Fundación Atlas 1853

El falso dilema de la Ciencia Jurídica contra la Teoría del Derecho Natural

Julian Larrivey

Participante del Programa de Jóvenes Investigadores y Comunicadores Sociales de Fundación Atlas. Estudiante de Derecho, UNR.

¿Cómo nos adaptamos a las nuevas demandas sociales, a los cambios en los usos prácticas y costumbres, al mismo tiempo que tenemos el enorme desafío de brindar seguridad jurídica?

La vida, la libertad y la propiedad privada, han sido el tríptico del que ha emanado históricamente cualquier intento de regulación de la naturaleza de las relaciones jurídicas.

No hay más derechos que los que se desprenden de esas tres instituciones innegociables que han sabido ser pilares de todo ordenamiento jurídico de Occidente desde la aparición del Estado de Derecho, consecuencia directa de las revoluciones liberales.

La mayor parte de la doctrina, considera que los Derechos Humanos son portadores de una serie de características (irreversibilidad, inderogabilidad, progresividad, etcétera), que los encuadran dentro de marcos propios de interpretación jurídica que motivan a las legislaciones de cada Estado a adherir a dichos instrumentos de Derecho Internacional Público.

Sin embargo, esto encierra una gran contradicción. Como sabemos, hay cuatro etapas de Constitucionalismo: la primera de ellas es la del Constitucionalismo liberal, la segunda es la del Constitucionalismo social, la tercera es la del Constitucionalismo de incidencia colectiva, y la cuarta nos habla de la internacionalización de los Derechos Humanos.

Cuando mencionamos que los Derechos Humanos son irreversibles, significa que ningún derecho reconocido en alguna de sus etapas, puede ser menoscabado ni violado por un tercero (sea un particular o el Estado). La contradicción, está justamente en la segunda etapa del Constitucionalismo, es decir, la denominada social. Siendo que en la primera etapa reconocimos el derecho de propiedad (al mismo tiempo que su irreversibilidad), y dentro de esta etapa reconocemos derechos que para ser cumplidos deben necesariamente violar ese derecho de propiedad, nos encerramos en una enorme contradicción que no tiene solución razonable.

El Estado no tiene ningún tipo de derecho para avanzar sobre la propiedad de alguien (sea vía confiscación, expropiación o impositiva) y manejar arbitrariamente esos bienes, siempre y cuando esa persona los haya ganado de buena fe, y sin ninguna actividad que viole derechos de terceros.

En algún sentido, la ciencia jurídica, intenta avanzar hacia un derecho cosmopolita, basado en la visión del iusnaturalismo racional, pero cayendo, una y otra vez, en grandes contradicciones.

Alberdi en el Crimen de la guerra ha sabido plasmar sin dudas una tesis adelantada a su tiempo histórico, desde la perspectiva iusnaturalista, que defiende al derecho que emana de la razón humana.

Las positivizaciones que nacen de la codificación, son necesarias para un Estado de Derecho, y son la expresión más adecuada del Derecho Positivo, puesto que el derecho natural en definitiva se positiviza en la norma escrita. Pero esta norma no debe contradecir aquellos principios morales y éticos de justicia que son, a priori, universalmente válidos, en todo tiempo y lugar, y para todos los hombres.

Es decir, la ley que emana de la coerción propia del Estado como intérprete de la ley natural, no debe contradecir a la misma ley natural, puesto que (como decía Gustav Radbruch) la ley extremadamente injusta no es una verdadera ley.

La positivización del Derecho, consecuencia histórica del intento de codificar la norma que supuestamente preexiste a la voluntad de la legislación, es quizás el único punto de contacto existente entre estas dos posturas aparentemente antagónicas: por un lado, la idea de someter la voluntad de los individuos a una suerte de orden disciplinario, pensado y realizado para el acatamiento de determinadas normas; la otra defensora de una idea de moral inherente a la existencia del hombre y preexistente a su voluntad.

El gran dilema de la ciencia jurídica en la actualidad, entre adaptarse a las nuevas demandas que surgen de la evolución de las relaciones humanas, al mismo tiempo que debe brindar seguridad jurídica, es abordado desde distintas ópticas, que problematizan interminablemente la misma cuestión, sin encontrar respuesta aparente, y sin el reparo de cambiar la perspectiva de ese falso dilema, puesto que la clave está justamente en dejar de plantearlo como tal, y comenzar a entenderlo como cuestiones intrínsecas y mutuamente necesarias.

Es decir, no debemos problematizar en cómo brindar seguridad jurídica mientras nos adaptamos a los nuevos cambios, sino, entender que justamente mientras más brindemos seguridad jurídica, más ampliaremos el ámbito de la aplicabilidad de las garantías de las personas para adaptarse con creces a dichos cambios.

Volviendo otra vez a Alberdi, en esa brillante obra que tituló ‘El Crimen de la Guerra’, sostiene que el comercio es el pacificador del mundo. Cuando analizamos esto, nos damos cuenta de que el mercado, de hecho, no es más que el intercambio de derechos de propiedad que las personas hacen voluntariamente para beneficiarse unas de otras.

El límite del derecho de propiedad de uno, no es más que el comienzo del derecho de propiedad de otro. O, lo que es lo mismo, el derecho de propiedad de una persona que se ve representado en una esfera jurídica (y todas las acciones que con ese derecho de propiedad pueda realizar) termina en donde comienza la esfera jurídica de otra.

Ningún derecho positivo puede cumplirse sin violar un derecho negativo de un tercero.

Sin embargo, no debemos confundir derecho positivo con derecho positivizado. Si bien ambos conceptos responden a la idea de una norma emanada por parte del Estado, la diferencia radica en que el derecho positivo, tiene una fuerte relación con la noción de justicia referida a la igualdad de resultados, mientras que la positivización es, sencillamente, el reconocimiento de derechos dentro de un cuerpo normativo (entiéndase Constitución Nacional) en el que pueden aparecer expresados tanto derechos positivos (derecho a la vivienda, salud, salario mínimo vital móvil, etcétera) como derechos naturales o negativos (derecho a la libertad, propiedad, etcétera). Otra diferenciación válida, podría ser que mientras que el derecho positivo es decretado, la positivización puede significar el reconocimiento de derechos (iusnaturalismo) o la creación de estos (iuspositivismo).

En definitiva, la manera que tenemos de resolver este falso dilema, es dejar de considerarlo como tal, puesto que la seguridad jurídica y la adaptabilidad a los cambios sociales no son cuestiones excluyentes, sino intrínsecas. Es decir, mientras más seguridad jurídica brindemos, con reglas claras, que no caigan en contradicciones irracionales, más podremos prever dichos cambios y dirimir conflictos.

La verdadera ley es aquella que trasciende el paso inevitable del tiempo, porque es la ley perdurable y es, al mismo tiempo, la ley que mejor se adapta a los cambios. Porque además, la legislación (positivización de la ley) no debe adaptarse a los hechos y a las circunstancias de las acciones de los hombres, sino que las acciones de estos son las que deben adaptarse a la legislación, pero para que esto suceda, dicha legislación debe ser fundada en la racionalidad propia de la ley natural.

La Teoría del Derecho Natural, considera que hay una relación necesaria entre derecho y moral, fundado en bases racionales que intentan llegar al concepto de justicia.

Debemos responder a esa idea de derecho, basada en el principio de no agresión, y entendiendo que el Derecho es preexistente a la voluntad del hombre, que el hombre no lo crea, sino que lo descubre, y que el Derecho no se decreta en un escritorio, ni en los caprichos de un legislador, sino que vive en la conciencia del hombre, en su razón, y yace extramuros de la ley positiva.