Fundación Atlas 1853

La libertad de expresión como derecho fundamental y las redes sociales

Raúl Martínez Fazzalari

Abogado. Director Académico de la carrera de Ciencia Política y Gobierno, Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES).

Los intentos de regular, controlar, limitar o censurar los contenidos de internet no son nuevos. Desde el mismo comienzo de la prestación de los servicios de acceso, los gobiernos han pretendido influir por medio de leyes o decisiones administrativas sobre aquello que circula por las redes sociales.

De más está decir que todo ello fue en vano. Múltiples motivos técnicos lo impiden; la radicación de empresas fuera de la jurisdicción de los países, la multiplicidad de redes de conexión (fibra óptica, satélites, o celulares) hacen que la centralidad del control quede reducida a cero.

Escuchamos la semana pasada el anuncio de un alto funcionario del Gobierno sobre la intención de “profundizar los lineamientos centrales del uso de las redes sociales para el bien común, para que dejen de intoxicar el espíritu de nuestra democracia”.

Tres elementales preguntas surgen: ¿Cómo hacerlo?, ¿Qué es y quién define “el bien común”? ¿Cómo se “intoxica el espíritu”?

Aparte de las mencionadas razones técnicas, nuestro país posee una protección constitucional a la libertad de prensa y opinión. Convenciones vigentes e incorporadas a nuestro ordenamiento interno han ratificado este principio rector de las democracias modernas. También el Congreso de la Nación ha sancionado la ley 26.032 que dice: “La búsqueda, recepción y difusión de información e ideas de toda índole, a través del servicio de Internet, se considera comprendida dentro de la garantía constitucional que ampara la libertad de expresión”.

Numerosos fallos dictados en varias jurisdicciones y confirmados por la Corte Suprema de Justicia han reiterado el valor que tiene en las sociedades modernas la libre circulación, publicación y difusión de ideas.

Ha dicho nuestro máximo tribunal, citando a Alexis de Tocqueville, que la libertad de prensa goza en nuestro ordenamiento de una posición privilegiada. Y esto no podría ser de otro modo, puesto que la sociedad contemporánea respira a través de la información y de la comunicación, de modo tal que en un país donde rige ostensiblemente el dogma de la soberanía del pueblo, la censura no es solamente un peligro, sino un absurdo inmenso.

Cualquier supuesto intento por proteger el “espíritu” o el “bien” resuena más a esta obsoleta costumbre que han tenido gobiernos de distinto signo por controlar y regular aquello que se le escapa de su esfera tradicional de poder. Internet y sus contenidos burlan día a día los embates de los gobiernos en todas partes de mundo por amordazar lo que la gente quiere decir e informar.

En distinto lugares del planeta hemos visto a lo largo de los años que un celular en la mano de la gente puede ser más peligroso a veces que un ejército, que una directiva ministerial o que el miedo mismo.

{Con posterioridad al fallido anuncio, y luego de la reacción que provocó, se relativizó su alcance señalándose que no hay intención oficial de regular la comunicación en Internet, lo obvio y evidente cae por sí solo. Y queda claro que el cambio golpea de lleno al centro del poder histórico de los gobiernos. Algunos nos alegramos de que esto ocurra, otros parece que no tanto.

Publicado en Clarín.