Recuperando potestades
Enrique G. Avogadro
Abogado.
_“ES ESTÚPIDO DEJAR LAS DECISIONES SOBRE ECONOMÍA A AQUELLOS QUE NO
PAGARÁN PRECIO ALGUNO POR EQUIVOCARSE”. THOMAS SOWELL _
Cuando el hombre comenzó a vivir en comunidad y para evitar que
continuara rigiendo la ley de la selva, naturalmente cedió algunas de
sus libertades y derechos a algo superior, que dio en llamarse, mucho
después, “Estado”. Así, a cambio de renunciar a ellos, le
encomendó –y le exige- que se ocupara de su defensa, de su seguridad,
de su educación, de su salud y de la Justicia; como parte de ese
contrato tácito, paga al Estado los impuestos que le permitan soportar
esas tareas. También le delegó la organización de las relaciones
entre los individuos que componen la sociedad.
En la Argentina actual, y pese a que ese contrato sigue teóricamente
rigiendo, apoyado en la Constitución y en el Código Civil, el Estado
ya había desertado, y los ciudadanos estamos sometidos a la
indefensión como nación, a la cotidiana inseguridad, a la falta de
salud, de educación y a la falta de Justicia, por lenta y por sometida
al poder de turno. Nos vemos enfrentados a soportar doblemente el costo
de contar con esos beneficios elementales, ya que seguimos pagando
impuestos pero, además, tenemos que hacer frente al costo de la
contratación privada de vigiladores, colegios y prepagas médicas para
subsanar esa ausencia estatal.
En estos días, en Córdoba, se vio a ciudadanos encaramados a los
techos de sus viviendas y negocios, o nucleados atrás de barricadas,
armados y dispuestos a defender con su vida –dada su inexperiencia-
sus bienes ante las hordas que destruían todo a su paso. Sin darse
cuenta, reasumieron una potestad que habían transferido, por ese
acuerdo originario, al Estado, ya que éste había desertado y se
encontraban en total desamparo frente a la violencia desatada.
Esta situación representa un salto cualitativo, hacia atrás, respecto
a todos los conflictos sociales que los argentinos hemos soportado en
los últimos años y, seguramente, continuará _in crescendo_, por el
triste papel que desempeñaron, durante esas horas trágicas, quienes
tienen a su cargo ejecutar las tareas que son propias del Estado. Doña
Cristina _in absentia_, _Anímal_ y hasta Randazzo hicieron fila para
pegarle al _Gallego _de la Sota, lavándose las manos respecto a la
crisis que la “década ganada” había generado y que, como vimos por
televisión, estuvo a punto de convertirse en una tragedia. Al negarse a
enviar a la Gendarmería –_Super _Berni lo ordenó, pero el _Chino
_Zannini lo desautorizó- el cristinismo, una vez más, dio una muestra
cabal de la confusión que en su concepto existe entre Gobierno y
Estado; en ella, tal como lo confirmó un patético _Coqui _Capitanich
invocando al federalismo constitucional, las fuerzas federales sólo
pueden actuar cuando quien solicita su auxilio es un obediente seguidor
de los dictados de Olivos. ¡Qué pena que ese mismo federalismo sea
olvidado a la hora de repartir ingresos fiscales!
Se me ha preguntado, desde el momento de los hechos, si los saqueos
estaban organizados por algún malparido con intencionalidad política.
La respuesta contiene dos aseveraciones: sí lo estaban, y en esa
organización seguramente participaron narcos, pero tuvieron esa
magnitud porque existe un caldo de cultivo que favorece la protesta.
Detrás de los primeros enmascarados, que robaban plasmas y alcohol,
necesariamente hubo multitudes crispadas y enojadas, que padecen
diariamente esta demencial política económica, que ha llevado a que el
verdadero índice de precios (el de los changuitos de supermercado) se
haya disparado a partir de noviembre, lo cual llevará la inflación
anual a superar el 30%.
El Gobierno avivó la inquietud social con tres anuncios convergentes:
no acepta pagar el bono que todas las centrales gremiales solicitan para
fin de año, descontará el impuesto a las ganancias sobre la segunda
cuota del aguinaldo y mandó a imprimir, en la Casa de la Moneda y en
Ciccone, ciento cuarenta millones de billetes de cien pesos para hacer
frente al pago de esa segunda cuota a los empleados públicos.
El desprecio que los funcionarios tienen por la inflación (a la que
ningunean), la carencia de un plan económico coherente –no se puede
considerar como tal al nuevo congelamiento de precios que, dicen,
regirá a partir de enero- y la monstruosa emisión monetaria, harán
que el arrastre de este año lleve al índice de los precios a superar
el 40% en 2014; el permanente drenaje de reservas, la obligación de
importar cantidades mayores de combustibles más caros y el nuevo robo
que cometerán cuando paguen el cupón atado al crecimiento del PBI
(nada menos que US$ 5.000 millones), tampoco permiten ser optimista
respecto a un cambio diametral en la toma de decisiones.
Pero, tal vez, el principal factor coadyuvante de lo que ocurrió en
Córdoba haya que buscarlo en la anomia moral que hoy reina en nuestra
sociedad. Todos los límites se han sobrepasado, y se ha impuesto el
“sálvese quien pueda”.
El mundo entero está contemplando, con asombro y repugnancia, cómo la
señora Presidente se mofa de todos, acumulando una fortuna personal
cuyo crecimiento exponencial ni se molesta en explicar, como tampoco lo
hace con las relaciones que mantiene con los personajes más oscuros de
la escena nacional, como Lázaro Báez, Cristóbal López, Spolsky,
Eskenazi, Ferreyra (Electroingeniería), sus secretarios y sus
jardineros y tantos otros, enriquecidos por haber prestado sus nombres
para encubrir los latrocinios de la pareja imperial.
El Vicepresidente, el inefable _Guita-rrita_, se robó, con sus
cómplices _Nariga _Núñez Carmona y _Vandermoco_, la mayor imprenta
del país, que tiene a su cargo nada menos que la producción del
dinero. Además de hacerse enormemente rico, y seguir festejándolo a
carcajadas, le cobró una comisión de siete millones a la provincia
más pobre del país para renegociar su deuda con el Estado nacional, o
sea, con él mismo.
Sin embargo, los jueces de Comodoro Py no han llamado a ninguno de ellos
a prestar declaración indagatoria, y todos –hasta _Jaimito_- siguen
libres y haciendo daño. Entonces, ¿no resulta razonable que alguien
crea que puede robar impunemente un televisor o un coche de bebé? Si a
los grandes delitos que los funcionarios de todo pelaje han perpetrado
no les ha correspondido pena alguna, ¿por qué preocuparse entonces por
la comisión de un hecho tan menor?
Para terminar de aguar las esperanzas de quienes creían que los cambios
en el Gabinete traerían aparejada una mejor relación con la sociedad,
con el mundo y con los mercados, el viernes –como ya ha sucedido en la
Cancillería- se produjo la designación de un chico de La Cámpora para
ocupar la jefatura de uno de los organismos técnicos para prestigiosos
del país, el INTA. Sólo cabe esperar que el peronismo, que aportó los
votos necesarios en octubre, se niegue a seguir convalidando la
ocupación del Estado por estos niñatos corruptos y espléndidamente
rentados, pero incapaces, siquiera, de ganar una elección
universitaria.
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