La sinrazón de Estado en pandemia
Javier Cubillas
Analista de Asuntos Públicos, Fundación Atlas para una Sociedad Libre.
Maquiavelo hace un buen tiempo hizo unas de las reflexiones más importantes relativas a la conservación, ejercicio y legitimación del poder de un gobernante.
La razón de Estado, o aquello que se entienda contextualmente, como a las razones que justifican la actuación del Príncipe en pos de poder conservar todos sus atributos y recursos que pueden ser su territorio, materiales y el pueblo mismo.
Maquiavelo en ningún momento deja de lado la ética, la religión, las leyes, todo lo contrario, ellas son parte subordinada que sostienen a las actuaciones del Príncipe conforme el contexto obligue a actuar, todavía más en un estado de excepción como el actual.
Esta misma reflexión, traída al contexto de pandemia, nos encuentra ante un Gobierno o mayoría que ejerce el poder desde los poderes activos desde el inicio de las restricciones, o época de licencias y no de libertades diría Juan Bautista Alberdi, con francos contratiempos, contradicciones, irrazonables marchas y contra marchas.
Hoy, estamos descubriendo nuevas decisiones que se habían mantenido en cierto grado de opacidad y que gracias al Sr. Santiago Cornejo, el Director del Fondo Covax para América Latina, en una sesión académica organizada por el Comité de Salud Global y Seguridad Humana y el Grupo de Trabajo para la Cooperación al Desarrollo del Consejo Argentino de Relaciones Internacionales (CARI) salieron a la luz.
La información que ya teníamos era que habían solicitado en un primer momento desde el Ministerio de Salud una cantidad mínima de vacunas para el envío a nuestro país. La nueva información es que, paradójicamente, pudiendo elegir el Poder Ejecutivo las vacunas que podrían haber obtenido en beneficio del pueblo, pidió que no se remitiera dosis de Pfizer y sí las de Astra Zéneca. Todo por no cerrar un acuerdo previo con Pfizer aún sin transparencia al respecto.
El problema aquí, radica en el doble estándar de ejercicio de la política y por ende de la comunicación pública como correlato de ese acto. Así, no sólo ayer, desde el Ministerio, habían comunicado que no se habían elegido las dosis de la vacuna de Astra Zéneca, cuestión que en verdad si lo había hecho, preferencialmente, frente a otras como Pfizer, si no que sigue siendo un hecho no explicado porque no se firmó inicialmente el contrato con Pfizer cuando gran parte de América Latina posee envíos para sus poblaciones.
La ministra, la semana pasada, en conferencia de prensa sigue sin explicar, sin justificar, las razones como corresponde a un Estado de Derecho. No basta enunciar un slogan o frases sino que deben darse a conocer los argumentos ajustados a derecho. La Ley de Acceso a la Información Pública 27.275 y la Agencia de Acceso a la Información Pública en la esfera del Poder Ejecutivo así lo requieren en cumplimiento de la norma.
Resumiendo, la reflexión de Maquivelo sobre una razón que tendría en su favor el príncipe para conservar el poder en bienestar del Estado y su pueblo cuando fuere atacado, en este caso por una pandemia, está siendo un espacio de agenda pública sanitaria problemática, abierta, sin fondo y sin culminación, en tanto no hay respuestas razonables en el ejercicio del poder.
Pero además, la razón del derecho dentro del Estado Constitucional, también está siendo dejado de lado.
Desde el punto de vista del Estado de Derecho vigente, no se evidencia una lógica razonable en el ejercicio del Poder Ejecutivo en la activación de las políticas públicas de modo razonado, justificado, y las decisiones administrativas de restricciones no se ajustan a mérito, oportunidad y conveniencia, teniendo incluso que intervenir el Poder Judicial para corregir y hacer volver al gobierno al sendero de los hechos y razones mediante sus fallos de control de normas y de constitucionalidad.
Así, ni desde el principio teórico normativo de Maquiavelo ni desde el actual régimen Constitucional Argentino vigente, el Poder Ejecutivo encuentra un curso efectivo y preventivo para desarrollar una campaña amplia, rápida y sostenida para vacunar a su población. Son de esos momentos inexplicables de la historia política argentina, u otro momento más del ejercicio dogmático, no pluralista, sólo unívoco y personalista del estilo kirchnerista.
Hacer las vacunas aquí es una solución ciertamente, pero no tapa un año de irrazonabilidad, descoordinación, contradicciones del Jefe de Gabinete, salda la salida con escándalo del ex Ministro García, ni los problemas de celeridad y proporcionalidad en la distribución logística actual en los envío a las provincias -por tomar un comparativo: Santa Fe y Formosa- por lo cual, la falta de idoneidad sigue mostrando un índice altísimo de contagios, muertes, recursos y déficits en múltiples elementos claves en la atención sanitaria.
