Organicismo y argucias tributarias
Gabriel Boragina
Abogado. Master en
Economía y Administración de Empresas. Egresado de ESEADE (Escuela Superior de
Economía y Administración de Empresas). Autor de numerosos libros, entre ellos:
La credulidad, La democracia, Socialismo y Capitalismo, La teoría del mito
social, Apuntes sobre filosofía política y económica, etc. como sus obras más
vendidas.
La tesis organicista reaparece en esta otra errada expresión: "conjunto del cuerpo social" con lo que se ve que la necesidad de hacer pasar al gobierno por un ente corpóreo como de carne y hueso es el único recurso que tienen los estafadores estatales.
No existe "cuerpo social" alguno, de tal suerte que, los únicos que inventan e imponen impuestos son un grupo de vividores que se van turnando en el poder y se hacen llamar "el estado", y que no podrían hacerlo si no tuvieran el respaldo teórico de sujetos que se hacen llamar tratadistas y "expertos" en tributación.
En el impuesto la única "contribución" que existe es entre los burócratas para crearlos, imponerlos, cobrarlos y castigar a los que no pueden o no quieren pagarlos. No hay ninguna otra "contribución".
"El economista italiano Cossa, establece: "Impuesto es una cuota determinada y proporcionada de la riqueza de los particulares, que la autoridad del Estado, de la provincia y del municipio se reservan para proveer a una parte de los gastos públicos hechos en ventaja de la generalidad de los contribuyentes" "[1]
Esta definición adolece de los mismos defectos que las anteriores, a los que hay que agregar que la proporcionalidad no es una característica del impuesto, porque a los tributos progresivos también los burócratas y sus teóricos los consideran impuestos. En algún sentido, es más realista que las anteriores, al menos en un punto, ya que, en lugar de aludir al mítico "estado", este autor nos habla de la autoridad del "estado" tema también difuso a la luz de la teoría política, pero que -en última instancia- tiene como sujeto al gobierno, punto discutible desde la teoría de la "representación democrática" que suele sostener que la autoridad (soberanía) reside en el pueblo y este delega en el gobierno. Pero es poco probable que este sea el sentido que se le quiere dar, porque si no, deberíamos caer en el contrasentido de que el pueblo se estaría imponiendo a si mismo cargas ("reserva" dice en este caso la cita). Sin embargo, la "democracia" nos vende una falacia: no es el pueblo -como tal- el que se impone a si mismo tributos, sino que es una mayoría que lo hace sobre una minoría que supone "rica”, con lo cual se termina empobreciendo más a los pobres.
"Mirbach-Rheinfeld, definen: "Los impuestos son, desde el punto de vista jurídico, prestaciones pecuniarias a las personas públicas, que la ley impone en virtud de ciertas hipótesis determinadas, sin que haya necesidad de ningún otro tributo para dar nacimiento a la obligación""[2]
Ya vimos que no son ni prestaciones, ni contribuciones, sino que son simplemente exacciones, despojos, desfalcos. Es decir, la definición es ambigua porque califica de "prestaciones" lo que seguidamente dice "la ley impone" y decimos que agrega confusión, porque la palabra "prestación" tiene en el diccionario de Real Academia Española al menos seis acepciones diferentes, una de las cuales (tercera) corresponde al tributo. Por lo que, la palabra "prestación" puede referirse tanto a la voluntaria como a la coactiva. Pero dado que el impuesto siempre es coactivo no le cabe una palabra tan ambigua como "prestación", siendo más ajustada a su esencia y sentido la de exacción, sobre todo en la segunda acepción de esta.
"El ilustre autor italiano Flora, por su parte, expresa: "La cuota individual del costo de producción de los servicios públicos requeridos de modo indistinto e indivisible por toda la población o por grande e indeterminada parte de ella y coactivamente detraída por los entes públicos territoriales c institucionales sobre la riqueza de tocios sus miembros". A esta definición que conceptúa errónea por "limitar la aplicación del producido de los impuestos al costo de los servicios públicos —afirma Ruzzo— incorpora a su definición, un concepto que es inseparable de la doctrina contemporánea sobre impuestos, al referirse a cuota parte."[3]
En este punto es necesario reiterar algo que ya dijimos muchas veces: en el mercado todos los bienes y servicios que se ofrecen son públicos en el sentido de que se ofrecen al público. Existe una confusión terminológica entre público y estatal que habitualmente se usan como sinónimos sin serlo. Si se desea más precisión digamos que el mercado es aquel proceso por el cual la iniciativa privada produce y provee de bienes y servicios al público. Entonces esos bienes y servicios también son públicos.
El gobierno no ofrece nunca ni "servicios", ni bienes "públicos". Lo que si ofrece son bienes y servicios de los que ha despojado primero al sector privado y luego los ofrece al público como si fueran "producidos por" el gobierno. Por esta misma razón aclaramos antes que no existen capitales "públicos" o "nacionales" sino solamente capitales privados.
Si con dineros de Juan -que Pedro le ha robado a este último- se compra Pedro un coche, este no es de Pedro sino de Juan, porque la propiedad del dinero con que Pedro hizo la compra es de Juan y no de Pedro. Juan podrá exigir a Pedro el automóvil o el dinero más los intereses.
Si en lugar de Juan decimos "ciudadanos" y en lugar de Pedro decimos "el gobierno" se verá claramente la cuestión y el engaño de estos "tratadistas". Pero, en este caso, Juan no podrá ya exigir al gobierno ni la devolución del dinero con sus intereses ni el vehículo.
Que los estatistas se hayan apropiado de la palabra "público" para aludir exclusivamente al "estado" y sus supuestos "servicios" es una demostración más del creciente avance del pulpo estatal, y la labor de sus "teóricos", fructífera en la misión de lavar cerebros ingenuos.
Por lo demás, los estatistas no sólo se apropiaron de la palabra "público" sino que también se apropiaron de la producción de esos bienes y servicios que el mercado engendra y reparte entre el público. De allí que, los peores monopolios y los más dañinos sean los monopolios estatales, porque cuentan con la protección de la ley que les da existencia y sustento a la vez que excluye la competencia del sector privado en la tradicional provisión de bienes y servicios que fueron de origen privado: carreteras, transportes, correos, caminos, telefonía, electricidad, energía (y muchas cosas más) fueron creadas, inventadas o descubiertas -según su caso- por la iniciativa privada.
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