Fundación Atlas 1853

La cuarentena pide un desenlace

Pablo Guido

Economista y politólogo. Miembro del Consejo Académico de Fundación Atlas. Premio a la Libertad 2011.

Desde la primera semana de enero, cuando el gobierno chino anunció que habían identificado un nuevo tipo de coronavirus (COVD-19), las medidas adoptadas por los gobiernos se han enfocado en dos áreas: la sanitaria y la económica. Respecto de la primera se han implementado cuarentenas y reglas de confinamiento absolutas, protocolos de higiene personal, uso de mascarillas y distanciamiento “social” en vía pública, restricción en las reuniones, trabajo remoto en las empresas, protocolos de seguridad y/o restricciones en el transporte público, suspensión de clases presenciales en el sistema educativo, entre otras. En la segunda área básicamente los gobiernos han lanzado medidas de carácter monetario y fiscal, con niveles que alcanzan en algunos países desarrollados al 10% del PIB.

En nuestro país la cuarentena lleva ya 4 semanas y restan 7 días más de confinamiento, con elevadas probabilidades de extensión después del 26 de abril. Los problemas en las empresas, de todo tamaño y sector, se están empezando a ver: corte en la cadena de pagos y dificultades crecientes para hacer frente a los compromisos adicionales (alquileres, proveedores, servicios, deudas e impuestos). En el ámbito laboral los trabajadores asalariados formales están sufriendo ya recortes de sueldos, suspensiones y despidos. Muchas más dificultades recaen en los trabajadores cuentrapropistas formales (monotributistas y autónomos) e informales, donde el confinamiento en sus casas le impacta directa e inmediatamente sobre sus ingresos. Por ahora, vienen zafando los empleados públicos, pero no por mucho más tiempo porque la recaudación se “derrite” al ritmo de la menor actividad, el incumplimiento tributario y las medidas adoptadas por el gobierno en materia de prórrogas y eximición impositiva. En total, 20 millones de personas que ya están siendo impactadas en sus ingresos o lo serán en las próximas semanas. El Estado no puede obtener ingresos sin que el sector privado pueda producir, vender y cobrar sus productos. Si aquel último colapsa, el primero también.

¿Cuánto tiempo más puede el sector privado soportar la falta de actividad? Un estudio de J.P. Morgan, realizada entre las pymes de EEUU en septiembre de 2016, observó que en aquel país el 25% de las empresas tenía “colchón” por 13 días para mantener la actividad sin facturar, otro 25% tenía recursos para “aguantar” hasta 27 días, y otro 25% entre 27 y 62 días. O sea que la zona de “hibernación” sin quebrar iba de las 2 semanas a los 2 meses para el 75% de las pymes. Y esto valía para las empresas norteamericanas, con costos financieros, tributarios y laborales mucho menores que los de Argentina. En nuestro país, después de 9 años de una economía estancada, con los últimos dos años de recesión, la situación económica y financiera es mucho más comprometida para las pymes, y su capacidad de “aguante” probablemente menor que las de la muestra del estudio mencionada. Es decir, la economía argentina estaría entrando en las próximas semanas en tierras no sólo nunca antes exploradas, sino demasiado peligrosas. Como dice la expresión popular: “para muestra vale un “botón”. La cámara empresaria ACIPAN realizó un relevamiento sobre más de 700 empresas en la Ciudad de Neuquén el sábado 11 de abril. El 75% de las empresas respondió que su facturación, entre el 20 de marzo y el 10 de abril, había caído entre 76% y 100%. El 62% de las empresas, en el mismo lapso, no tenía actividad; y el 18% con un nivel de actividad no mayor al 15%. Una de las preguntas más relevantes de la encuesta fue: “¿cuántos días, a partir del 1º de abril, podría mantener la continuidad de su empresa?” El 66% las empresas manifestó que tendrían que cerrar a lo largo del mes de abril. Y otra de las preguntas relevantes fue: “En caso de no poder cumplir con todos los cumplimientos, ¿qué dejaría de pagar en primer lugar?”. La opción más elegida fue el pago de impuestos, tanto nacionales como provinciales y municipales. Nos imaginamos que esta situación límite de las empresas neuquinas se debe repetir a lo largo y a lo ancho del territorio nacional.

Acá se le plantea una disyuntiva de hierro al gobierno argentino: o comienza a aplicar más pronto que tarde, por ejemplo, testeos masivos para identificar con precisión a los grupos infectados y en riesgo (permitiendo que el resto de la población vaya incorporándose a sus actividades y así logrando que la economía se “descongele” y no colapse) o se podría enfrentar a la situación que la sociedad decrete de facto el fin de la cuarentena para regresar a sus trabajos, ya que ninguna sociedad espera sentada hasta morirse de inanición voluntariamente. El problema es que esta reapertura de la economía se realizaría de manera desordenada, generando un riesgo mayor para la salud de toda la población por los riesgos de contagio.

En síntesis: no quedan muchas semanas (¿días?) para evitar un colapso económico masivo en el sector productivo argentino, y, por consiguiente, en el sector público. ¿Con qué recursos se va a pagar el gasto público?. La disyuntiva no es salud versus economía. A medida que pasan las horas y los días la verdadera disyuntiva va siendo, cada vez más, entre salir de la cuarentena de manera ordenada o de manera desordenada.

Publicado en Río Negro.