el lavado de sus activos.
3) Un mercado local atractivo en los
principales enclaves urbanos del país que aunque no genere ganancias en moneda
fuerte proporciona ganancias importantes y asegura la red de protección e
impunidad con los actores políticos y burocráticos de los Estados municipales,
provinciales y nacionales.
4) Una puerta de salida estratégica,
con la necesaria infraestructura (aeroportuaria y portuaria) y con rutas
operables de interconexión regionales e internacionales (terrestres, aéreas,
fluviales y marítimas) lo suficientemente impunes y abiertas para abastecer de
droga a toda la comunidad internacional y a los principales mercados
sudamericanos de consumo.
5) Un enclave geográficamente lejano de
los principales Estados potencias de la comunidad internacional y del alcance
efectivo de sus medios de empleo de fuerza militar o policial.
6) Un Estado lo suficientemente
corrupto, para asegurar protección con el menor riesgo posible y costos todavía
aceptables, que ofrece, al mismo tiempo, una envergadura política internacional
y regional que lo hace difícil de ser avasallado o invadido por otros Estados
nacionales y que puede resistir con cierta firmeza y por cierto tiempo
prolongado reclamos diplomáticos o la acción directa o indirecta de la
comunidad internacional y sus organizaciones multilaterales.
7) Un paraíso territorial con buen estatus
de vida para los carteles internacionales sudamericanos, las bandas locales y
sus familias.
8) Una debilidad estructural muy difícil
de solucionar en el corto y mediano plazo que pueda poner en peligro o en
riesgo las garantías y ventajas mencionadas anteriormente, por más vocación
política que se posea en contra del narcotráfico y para solucionar los
problemas estructurales del Estado argentino y su Sector Seguridad, lo que da
lugar a contar con tiempo más que suficiente para contra actuar en contra de quien o quienes quieran cambiar
el actual status quo que beneficia al narcotráfico en el país.
9) Una retroalimentación continua de las
taras culturales e ideológicas de nuestra elite política que impide salir de
este laberinto. Por eso, las autoridades nacionales y provinciales tienden a
minimizar el problema del narcotráfico. Todos están interesados que éste no se
presente ante a la opinión pública con la gravedad que ella en realidad tiene.
Por eso el caso Bonfatti, ha sido minimizado y es un claro ejemplo de esto.
10) Que no haya nadie en la elite
política actual con ánimo de reconocer la magnitud real del problema y la
titánica y riesgosa tarea que representa solucionarlo. Nadie quiere hacer una
autocrítica de su propio actuar en el gobierno y en la oposición. No hay
voluntad política y lo que se escucha son propuestas de parches en una pared
llena de rajaduras, mientras los cimientos están podridos y todos se conforman
con un poco de pintura para tapar la situación.
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