Fundación Atlas 1853

¿Están calificados los padres para decidir la educación de sus hijos?

Edgardo Zablotsky

Ph.D. en Economía en la Universidad de Chicago, 1992. Rector de UCEMA. En Noviembre 2015 fue electo Miembro de la Academia Nacional de Educación. Miembro del Consejo Académico de la Fundación Atlas para una Sociedad Libre. Consultor y conferencista en políticas públicas en el área educativa, centra su interés en dos campos de research: filantropía no asistencialista y los problemas asociados a la educación en nuestro país.

En junio pasado publiqué en la Revista Criterio una nota titulada: “¿Quién mejor que los padres para decidir la educación de sus propios hijos?”. La misma se basaba en una idea sencilla. Nadie puede estar peor por tener la posibilidad de elegir. Si le preguntamos a un padre de niños en edad escolar si prefiere el actual sistema de educación pública gratuita o recibir un subsidio que le permita elegir la escuela a la que desee enviar a su hijos, ya sea pública o privada, religiosa o laica, su respuesta debería ser obvia, dado que ninguna familia estaría obligada a dejar de enviar sus hijos a una institución pública. Todo padre que desease una educación distinta para sus hijos, a la que hoy no tiene acceso por sus restricciones económicas, podría hacerlo y quien prefiriese que concurriesen a la escuela pública a la que asisten actualmente también podría hacerlo.

En dicha nota reproduje declaraciones del Arzobispo de Montevideo, Cardenal Daniel Sturla, respaldando esta idea. Por ejemplo, en julio 2017, el Cardenal Sturla abogó en un programa radial por la libertad de enseñanza: “Lo que la Iglesia trata de proclamar desde hace muchos años en este país es que apliquemos el derecho de los padres a elegir la educación que quieren para sus hijos”. Fundamentó su posición en el hecho que el artículo 68 de la Constitución del Uruguay explicita que “queda garantizada la libertad de enseñanza” y que la Ley establece que “todo padre o tutor tiene derecho a elegir para la enseñanza de sus hijos o pupilos, los maestros e instituciones que desee”.El Arzobispo de Montevideo subrayó que este derecho “supondría, en un país democrático y plural como el nuestro, dar a los padres que tienen dificultades económicas la posibilidad de poder también elegir, del mismo modo que lo hacen los padres que tienen suficientes medios”.

¿Cómo llevar a la práctica esta idea? Sencillo. Un monopolio genera importantes costos para los consumidores. ¿Qué mejor evidencia de ello que el virtual monopolio estatal de la educación? Al fin y cabo, aquellas familias carentes de posibilidades económicas para optar entre una institución pública y otra privada enfrentan al Estado como el proveedor monopólico de los servicios educativos que reciben sus hijos.

Hace años que propongo estructurar una tarjeta, a la que denominé Educard, que permita cambiar esta realidad. La misma podría ser entregada a todos los padres de familia o, si fiscalmente ello no es factible, a aquellas familias que califiquen según un criterio de necesidad, con un único importe acreditado a ser aplicado cada mes, ya sea en una institución educativa pública o privada, religiosa o lacia. De esta forma parte del presupuesto educativo seguiría a los alumnos y aún las familias más humildes tendrían la oportunidad de elegir la educación que habrían de recibir sus hijos.

Es claro que esta clase de propuesta parte del supuesto que los padres se encuentran calificados para decidir qué es lo mejor para sus hijos. Una hipótesis cuestionable cuando muchos de ellos no han terminado su educación obligatoria y subsisten en base a planes sociales. Por ello resulta relevante presentar ejemplos que ilustran lo erróneo de este preconcepto.

Nueva York, 1996:El Arzobispo de New York, Cardenal John O’ Connor, propuso a la administración de la ciudad que “enviase los alumnos más problemáticos de las escuelas públicas a escuelas que funcionaban bajo su Archidiócesis”, afirmando que él se ocuparía que recibiesen educación. El Alcalde Rudolph Giuliani apoyó la iniciativa, pero en la búsqueda de financiamiento encontró una fuerte oposición de grupos que veían en la misma una violación a la Primera Enmienda de la Constitución, en cuanto a la libertad de cultos.

