El alto costo de cerrar los colegios
Gabriela Calderón de Burgos
Es editora de ElCato.org,
investigadora del Cato Institute y columnista de El Universo (Ecuador). Se
graduó en el 2004 con un título de Ciencias Políticas con concentración en
Relaciones Internacionales de la York College of Pennsylvania. Desde enero del
2006 ha escrito para El Universo (Ecuador) y sus artículos han sido
reproducidos en otros periódicos de Latinoamérica y España como El Tiempo
(Colombia), La Prensa Gráfica (El Salvador), Libertad Digital (España), El
Deber (Bolivia), El Universal (Venezuela), La Nación (Argentina), El Diario de
Hoy (El Salvador), entre otros. En el 2007 obtuvo su maestría en Comercio y
Política Internacional de la George Mason University.
Para mediados de abril la UNESCO reportó que las escuelas habían cerrado en 192 países alrededor del mundo, afectando a más del 90% de la población estudiantil del mundo. Mientras que muchos gobiernos alrededor del mundo han empezado a descongelar sus economías, las escuelas no han sido una prioridad.
El Banco Mundial y la UNESCO coinciden en que la interrupción en el aprendizaje tiene consecuencias como un incremento en la tasa de deserción escolar (muchos simplemente no volverán a clases después de esta interrupción), afecta a los cerca de 368 millones de niños alrededor del mundo que reciben algún tipo de alimentación a través de las escuelas, y se pierde un porcentaje no desdeñable del conocimiento previamente adquirido. Por ejemplo, en los cuatro años posteriores al terremoto en Paquistán, se cerraron las escuelas por un periodo de tres meses y aquellos niños que vivían más cerca de la falla sísmica perdieron el equivalente a 1,5 y 2 años de escolaridad frente a sus pares.
Lo más preocupante serían las consecuencias de largo plazo que la interrupción indefinida y prolongada de las escuelas tendría sobre los ingresos de toda una generación de niños. En un artículo del Banco Mundial, los investigadores señalan que asumiendo que cada año de escolaridad aumenta el ingreso futuro en un 10 por ciento y que en un país equis que cierra las escuelas y universidades por cuatro meses, la pérdida en ingresos futuros marginales sería de 2,5 por ciento al año durante la vida laboral del estudiante. Con esos supuestos, los investigadores estiman que una economía como EE.UU. perdería alrededor de $2,5 billones (“trillions” en inglés) o el equivalente al 12,7% de su PIB anual.
Aquí ya vamos tres meses cerrados en la costa ecuatoriana, súmele a eso los dos meses de vacaciones y los niños de esta región ya llevan un total de cinco meses sin educación formal. Mucho se habla acerca de los planes de emergencia para mantener la educación por la vía no presencial: en línea, vía mensajes de texto SMS o en Whatsapp, programas de radio y/o televisión. Pero los estudios demuestran que incluso en aquellos países más ricos y mejor preparados para trasladarse a la modalidad en línea, no hay sustituto para la educación presencial, particularmente para los niños de ingresos más bajos y de menor edad. En América Latina y el Caribe, por ejemplo, solo 30 por ciento de los niños de hogares de estatus económico-social bajo tienen acceso a una computadora, comparado con el 95 por ciento de los niños de hogares de nivel socio-económico alto.
La interrupción escolar amenaza particularmente a las instituciones educativas privadas de bajo costo, un sector importante en muchos países en vías de desarrollo. Casi un 28 por ciento de los estudiantes de secundaria asisten a una institución privada en los países de ingreso bajo e ingreso medio. Por ejemplo, la cifra llega hasta 51% en la India.
El pediatra infectólogo Sean O’Leary señaló recientemente que “Re-abrir las escuelas es tan importante para los niños, pero realmente lo es así para toda la comunidad. Tanto de nuestro mundo depende de que los niños estén en la escuela y que los padres puedan trabajar. Tratar de trabajar desde casa con los niños en la casa está afectando de manera desproporcionada a las mujeres”.
Este artículo fue publicado originalmente en El Universo (Ecuador) el 3 de julio de 2020 y en Cato Institute.
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