Fundación Atlas 1853

Los actos del Estado pueden ser legales pero injustos y contraer el PBI

Enrique Blasco Garma

Economista.

Los grandes pensadores liberales avanzaron sobre el entendimiento de la superación de los conflictos. Y continuado por los economistas Francis Edgeworth, John Commons y el Premio Nobel Oliver Williamson, entre otros notables.

“Nadie que haya aliviado el peso de sus semejantes habrá fracasado en este mundo”, sentenciaba el genio literario Charles Dickens. El concepto de solidaridad no tiene otro significado que dar algo a los demás sin esperar nada cambio. Ése es el sentido de los bienes públicos: intentar estabilizar las reglas de juego que facilitan las contrataciones voluntarias, en paz y libertad, compitiendo para satisfacer necesidades individuales.

Sin embargo, las violaciones a las vidas y bienes de las personas persisten empobreciendo a la humanidad. Las brechas de ingresos nacionales delinean la intensidad de las transgresiones.

El Estado debiera actuar justamente facilitando actividades eficaces y reprimiendo delitos. Justicia significa reglas estables, iguales para todos. Pues las diferencias regulatorias, legales, erigen trabas artificiales a las actividades, corrompiendo los ingresos. De esta perspectiva, Justicia, Eficiencia, Competencia tienen significados similares, resume el libro “Por un País más Justo y Floreciente”.

Cuando gobiernos imponen gastos redundantes comprimen contrataciones individuales. Por ejemplo, si los impuestos exigen 30% de las ventas, las empresas obtendrían sólo 70% de lo producido. Ahora bien, si las tareas del Estado mejoraran la coordinación de las actividades productivas en 35%, las empresas se beneficiarían: pagarían 30% en impuestos, pero recibirían 35% en mayores rentabilidades. En cambio, si los impuestos se llevan 50% de los ingresos, las empresas pierden 15% de lo vendido y debieran reducir remuneraciones, pagos a terceros, negocios.

Tamaño del Estado

En resumen: si el Estado exige mayores contribuciones que lo que cada sector contribuye al PBI total, empobrece a la población. Si contribuye más a los ingresos de la población, que lo que recibe, engrandece la economía general.

La Argentina se ha venido deteriorando a medida que gobiernos, sectores y entes fueron privilegiados con normas especiales más favorables que las generales. El faltante los suplen quienes pagan más que lo que reciben, valorado al costo de oportunidad.

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El fabricante de un bien durable puede cobrar USD 30.000, cuando el costo de oportunidad, de comprarlo en el resto del mundo es de USD 20.000, porque existen privilegios normativos trabando el acceso a importarlo. Los privilegiados reciben valores excesivos; los empobrecidos pagan de más. Redistribuciones de derechos que, al no ser voluntarias, reducen ingresos y actividades.

Expandir el gasto del Estado cuando es excesivo, improductivo, contrae el PBI, empobreciendo a la población. Lejos está de contribuir a impulsar el crecimiento económico; depende de su eficacia. Los PBI por habitante de los países resultan de esa ecuación.

Los ingresos de las naciones son tanto mayores cuánto más justas y estables son las reglas, los precios, gasto del gobierno. Las discriminaciones redundantes, incertidumbre, inflación, obligación de emplear personas, monedas, entes, prohibiciones, cepos, deterioran los PBI.

La continua inestabilidad regulatoria y de las decisiones de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, empobrecen a la población, por más que los dirigentes declaren lo contrario.

Los irlandeses, suizos, noruegos, estadounidenses, uruguayos, individualmente no son necesariamente más habilidosos que los argentinos, simplemente, son más respetuosos de las libertades individuales, sus reglas son previsibles. De ahí las diferencias de ingresos nacionales: el irlandés promedio genera más del equivalente a USD 100.000, más de 10 veces que un argentino; y, por su puesto de los índices de pobreza.

El costo de la invasión territorial

En muchas partes del mundo, diferencias arbitrarias privilegian a unos y perjudican a otros. Las democracias competitivas intentan limar las discrepancias normativas y protecciones que diferencian personas, actividades, y otras subjetividades.

La invasión ordenada por el presidente Putin a Ucrania no sólo constituye una flagrante violación de bienes públicos, destructiva de vidas y propiedades en ese país, sino también en Rusia y en todo el planeta.

Las comunicaciones mundiales patentizan las violaciones y despertaron reacciones novedosas. La guerra convencional es también respondida con sanciones económicas y financieras sin precedentes que castigan al pueblo ruso y a toda la humanidad.

Las instituciones mundiales castigan los incumplimientos de los pactos internacionales, especialmente si son repetidos.

Los argentinos avanzaríamos si reconociera ampliamente que incumplir los contratos conlleva a despreciar derechos ajenos, y afectar aún más la debilitada calidad de vida de la mayoría de los habitantes.

Publicado en INFOBAE.