Fundación Atlas 1853

Córdoba: Instituciones en peligro

Agustín Lopez Olocco

Estudiante de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba. Siempre se ha interesado por los temas de la actualidad política, lo que lo llevó a participar en la creación de un centro de estudiantes en su Colegio secundario "Gabriel Taborin" en Córdoba capital. Sueña con poder participar en el diseño de políticas públicas locales algún día, en pos de alcanzar el ideario de una sociedad más libre y justa.

En Córdoba la democracia se encuentra en riesgo. Deriva de la abrupta brecha entre candidatos en los comicios del pasado 12 de mayo. No es mi intención remarcar ningún tipo de práctica antidemocrática por parte de algún funcionario cordobés, simplemente intentaré marcar una situación que es preocupante a nivel institucional en nuestra Provincia.

A partir del 10 de diciembre estaremos a merced de una persona, una persona que dominará todos los espectros del Estado Provincial. Estoy hablando de Juan Schiaretti.

El Partido “Hacemos Córdoba” tendrá, a fines de 2019, el control del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo de la Ciudad y la Provincia de Córdoba. En la Legislatura Provincial tendrán 51 bancas sobre 70, lo que implica un 72,86% del dominio de todo el órgano ¿Qué quiere decir esto? Que el partido peronista cordobés, podrá remover a miembros de la Legislatura y modificar la Constitución Provincial, sin necesidad de tejer alianzas o generar consensos de ningún tipo. Por su parte, el mismo partido, en la Ciudad de Córdoba tendrá 51,61% del total de las bancas del Concejo Deliberante. Esto es algo que no nos sorprende porque sucede hace muchísimos años, pero no debería dejar de alarmarnos. Esta práctica tiene su orígen en la cláusula de gobernabilidad (nefasta a mi criterio) incorporada en el Artículo 183 inciso 2 de nuestra Constitución local. La norma nos impone a los municipios con Carta Orgánica que el partido titular del Poder Ejecutivo debe mantener durante su mandato la mitad más uno de los representantes del Poder Legislativo.

Lo más grave y entristecedor, además de lo mencionado, es la vulnerabilidad de la Independencia del Poder Judicial, que debe ser garantizada por el Consejo de la Magistratura. Sus miembros deben velar por un régimen de concursos y de selección objetiva de los magistrados. Sin embargo, ya es dominado por Juan Schiaretti, y para el 10 de diciembre lo será más aún. Digo esto, porque nuestro Gobernador es quien designa a los miembros del Tribunal Superior de Justicia, al Fiscal General, al Ministro de Justicia y, por medio de su mayoría legislativa, a un Miembro de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales, y a dos funcionarios del Poder Judicial que componen el órgano. En consecuencia, sin pestañear, “Hacemos Córdoba” tendrá en su bolsillo a 7 de los 9 miembros del Consejo de la Magistratura.

Prueba y consecuencia de otorgar tanto poder a un único Partido Político, es que el electo Intendente de la Ciudad, Martín Llaryora, no cumplió con los requisitos legales para ser Candidato. La Justicia Electoral de la Provincia de Córdoba, burló a nuestro régimen normativo una vez más. Es claro el inciso 3 del Artículo 81 de la Carta Orgánica de Córdoba, cuando reza que los 4 años de residencia deben ser continuos y previos a la elección. Llaryora hasta el 10 de Diciembre de 2015 se desempeñó como Intendente de San Francisco. Con lo cual, cumple con 4 años de residencia en la Ciudad de Córdoba, pero al tiempo de la asunción del cargo (10 de diciembre de 2019), y no previo a la elección (12 de mayo de 2019), como lo establece claramente el mentado inciso.

Además es en el Artículo 82 de la norma que se estipula que para desempeñarse en el cargo de Intendente, no se pueden incurrir en las inhabilidades que rigen para los Concejales. Las mismas, se encuentran enumeradas en el Artículo 54 de la Carta Orgánica, y en el inciso 1 establece como primer inhabilidad que no lo podrán ser aquellos que no puedan ser electores. El Tribunal Superior de Justicia interpretó esta prerrogativa en un sentido errado. Argumentan que es necesario ser elector, poder votar, sin importar donde. El electo Intendente votó en San Francisco y no en la Ciudad de Córdoba como debería haber sido, en virtud del espíritu legal, para poder ser Candidato en dicha Ciudad. Además, aducen que la inhabilidad será suplida al momento de tomar posesión del cargo, debido a que estará en el padrón respectivo, lo cual data de una especulación atroz.

La situación institucional cordobesa no es responsabilidad, a mi criterio, ni del actual Gobernador ni de sus votantes. Es nuestro débil ordenamiento jurídico y la oposición política, que avalan muchas de las situaciones mencionadas. Estaremos expuestos al resquebrajamiento del sistema representativo y republicano, aunque siempre confiando en que las autoridades no harán uso de la suma del poder público para vulnerar los derechos individuales y de las demás minorías.