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Mientras el sector agropecuario manifestaba una vez más su posición sobre las medidas que desde hace años vienen poniendo freno a la actividad triguera y que el gobierno sigue manteniendo con el argumento de defender la mesa de los argentinos (mientras los precios siguen subiendo), otra manifestación se hizo eco en Entre Ríos.

El motivo fue una reforma fiscal impulsada sancionada en Entre Ríos que eleva la presión tributaria en la provincia acorralando una vez más a los productores. “La medida es impagable”, denunció el vicepresidente de CRA, Pedro Apaolaza durante la movilización en Entre Ríos que se llevó a cabo el viernes 17. “No se puede creer el nivel de ensañamiento que tiene este gobierno con los productores agropecuarios”, afirmó Buzzi y agregó frente a la multitud que convocó la Mesa de Enlace Provincial a la vera de la ruta: "Hoy Gualeguaychú se ha convertido nuevamente en un mojón de la resistencia agraria, como lo fue en 2008. Venimos a respaldar la lucha de los chacareros entrerrianos contra el nefasto impuestazo que sancionó Uribarri. Y a denunciar los problemas que tenemos, en todo el país", destacó.

El Presidente de la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (FARER), Jorge Chemes, explicó que el campo entrerriano ya abona de Impuesto Inmobiliario $414 por hectárea, y que la nueva disposición incrementa la carga impositiva un 20% más. “La provincia  no se industrializó, perdió competitividad y los números no le cierran. El gobierno gasta más de lo que recauda y nos castiga a todos por su irresponsabilidad”, criticó el Presidente de FARER. Y agregó: “El impuestazo es el manotazo del ahogado que provocará más recesión y frenará el consumo porque entre los impuestos y la inflación la gente se queda sin nada”.

Luego de la protesta y del envío de un pedido de audiencia al Gobernador, el Estado entrerriano convocó a una reunión que se realizaría el próximo lunes 27 con las cuatro entidades. El acceso al diálogo fue valorado aunque las expectativas de que se derogue la reforma son apenas escasas.

“En los últimos dos meses hicimos todos los esfuerzos posibles por evitar escenarios de confrontación. Cuando llegaron Casamiquela y Capitanich, dijimos que el gobierno tenía la oportunidad de tomar un camino en el que no nos volviera a poner en el lugar de enemigos. Pero lejos de abrir puertas y empezar a resolver los problemas de la comercialización de trigo, o de atender los problemas de emergencia por factores climáticos, nos siguieron ninguneando. Encima, cuando se dieron los variados y legítimos reclamos salariales en el interior, porque la inflación no cede, los gobiernos provinciales nos volvieron a meter la mano en el bolsillo.”, sostuvo Buzzi en un comunicado de prensa sobre la protesta.

Este modo ininterrumpido de dar la espalda generó un efecto desgaste difícil de revertir para el sector. La desconfianza es lógica, entendible, porque los intentos de obtener soluciones a sus problemáticas han sido, tantos como las propuestas presentadas para resolverlos.