Fundación Atlas 1853

El ciberpatrullaje, una forma de controlar al ciudadano libre

Agustina Blanco

Periodista por el Colegio Universitario de Periodismo. Licenciada en Comunicación Social por la Universidad Católica de Santiago del Estero. Investigadora de la Fundación Centro de Estudios LIBRE. Participante del Programa de Jóvenes Investigadores y Comunicadores Sociales de Fundación Atlas 2020.

El Estado argentino ha adquirido a través de los años dimensiones enormes, entre ellas, la Ministra de Seguridad Nacional, Sabina Friederic mencionó la “Medición del humor social”, una frase que ha generado revuelo y tiene su explicación.

Lo primero que hay que decir a este respecto es que es una frase que dice con total libertad porque, en primera instancia, está mal asesorada o porque en segunda instancia, al pronunciarla, no está más que midiendo a los ciudadanos argentinos lisa y llanamente para saber hasta dónde puede uno avanzar como Estado sobre la tolerancia de la población civil.

En este sentido, es menester separar lo que es el “Ciberdelito” que se utiliza para realizar acciones de seguridad en la “Deep Web” (Web profunda, Internet oscura, la parte escondida que hay detrás, aquello que nosotros no vemos mientras estamos leyendo algún artículo en Internet, por ejemplo), que tiene su razón de ser: evitar determinados delitos que sí está tipificados como lo son, por ejemplo: el abuso infantil o la venta de objetos y/o sustancias ilegales. La “Web Profunda”, o “Deep Web” es la herramienta principal de los delincuentes o pervertidos.

El humor social, no es un delito. No está tipificado en ningún código penal y tampoco está tipificado en la Constitución de la Nación Argentina (CN).

Mientras que el Ciberpatrullaje se trata ni más ni menos que de una acción que viola los derechos privados e íntimos de una sociedad libre. Como lo es, el derecho de librepensamiento, que está mencionado en el Art. 14 de la Constitución Nacional. El de Libertad de Expresión que tiene su explicación en el Art. 32 de la Constitución Nacional, y finalmente, en el Pacto de San José de Costa Rica (que goza de carácter de jerarquía nacional desde la Reforma Constitucional de 1994) en su art. 13, menciona sobre el libre derecho a expresarse y respalda principalmente al periodismo y su función social de informar. En otras palabras, el "Ciberpatrullaje" que plantea ni más ni menos la Ministra de Seguridad de la Nación, no es más que una intervención masiva de datos privados de las personas y la vulneración de sus principales derechos individuales. Asimismo, no es un dato menor, tampoco, que la Dirección de Investigaciones del Ciberdelito -que forma parte del Gabinete de Frederic-, está presidida por la “camporista” Valentina Novick (nada nos sorprende ya).

“Soy antropóloga social, tengo claro que con el ciberpatrullaje hacemos poco, pero hacemos algo y siempre algo es mejor que nada”, sentenció la flamante ministra, hace unas semanas cuando estalló la nueva forma de control del Estado argentino, y en honor a la verdad, cabe hacerle a la Licenciada en Antropología, la siguiente pregunta: "¿por qué cree que existen las encuestas y las consultoras?" La respuesta es, cuanto menos, evidente: para evitar quebrar los derechos de libertad de expresión y de pensamiento mediante prácticas que atentan las libertades individuales de las personas. De otra forma, esta acción podría catalogarse como espionaje o persecución política.

A diferencia de lo que planteó la antropóloga social que maneja la seguridad del país, el Gobierno debería centrarse en aquellas investigaciones en torno a actividades ilícitas que se pueden cometer. Como, por ejemplo, la venta de drogas por Internet, la comercialización de actividades, sustancias u objetos ilícitos, entre otras cuestiones. De igual forma, tener muy en claro que hacer Inteligencia sobre la sociedad civil no sólo que no está bien, sino que podemos realmente preguntarnos si estamos o no en una República democrática. Puesto que, esta determinación por parte del Gobierno Nacional, no es más que una muestra de su principal función: ilimitar el poder estatal y sus instituciones en detrimento de los derechos individuales.

Se trata, ni más de menos de intentar controlar una opinión y de intervenirla -en caso de ser necesario- con el uso de la fuerza por parte del aparato Estatal y un proceso judicial posterior. Nuevamente, es lícito cuestionarnos sobre ¿cuál es el rol que tiene que tener un Estado en una República? La respuesta podría ser: ocuparse de las cuestiones que le son inherentes y básicas, como, por ejemplo: la Justicia.

En Argentina el Estado ha adquirido dimensiones elefantiásicas y se ha desbordado por completo, -de esta forma es casi imposible su control- invadiendo los ámbitos que son propios de la Sociedad Civil, al mismo tiempo y paradójicamente, tenemos un "Estado Ausente" de aquella función que le es connatural por definición y naturaleza. Este es “strike” número 1 durante el Gobierno del Presidente de la República Argentina, Alberto Fernández, ante una situación crítica como es la Pandemia, de la que no tiene control, o considerando lo anteriormente mencionado ¿acaso lo tendrá en demasía?