Si los chicos no pueden ir a la escuela, que la escuela vaya a los chicos
Edgardo Zablotsky

Ph.D. en Economía en la Universidad de Chicago, 1992. Rector de UCEMA. En Noviembre 2015 fue electo Miembro de la Academia Nacional de Educación. Miembro del Consejo Académico de la Fundación Atlas para una Sociedad Libre. Consultor y conferencista en políticas públicas en el área educativa, centra su interés en dos campos de research: filantropía no asistencialista y los problemas asociados a la educación en nuestro país.




Días atrás, el líder de SUTEBA, Roberto Baradel, expresó en una entrevista radial que “hasta que se encuentre la vacuna contra el coronavirus van a ser una complicación las clases presenciales” y agregó que “la presencialidad implica una movilización de gente muy grande de chicos y grandes a las escuelas y eso sería contradictorio con las medidas que se están tomando”.
Baradel señaló también que “la infraestructura escolar de la provincia no se encuentra en condiciones y que un eventual regreso debería contemplar una serie de cuestiones y casi toda Argentina no está en condiciones para los nuevos protocolos”.
La foto es clara, la vuelta a clases, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, parece lejana. ¿Qué será de los chicos? Da miedo… Los chicos que hoy no reciben educación serán los desempleados de mañana, es imprescindible que la sociedad tome consciencia de ello.
¿Cómo enfrentar una tragedia cuya magnitud se pierde en la cuenta cotidiana de nuevos contagios y defunciones por el coronavirus?
El pasado 24 de julio, Neal McCluskey, director del Centro para la Libertad Educativa del Cato Institute, publicó una interesante nota que aplica perfectamente a nuestra realidad. El artículo centra su interés en las llamadas cápsulas educativas (education pods), las cuales son pequeños grupos de niños que reciben instrucción en una casa, con un profesor pagado por los padres, que desean una educación presencial para sus hijos con un riesgo minimizado frente al coronavirus. Ello, por otra parte, permite que los padres puedan retomar sus actividades laborales, con la tranquilidad que un adulto calificado vela por la seguridad de sus hijos.
Es claro que una solución de estas características ampliaría la brecha educativa entre quienes pueden afrontarla y a aquellas familias que no están en condiciones de hacerlo, tal como lo señala una nota del Washington Post del 17 de julio, cuyo título habla por sí mismo: “Para los padres que lo pueden pagar, una solución para el otoño: traer los maestros a los niños”. El Post ha publicado otras notas sobre el tema, lo cual refleja la relevancia del mismo, remarcando el hecho que las cápsulas educativas profundizarán la desigualdad.
Sin embargo, ello no es necesariamente cierto, como bien lo argumenta Neal McCluskey en su nota, si el Estado cumple su rol de asegurar la educación de todos los ciudadanos, proveyendo a los padres de familias que lo necesiten el financiamiento necesario para que ellos también puedan optar por esta alternativa educativa, de así desearlo.
Veamos los hechos. Como señala McCluskey: “Tan lamentable como puede ser algo que exacerba la desigualdad, es simplemente irrealista pensar que los padres con medios se abstendrán de hacer lo que ellos consideran que es mejor para sus hijos. De hecho, esto está biológicamente arraigado en nuestra forma de ser,” y agrega: “Nuestra inclinación no debería ser aquella de avergonzar a las familias de más recursos, quizás con la esperanza que sientan suficiente presión social para no seguir con sus planes. En cambio, deberíamos empoderar a las familias más pobres para que busquen lo mejor para sus hijos. Ellos, también, están biológicamente motivados para cuidar de sus hijos y, si se les diera el financiamiento educativo en lugar de dárselo directamente a las escuelas estatales, podrían pagar para crear sus propias cápsulas educativas”.
A modo de ilustración, McCluskey señala que en EEUU se gasta anualmente, en promedio, alrededor de USD 13,000 por cada estudiante en el sistema de escuelas públicas. Si un grupo de padres de, por ejemplo 10 niños, recibieran ese financiamiento y lo unieran en un fondo, podrían pagarle a un profesor hasta $130.000 al año, lo cual constituye más del doble del salario base de los maestros en colegios públicos.
Por cierto, una nota de Newsweek del 31 de julio, titulada “¿Qué significa el auge de las cápsulas educativas pandémicas para el futuro de la educación?” coincide plenamente con esta posición. El artículo menciona: “Las cuentas de ahorro para la educación, que ya han estado en funcionamiento con éxito en cinco Estados antes de la pandemia, pueden proporcionar a todas las familias los fondos necesarios para cambiar a un modelo de cápsula de aprendizaje, si esa es la mejor opción para ellos durante este difícil tiempo”.
Retornemos a nuestra realidad. Garantizar la equidad es un principio que no debe olvidarse. Por ello, frente a la tragedia educativa que estamos viviendo, no debemos coartar posibilidades a aquellas familias que pueden acceder a ellas y sí facilitarle al resto de las familias el acceso a oportunidades similares, permitiéndoles controlar el financiamiento que se supone debería estar empleándose para educar a sus hijos.
Las cápsulas educativas pandémicas son una realidad en otras latitudes, no es necesario inventar nuevamente la rueda.


Publicado en INFOBAE.
 

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