Los capitales son atraídos a los países por la certidumbre de su disfrute pacífico. Los libros “Fin de la Pobreza” y “Por un País más Justo y Floreciente” demuestran que las redistribuciones forzadas de activos empobrecen a la gente. Buena parte de la legislación argentina reciente conlleva redistribuciones forzadas, trabando negocios ventajosos.
La razón contundente de las diferencias de ingresos nacionales es la certeza de gozar de propiedades pacíficamente. Tanta sensibilidad a variaciones de facultades de contratar debiera poner cautela en legisladores, jueces y dirigentes políticos. La tarea de los próximos años es desmantelar obstáculos redundantes, que es la mejor protección contra los vulnerables. Los derechos tienen dos caras. La protección a los más débiles viene motivando legislaciones en todo el planeta. En la Argentina, ese proceso se acentuó con las elecciones de Hipólito Irigoyen, en 1916, las primeras tras la sanción de la Ley Saenz Peña. Impactando positivamente sobre las habilidades de contratar y en el ritmo de crecimiento económico.
La cuestión es proteger de forma eficaz. Al aplanar las oportunidades de producción, se entra en decadencia profunda.
La protección al empleado. Imponer restricciones contractuales -despidos- daña la satisfacción laboral, una relación en cambio continuo. Patrones y empleados descubren novedades que van haciendo más o menos deseables cada trabajo particular. Si al empleador le impiden cambios en la relación, se verá constreñido a mantener empleados, aunque aparezcan otros más promisorios. A su turno, con menores aperturas, el empleado tendrá menos oportunidades de ocupaciones preferibles. Y el mercado laboral perderá dinamismo. Esa “protección” al trabajador reduce la productividad, satisfacción e ingresos de ambas partes.
En EEUU, con amplias libertades de contrato de trabajo, en julio último se ofrecían 10 millones de puestos nuevos, de los cuales 6,7 millones de trabajadores consiguieron uno de ellos; 5,6 millones dejaron el suyo sabiendo las oportunidades de mejores condiciones. Los sueldos promedio se relacionan con el PBI por habitante. En 2020 se ubicaron entre los más altos del planeta, con un promedio de USD 3.320 por mes, solo superados por Suiza, USD 5.700; mientras, por el contrario, en la Argentina fue de USD 500 al tipo de cambio oficial.
Protección a una actividad. Los interesados suelen buscar ventajas particulares. Como un impuesto a quienes les compiten. Ello alza los precios de venta, generando ganancias artificiales para sí, a costa de muy superiores gastos para la ciudadanía. Una redistribución forzada. Aerolíneas Argentinas impide competencias, así vende más caro; no obstante, sus pérdidas requieren aportes estatales superiores a los USD 500 millones por año. Los gobernantes nos están ahogando a fuerza de “protecciones” a empresas y actividades particulares.
Hay que tener mucha cautela con emitir leyes y regulaciones. Tienen dos caras, como toda emisión forzada, incluso de dinero. Violentar voluntades reduce las capacidades de contratar.
Los 8.000 millones de humanos ofrecerían infinidades de negocios, ampliando las libertades de contratar. Gigantescas capacidades productivas que ninguna mente o grupo de personas especiales podría soñar. Sin embargo, los gobernantes prohiben oportunidades de ingresos. Tanto que calculamos que el PBI mundial de 90 billones de dólares podría multiplicarse por 5 en poco tiempo. El mayor negocio del mundo.
Sin obstáculos el PBI de la Argentina podría pasar de los actuales USD 388.000 millones, equivalente a un promedio de USD 8.550 al cambio oficial por habitante, en 2020, a USD 26.000 al cambio libre, como hoy registra España. Representaría una verdadera revolución que satisfaría a los argentinos. El País que queremos.
Publicado en INFOBAE.