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Una vez más, el Gobierno, plagado de ignorantes ideologizados, atado a viejas recetas fracasadas y devastado por las peleas internas entre una muy escasa racionalidad –léase, Martín Guzmán, Ministro de Economía- y el fervoroso populismo del kirchnerismo duro, está implementando el “Plan Platita II” para conservar el bastión bonaerense y atrincherarse después de la derrota -que ya juzga irreversible- del año próximo, para las cuales carece de candidatos competitivos. Cuando creyó poder evitar la monumental paliza que, de todos modos, recibió en las elecciones legislativas de 2021 (perdió cinco millones de votos), con el “I” desató la inflación que hoy, anualizada, llega al 100%. Si la tendencia que han mostrado los primeros cuatro meses del año se mantiene, o sea, si la pérdida del poder adquisitivo del peso continúa en torno al 5% mensual, y nada indica que pueda cambiar, estaremos demasiado cerca de una nuevo incendio hiperinflacionario.

Si a ese cuadro dramático le agregamos la infernal bola de nieve de la deuda en pesos del Tesoro, casi totalmente atada a la inflación y a la cotización del dólar, la preocupación se traslada a los bancos, cuyos depósitos se retacean al sector privado pero se hunden en incobrables bonos gubernamentales, de lo cual da cuenta el altísimo “riesgo país” de la Argentina, que ronda los 2000 puntos. La más que magra acumulación de reservas, precisamente durante el período en que se producen las mayores liquidaciones de divisas, confirma que el autopercibido Presidente-a-Ratos y sus inefables “funcionarios que no funcionan” no tienen demasiadas herramientas para corregir el rumbo de colisión o apagar el fuego.

Como dijo Miguel Angel Broda, “estamos ante la mayor mala praxis económica de la historia nacional”. Los renovados castigos que así sufrirá el dañado tejido social pondrán a la tan empobrecida y aterrada ciudadanía en estado de histeria y, aún siendo naturalmente pasiva, tal vez entonces estalle, con consecuencias inimaginables.

Lo descripto lleva a pensar si Alberto Fernández podrá llegar, aunque sea con muletas, al final de su mandato. Pese al fuego graneado que recibe diariamente desde La Cámpora, no creo que los aullantes militantes de esa banda aspiren a su renuncia sino sólo a que rinda sus desflecadas e imaginarias banderas pero, en algún momento, la visible patología que lo afecta puede llevarlo a tirar todo por la borda. Yo preferiría que terminara su período constitucional, demostrara finalmente cuán inútil y perverso es el kirchnerismo y lo convierta así en un objeto más del penoso inventario histórico nacional.

El segundo problemón que angustia a la sociedad es la inseguridad cotidiana, derivada en la mayoría de los casos violentos del consumo de drogas, es decir, del narcotráfico. El huracán que asola a Rosario es el más notorio, pero no es menor, aunque menos visible, en el resto de los conurbanos del país. Todo se agravará porque las autoridades federales, cómplices y socias de los grandes cárteles, se niegan a implementar una política seria para combatir ese duro flagelo, la Justicia es cobarde o corrupta, la policía está comprada o asociada al narcomenudeo y las pocas penas que se dictan se cumplen en cárceles transformadas en hoteles con televisión, teléfonos fijos y celulares y otros lujos, que permiten a los criminales continuar su infame comercio desde adentro.

Es un tema sumamente complicado, porque las grandes bandas disponen de enorme cantidad de dinero en efectivo, lo cual les permite no sólo adquirir un armamento que supera al que el Estado provee a las fuerzas de seguridad sino, literalmente, comprar a legisladores, jueces, fiscales, policías y penitenciarios, casi todos ellos muy mal pagos. Una derivación de esa situación se vincula a la escasez y superpoblación en las cárceles federales, muchas inseguras, lo cual obliga a que muchos delincuentes peligrosos transiten sus detenciones en comisarías locales.

Ese último aspecto, al menos, podría ser resuelto rápidamente aún en una situación presupuestaria tan grave como la que vivimos. La solución es construir, en medio de la Patagonia y a suficiente distancia de cualquier lugar poblado, grandes y seguros establecimientos carcelarios, que serían edificados y administrados por inversores privados, a los cuales se les pagaría por esa “hotelería”, reservando la custodia y la seguridad al Servicio Penitenciario, rotando mensualmente al personal para evitar “contagios”. Por supuesto, podrían dedicarse a ese fin los diez mil millones de pesos anuales que gasta el inútil Ministerio de Igualdad, Género y Diversidad, que sólo se ocupa, según el reciente censo, del 0,12% de los habitantes. Una vez habilitados, se alojaría en ellos a los jefes narcos y a los condenados por corrupción, por trata de personas y otros graves delitos federales; tal vez, lo gravoso del aislamiento al que se expondrían permita disuadir a los delincuentes.

Y la miscelánea en que se ha transformado esta pretenciosa nota llega así a la percepción social de la impunidad que ampara a la corrupción por la “matusalénica” duración de los procesos. En primer término, corresponde señalar que las convenciones internacionales que Argentina ha suscripto sólo exigen el doble conforme en las condenas; traducido: si un Tribunal Oral Federal considera culpable a alguien y establece la pena que debe cumplir, esa sentencia debe ser revisada por una instancia superior, en este caso la Cámara Federal de Casación Penal y, si ésta la confirma, el condenado debería ingresar de inmediato a la cárcel. Sin embargo, se ha desnaturalizado tanto la función de la Corte Suprema que, en la práctica, se ha transformado en una tercera instancia para quejarse y, mientras decide si acepta o no el recurso o no, el sancionado continúa en libertad; la verdadera función del alto Tribunal es, eventualmente, sólo revisar la legalidad de las sentencias, no las pruebas del proceso.

Para concluir, una breve referencia a la nefasta conducción de la Cancillería que, entre los muchos males que acarrea su errática conducta por la manía por “hablarse encima” del Presidente, permite que un condenado a ocho años de prisión por robar dinero público, el ex Gobernador de Entre Ríos, Sergio Uribarri, continúe usufructuando el cargo de Embajador ante Israel, al cual renunciara tras el fallo que derivó en la fulminante destitución de la Fiscal Cecilia Goyeneche por obtenerlo, y que haya encabezado la celebración del 25 de Mayo patrio en Tel Aviv.