Sin Justicia independiente no hay destino
Elena Valero Narváez
Historiadora, analista política y periodista. Autora de “El Crepúsculo
Argentino. Lumiere, 2006. Miembro de Número de la Academia Argentina de Historia.
En un
gobierno constitucional, los actos o medidas de gobierno, son los que le dan su
fisionomía y permiten juzgar si actúa de acuerdo a su fin último que es la
Constitución. La asunción a la
presidencia de Alberto Fernández fue acompañada de gran expectativa por la
ciudadanía, era un interrogante y una esperanza la de que formara un gabinete
con funcionarios no tan cercanos a Cristina Kirchner. Analizando la gestión
llegamos a conclusiones negativas, el ciudadano común contempla hoy el
espectáculo que brinda la República: un divorcio con el estado de derecho.
Vemos hacer justicia por propia mano, romper autos de la policía, la cual avisa
a los delincuentes que se escapen antes de allanar su domicilio, guerra entre
las distintas bandas de narcos en pleno centro, muertos por drogas adulteradas,
eso es desgobierno.
La
reacción de la gente demuestra que su dignidad y su espíritu de rebeldía se van
a hacer presentes, cada vez más, cuando
lo exijan las circunstancias, su crítica al Gobierno no está determinada por
motivos políticos, sino por las desventajas que su gestión le está llevando a la
República; a esta altura Alberto
Fernández, no goza de importantes sectores que lo sostengan, a pesar de los muchos votos que lo llevaron al
poder. Se le pide que defina de una vez
su conducta política y enderece su zigzagueante trayectoria, una nación
desconcertada es lo opuesto a las soluciones que el país necesita.
El Presidente para llegar a sentarse en el
sillón presidencial, dejó atrás las críticas razonables que hizo a la hoy vicepresidente, las comunicaciones
actuales nos permiten repetir esos conceptos
y confrontarlos con los actuales diametralmente distintos. Basta con su
interés en salvarla de la Justicia sabiendo,
como lo declaró hace años públicamente, que merece ser juzgada con ecuanimidad por su
comportamiento probadamente delictivo. Eso se llama deshonestidad.
Los Fernández actúan fuera de la realidad por
eso son tan peligrosos, no aciertan, ni
siquiera tentativamente, en su política
interior y exterior. La injerencia estatal en todas las esferas de la actividad
privada la paraliza, conduciendo fatalmente al país a la quiebra. El gobierno ha
convertido en respetables a los aventureros y en idiotas a quienes tienen sanos
hábitos de ahorro y de trabajo, hizo de
la deuda crónica y del desprecio al trabajo bandera de reivindicaciones. Es
urgente revertirlo, devolver su valor a
todas las virtudes ciudadanas que son pilares de la organización social.
Si se
piensa que Argentina tiene casi todos los recursos para proveernos en
abundancia de lo que necesitamos y para poder abastecer, en competencia, amplios mercados del exterior aumentando así
nuestras reservas, es
incomprensible la situación por la que
estamos pasando.
Los
problemas son de fondo, no se pueden
resolver sin una visón de conjunto y de
estabilidad; el problema de los
jubilados es paradigmático, el Sistema de Previsión debe reverse todo, de modo que el infortunio, la vejez, la
incapacidad, sean las verdaderas causas del amparo, debe
encararse en el estudio integral del problema, sin dejar de lado la
situación general que atraviesa la economía del país. Aquí se lo pretende arreglar con un miserable bono.
Como
todos los dictadores creen que sin opinión pública institucionalizada, división
de poderes, economía de mercado y propiedad privada estarán más seguros, por ello se esfuerzan por
reducir la sociedad civil, si todo es del Estado su dominio político puede
tender a ser como quieren, absoluto.
Es
imposible salir de la crisis sin un orden jurídico y una justicia independiente
que nos proteja del exceso de poder de
quienes nos gobiernan. Es condición necesaria, también, para el progreso económico.
No
podrá haber un reencuentro entre los argentinos si este no se basa y
sustenta en la Justicia. Es por ello que
necesitamos jueces independientes, que no reciban ninguna clase de presión o
influencia de ningún género, garantías jurídicas para quienes trabajan y
producen, para todas las personas, instituciones y bienes, amparo legal ante el avance del poder
público, y a las violaciones de sus derechos, respeto por la dignidad e independencia de los ciudadanos.
Ello debería reflejarse en los hechos, en lo que concierne al poder judicial de la Nación.
Si ello se cumpliera se daría un fuerte impulso hacia la recuperación anímica y
material de la República.
Alberto
Fernández, profesor universitario,
olvida que la democracia implica, en primer
lugar, acatamiento a la ley, pleno
funcionamiento del sistema
constitucional que sabiamente prevé el equilibrio de los poderes del Estado y la
corrección de los errores dentro del mismo sistema. Si nos convencemos de las
ventajas del acatamiento a las normas legales y a las decisiones judiciales viviremos
en un país civilizado y renacerá la confianza interna y externa en la
República. En la inevitable crisis que
transitamos debemos acatar la Constitución porque a ello impele el deber de
convivir dentro de un orden jurídico.
El Gobierno intenta lo contrario, formar una nueva conciencia que acepte como
normal la coacción en oposición al derecho, aun a
costa de la quiebra de todas nuestras tradiciones morales, con actitudes arbitrarias, repudiables por la parte sana de la sociedad.
No se puede dejar a un país detenido, a la
expectativa, con la crisis que lo
amenaza sin avizorarse aún alguna solución posible. Mientras se persista en sostener ideologías y
sistemas que impiden el desarrollo y
explotación de los recursos del país se lo mantendrá en el atraso y la
corrupción. El gobierno es la expresión
más acabada de la demagogia.
A los
liberales les conviene dejar atrás las inútiles divisiones y redoblar el
esfuerzo para que se termine con el intervencionismo y dirigismo
que anulan al individuo, formar una corriente de opinión fuerte y
poderosa que ocupe el vacio que han dejado
las viejas formulas políticas, procurar
soluciones constructivas a problemas que afectan a todos. Es una gran tarea que
debe encararse con la decisión y confianza que solo puede dar la fuerza de las convicciones, promover
un cambio drástico, entusiasta, y apoyado por la opinión pública. Es el
momento, tienen que aprovecharlo.
El Parlamento
tiene que mejorar, hoy decepciona el
bajo nivel de las discusiones, la insensibilidad frente al difícil momento
actual, la falta de amplitud de criterio,
que salvo honrosas excepciones, prima en los debates. Se observan posiciones
alejadas de la realidad cuando se enfrentan con la responsabilidad de encarar
soluciones, varios legisladores tratan de sacar beneficios para sus respectivos intereses de facción, sin buscar lo que es de interés general para
el país. Es grave y peligroso porque alimentan el escepticismo de los descreídos en los elevados valores del
juego democrático. Se debe dejar de votar leyes demagógicas sin dedicarle un
estudio concienzudo ni tener en cuenta el daño que causan a la sociedad.
La gente se pregunta si iremos hacia adelante mediante un proceso
orgánico y de convivencia social, o si hemos de precipitarnos en una crisis más
aguda para que recién sea probable iniciar un lento camino hacia la
recuperación.
Vamos
a necesitar un presidente que gobierne
para todos los argentinos, no solo para
sectores con posibilidad de presión, que
provea a las necesidades generales, fije
una política clara y homogénea pida
colaboración para ejecutarla a quienes
están convencidos de ella, y sean capaces de llevarla adelante, logrando la confianza
y apoyo de la gente. Es la esperanza de
un futuro mejor.
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