¡Será Justicia!... ¿Será Justicia?

Rogelio López Guillemain
Autor del libro "La rebelión de los mansos", entre otras obras. Médico Cirujano. Especialista en Cirugía Plástica. Especialista
en Cirugía General. Jefe del servicio de Quirófano del Hospital Domingo Funes,
Córdoba. Director del Centro de Formación de Cirugía del Domingo Funes
(reconocido por CONEAU). Productor y conductor de "Sucesos de nuestra
historia" por radio sucesos, Córdoba.
“Los confines más oscuros del infierno están reservados
para aquellos que en tiempo de crisis moral, permanecen neutrales”
Dante
Alighieri
El Poder Judicial debería ser la reserva moral
de la Patria… debería, pero lamentablemente dista muchísimo de serlo.
A lo largo de nuestra historia, al menos desde
1930, la Suprema Corte de ¿Justicia? se “adaptó” a los momentos
políticos que primaban en el país, avalando con acordadas los golpes de estado
y mirando para otro lado ante las flagrantes agresiones a la Constitución de
Alberdi.
Me pregunto y te pregunto ¿Qué tipo de justicia
nos asegura hoy la Justicia a nosotros, los ciudadanos argentinos que marchamos
derecho por la vida?
¿Justicia en las calles? Creo que no hacen falta demasiados
comentarios al respecto. Dudo que exista
un solo argentino que pueda decir que nunca sufrió él, sus amigos o sus familiares
un hecho de inseguridad. El delito, algo
que debería ser anecdótico, se ha convertido en lo habitual.
El garantismo, con su principal referente
Zaffaroni, ha destruido el clima de tranquilidad imprescindible para la sana
convivencia de una sociedad. Si el
delincuente tiene tantas o más prerrogativas que la víctima, si “da lo mismo
el que labura… que el que está fuera de la ley” (cambalache), entonces el
tejido social se descompone, la anarquía aparece y se impone la ley de la
selva.
En
1968, Gary Becker publicó “crimen y castigo: una aproximación económica”. Esta “economía del delito” explica las
motivaciones y los costos del fenómeno delictivo desde el punto de vista de la
economía.
Básicamente
esta teoría dice que el delito sigue las mismas reglas que cualquier
negocio. La relación entre costos
(castigo) y beneficios (botín), define si vale la pena o no delinquir. A su vez, el costo tiene dos variantes: la
pena en sí (cuantos años de prisión) y la probabilidad de que esa pena sea
efectiva (impunidad); es precisamente en este último punto en donde el
garantismo ha clavado sus uñas, el delincuente sale libre de la comisaría antes
de que su víctima termine el trámite de la denuncia.
¿Justicia en el parlamento?, no lo creo. No creo que exista allí justicia (dar a cada
quien lo que merece) cuando los diputados que cobran muchísimo y se “desgarran” las vestiduras por el
pueblo, tuvieron sólo 5 sesiones este año, una constante que se repite desde
hace casi una década; el récord de “esfuerzo”
fue en el año 2016 donde terminaron extenuados luego de tener 11 sesiones en
todo el año.
Tampoco creo justo que los legisladores se
abusen de sus fueros. Estos fueron
creados para evitar la persecución y censura por cuestiones de opiniones
políticas, no para ser impunes como ciudadanos en lo civil, penal y comercial.
¿Justicia en la Justicia? Ya hablamos de lo perversa que esta se ha
vuelto para con los ciudadanos de a pie, que yacen indefensos como presas en un
zoológico listos para ser cazados por los delincuentes.
Otro aspecto a considerar, es la subordinación
del poder judicial a los deseos de la política.
El Consejo de la Magistratura (que es el órgano fundamental para el
nombramiento y destitución de jueces) tiene mayoría política sobre la académica
(7 de 13), perdiendo de este modo la imprescindible independencia.
Además la Suprema Cote de Justicia (que desde
1930 no ha mostrado ser demasiado valiente),
se mueve de acuerdo a los deseos del poder político y no según la
necesidad de los ciudadanos.
Por todo lo anterior, muchos de los jueces
actuantes son: o cómplices ideológicos del garantismo, u obedientes lacayos
temerosos de hacer enojar a “los jefes” o bien apóstoles de lo
políticamente correctos; sea como fuese, las causas que implican a políticos,
sindicalistas u otros peces gordos, duermen “el sueño de los justos”.
Así llegamos al nuevo avance que pretende el
Frente de Todos, fervientes defensores del unitarismo disfrazado de federalismo
(por algo su referente histórico es Rosas) y de los personalismos caudillezcos y
mesiánicos típicos del Medioevo y de los países subdesarrollados.
Este sector de la política (que alcanzó un 47%
de los votos en las PASO, ¿síndrome de Estocolmo?), pretende cambiar la
constitución y adecuarla a sus necesidades y su proyecto político. Esto queda patentizado en la falta de definiciones
y precisiones con respecto a qué cambios pretenden efectuar.
La Constitución de 1993 creó la figura del
Defensor del Pueblo, puesto que llamativamente se encuentra vacante desde hace…
“años”. Este funcionario tiene
la misión de “defensa y protección de los derechos humanos y demás derechos,
garantías e intereses de la Constitución”.
Muy conveniente su ausencia.
Pero acá no termina el asunto. Encontramos también a Alberto Fernández quien aseguró: "me parece que vamos a
tener que revisar muchas sentencias que se han dictado en los últimos
años, que carecen de todo sustento jurídico y de toda racionalidad
jurídica".
Asimismo, el inefable Eugenio Zaffaroni, haciendo referencia a los juicios
presentes a los miembros del gobierno anterior dijo: “se
podría hacer una ley de revisión extraordinaria ante una cámara y de ahí a la
Corte. Habrá que pensar si vale la pena mantener la estructura de la Corte, si
hay que cambiarla un poco. De alguna
manera habría que pensar un método revisor extraordinario en los casos en los
que se ha visto arbitrariedad. Esta
actividad procesal que tenemos es insólita”.
Renglón seguido dijo: “el Poder Judicial es bastante sensible a los cambios de gobierno” y se
mostró a favor de hacer “una ley de revisión por las causas de los presos
políticos”.
El mismo ex juez que fue propulsor de la ley
23.057 que modificó las reglas del Código Penal sobre reincidencia y
condenación condicional: “un derecho
penal menos estigmatizante y a una restricción de la privación de la libertad criminalizante”
(Zaffaroni, 1984, 361, 370).
En la misma
línea el intendente de San Antonio de Areco, Francisco Duroñona, aseguró que "a partir del 10 de diciembre hay que
trabajar en una profunda reforma judicial". "Es
evidente que, a partir del 10 de diciembre, hay que trabajar en una profunda reforma judicial,
desde la Corte hacia abajo". "Los miembros de la Corte tienen que ser militantes nuestros (por
el kirchnerismo), no acomplejados, que cuando llega la hora de
jubilarse se vayan y abandonen el cargo" “cuando hablo de militantes
en la Corte hablo de hombres y mujeres que tengan estructura jurídica, que
tengan conocimiento en el derecho, pero que tengan también una posición
política”.
Lo cierto es que
nuestra patria está en riesgo y la inacción de los hombres de bien llena de
coraje a estos forajidos. Si no decimos
¡basta!, y terminamos de una vez por todas con estas mafias, van a ser ellos
los que terminen con nosotros. Porque
como decía Martin Luther King: “no me
preocupa el grito de los violentos, de los corruptos, de los deshonestos, de
los sin ética. Lo que más me preocupa es el silencio de los buenos”.
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