Estamos ante un nuevo decreto, hasta que salga la ley, y quizás nuevamente la Justicia deba poner razón ahí donde impera el impulso y el puro poder, cada vez con menos legitimidad.
La razón de Estado, o aquello que se entienda contextualmente, como a las razones que justifican la actuación del Príncipe en pos de poder conservar todos sus atributos y recursos que pueden ser su territorio, materiales y el pueblo mismo.
Maquiavelo en ningún momento deja de lado la ética, la religión, las leyes, todo lo contrario, ellas son parte subordinada que sostienen a las actuaciones del Príncipe conforme el contexto obligue a actuar, todavía más en un estado de excepción como el actual.
Esta misma reflexión, traída al contexto de pandemia, nos encuentra ante un Gobierno o mayoría que ejerce el poder desde los poderes activos desde el inicio de las restricciones, o época de licencias y no de libertades diría Juan Bautista Alberdi, con francos contratiempos, contradicciones, irrazonables marchas y contra marchas.
Hoy, estamos descubriendo nuevas decisiones que se habían mantenido en cierto grado de opacidad y que gracias al Sr. Santiago Cornejo, el Director del Fondo Covax para América Latina, en una sesión académica organizada por el Comité de Salud Global y Seguridad Humana y el Grupo de Trabajo para la Cooperación al Desarrollo del Consejo Argentino de Relaciones Internacionales (CARI) salieron a la luz.
La información que ya teníamos era que habían solicitado en un primer momento desde el Ministerio de Salud una cantidad mínima de vacunas para el envío a nuestro país. La nueva información es que, paradójicamente, pudiendo elegir el Poder Ejecutivo las vacunas que podrían haber obtenido en beneficio del pueblo, pidió que no se remitiera dosis de Pfizer y sí las de Astra Zéneca. Todo por no cerrar un acuerdo previo con Pfizer aún sin transparencia al respecto.
El problema aquí, radica en el doble estándar de ejercicio de la política y por ende de la comunicación pública como correlato de ese acto. Así, no sólo ayer, desde el Ministerio, habían comunicado que no se habían elegido las dosis de la vacuna de Astra Zéneca, cuestión que en verdad si lo había hecho, preferencialmente, frente a otras como Pfizer, si no que sigue siendo un hecho no explicado porque no se firmó inicialmente el contrato con Pfizer cuando gran parte de América Latina posee envíos para sus poblaciones.
La ministra, la semana pasada, en conferencia de prensa sigue sin explicar, sin justificar, las razones como corresponde a un Estado de Derecho. No basta enunciar un slogan o frases sino que deben darse a conocer los argumentos ajustados a derecho. La Ley de Acceso a la Información Pública 27.275 y la Agencia de Acceso a la Información Pública en la esfera del Poder Ejecutivo así lo requieren en cumplimiento de la norma.
Resumiendo, la reflexión de Maquivelo sobre una razón que tendría en su favor el príncipe para conservar el poder en bienestar del Estado y su pueblo cuando fuere atacado, en este caso por una pandemia, está siendo un espacio de agenda pública sanitaria problemática, abierta, sin fondo y sin culminación, en tanto no hay respuestas razonables en el ejercicio del poder.
Pero además, la razón del derecho dentro del Estado Constitucional, también está siendo dejado de lado.
Desde el punto de vista del Estado de Derecho vigente, no se evidencia una lógica razonable en el ejercicio del Poder Ejecutivo en la activación de las políticas públicas de modo razonado, justificado, y las decisiones administrativas de restricciones no se ajustan a mérito, oportunidad y conveniencia, teniendo incluso que intervenir el Poder Judicial para corregir y hacer volver al gobierno al sendero de los hechos y razones mediante sus fallos de control de normas y de constitucionalidad.
Así, ni desde el principio teórico normativo de Maquiavelo ni desde el actual régimen Constitucional Argentino vigente, el Poder Ejecutivo encuentra un curso efectivo y preventivo para desarrollar una campaña amplia, rápida y sostenida para vacunar a su población. Son de esos momentos inexplicables de la historia política argentina, u otro momento más del ejercicio dogmático, no pluralista, sólo unívoco y personalista del estilo kirchnerista.
Hacer las vacunas aquí es una solución ciertamente, pero no tapa un año de irrazonabilidad, descoordinación, contradicciones del Jefe de Gabinete, salda la salida con escándalo del ex Ministro García, ni los problemas de celeridad y proporcionalidad en la distribución logística actual en los envío a las provincias -por tomar un comparativo: Santa Fe y Formosa- por lo cual, la falta de idoneidad sigue mostrando un índice altísimo de contagios, muertes, recursos y déficits en múltiples elementos claves en la atención sanitaria.
Estamos ante un nuevo decreto, hasta que salga la ley, y quizás nuevamente la Justicia deba poner razón ahí donde impera el impulso y el puro poder, cada vez con menos legitimidad.
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