Frente a la creciente controversia, un grupo de filántropos privados, entre ellos importantes figuras de Wall Street, crearon la New York Scholarships Foundation, la cual ofreció vouchers educacionales de U$S 1,400 a alrededor de 1,000 familias de bajos ingresos con hijos en edad escolar; mediante los mismos los beneficiarios podrían elegir entre los cientos de escuelas privadas, religiosas o laicas, que existían en la ciudad de Nueva York.

El interés fue masivo; más de 20,000 familias se inscribieron en una lotería para acceder a los 1,000 vouchers.

El impacto sobre los niños Afro-Americanos fue notable; incrementándose un 31% el número de aquellos que accedieron a estudios universitarios full time; es más, también se duplicó el porcentaje de quienes lograron ingresar en universidades de elite, en virtud de los altos resultados obtenidos en los exámenes estandarizados (SAT), requerido para la admisión a las mismas.

Montevideo, 2003:En Casavalle, uno de los barrios más pobres de la ciudad, abrió sus puertas el Liceo Jubilar, escuela privada, religiosa y gratuita, financiada mediante donaciones. En agosto de 2017, Ana Balsa, investigadora de la Universidad de Montevideo, describió en una entrevista los resultados de un trabajo que comenzó en 2009, tomándose como grupo de comparación a los jóvenes que no salieron sorteados para ingresar a escuela, dado que muchos más padres deseaban enviar sus hijos al Liceo Jubilar que las vacantes que ofrecía el colegio: “La repetición cae a lo largo de toda la educación media. En primer año la repetición es diez veces mayor para los que no salieron sorteados que para los que van a estos liceos, 20% vs. 2%”. Respecto al egreso señaló que la asistencia a liceos como Jubilar “aumenta la probabilidad de graduarse. La tasa de graduación es del 30%, casi cuatro veces superior a la de los no sorteados, que es del 8%”.

Montevideo, 2013:La foto se repite una y otra vez; en 2013 comenzó a funcionar en el mismo barrio el Liceo Impulso, similar a Jubilar pero laico. Sus primeros 100 alumnos fueron sorteados entre 377 interesados. ¿El resultado? Para fin de año la deserción había sido nula al igual que la repetición. El interés creció considerablemente, postulándose 530 niños sobre un potencial de 1.215, para la promoción que dio comienzo ese año. ¡Casi el 50% de la población objetivo!

Como señala Ernesto Talvi, uno de los fundadores del Liceo Impulso, en una entrevista de septiembre de 2015, es significativo el alto interés de los padres del barrio de Casavalle en proveerles a sus hijos una mejor educación: Quiere decir que las familias saben lo que es bueno para sus hijos. Saben que ahí pasa algo distinto. No importa a qué se dediquen; hay muchas madres que se dedican a la prostitución, hay muchos padres que se dedican al tráfico de drogas, y aun así los anotan. Así que padres somos todos y sabemos lo que es bueno para nuestros hijos”.

En nuestro país, la pobreza del conurbano bonaerense provee una última ilustración. En él la caída en la primaria estatal ha sido importante. ¿Por qué? Probablemente por decisiones de padres en búsqueda de un mejor futuro para sus hijos, ya sea sacrificándose para acceder a escuelas de gestión privada o cruzando la General Paz.

Los ejemplos son claros, en cada uno de ellos familias muy humildes toman decisiones en pos de una mejor educación para sus hijos. Resulta evidente que el preconcepto es erróneo. ¿Qué excusa hay entonces para cercenarles a los padres el derecho a decidir qué tipo de educación es la más adecuada para sus hijos?A mi entender, ninguna.

Publicado en N. 4 de Valores, la Newsletter de la Academia del Plata.