El fracaso de las empresas estatales
Gabriela Calderón de Burgos
Es editora de ElCato.org, investigadora del Cato Institute y columnista de El Universo (Ecuador). Se graduó en el 2004 con un título de Ciencias Políticas con concentración en Relaciones Internacionales de la York College of Pennsylvania. Desde enero del 2006 ha escrito para El Universo (Ecuador) y sus artículos han sido reproducidos en otros periódicos de Latinoamérica y España como El Tiempo (Colombia), La Prensa Gráfica (El Salvador), Libertad Digital (España), El Deber (Bolivia), El Universal (Venezuela), La Nación (Argentina), El Diario de Hoy (El Salvador), entre otros. En el 2007 obtuvo su maestría en Comercio y Política Internacional de la George Mason University.


Mientras esperamos que las autoridades investiguen las denuncias de actos de corrupción en varias empresas públicas, reflexionemos acerca de un problema recurrente: corrupción y despilfarro en las empresas estatales
Uno de los argumentos a favor de las empresas públicas es el abusado concepto de “monopolio natural”. Para John Stuart Mill, por ejemplo, era un desperdicio evidente el tener dos repartidores de correo operando en la misma ruta. El Premio Nobel de Economía Vernon L. Smith le atribuye a Mill la paternidad de los monopolios en servicios públicos alrededor del mundo y señala que estos son “resistentes a la innovación”. Por esta razón, varios monopolios estatales han experimentado un declive sostenido frente al auge de las concesiones y privatizaciones en algunos países o el crecimiento de sustitutos.
Por ejemplo, en Ecuador la empresa estatal CNT a pesar de todas sus ventajas –no paga impuesto sobre la renta, no reparte utilidades, no paga concesión, no paga por uso de frecuencias del espectro— cada vez ve su participación de mercado disminuir frente a las alternativas privadas. Si bien CNT concentra todavía un 83% de las líneas de telefonía fija, esta tecnología ha sido virtualmente reemplazada por la telefonía móvil. El resultado es que CNT domina un mercado que está desapareciendo (1,8 millones de líneas de telefonía fija) mientras que los operadores privados reinan en uno que está explotando (16,8 millones de líneas de telefonía móvil). Aun así, hasta enero de 2022 CNT tenía una nómina de 7.166 funcionarios, cantidad que supera al personal de los dos principales operadores privados (Claro 2.880 y Telefónica 1.300).
A enero de 2022, trabajaban en las empresas públicas del país 29.000 funcionarios, superando el gasto en sus sueldos $814 millones durante 2021. De las 13 empresas públicas que estaban activas hasta ese momento, Petroecuador concentraba la nómina más alta con 9.780 funcionarios, siendo 99% de estos de nombramiento permanente y habiendo entre ellos empleados vinculados desde 1978.
En el caso particular de la electricidad, un argumento tradicional ha sido que es menos costoso que pocos operadores grandes provean la electricidad, siendo proclive el mercado eléctrico a la consolidación que favorece a las empresas grandes. Sin embargo, los avances tecnológicos han hecho obsoletos estos monopolios. Las plantas de electricidad más pequeñas junto con menores costos de transacción han hecho posible un sistema en el que el consumidor tenga más opciones. Un sistema así permitiría a los consumidores elegir un proveedor de la misma manera que hoy eligen entre los distintos planes de celulares que ofrecen Claro, Telefónica y hasta CNT.
Las empresas estatales generalmente fracasan por dos razones: están ausentes los incentivos adecuados y presentes los perversos, y no obedecen a un sistema de precios. Esto puede explicar por qué la misma persona que se desempeñaba de manera eficiente en una empresa privada, en la estatal todo lo contrario. En ambos casos, persiguiendo sus propios intereses, con la diferencia de que primero beneficiaba a sus clientes, para luego pasar a esquilmar a los contribuyentes. Un cliente nuevo es celebrado en una empresa privada mientras que en la estatal es visto como otro problema.
Este artículo fue publicado originalmente en El Universo (Ecuador) el 20 de enero de 2023 y en Cato Institute.
 

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