Fundación Atlas 1853

Seguridad: ideas para la política cordobesa

Ricardo Runza

Ingeniero Aeronáutico y Magíster en Defensa Nacional.

La inseguridad es una de las primeras preocupaciones en la provincia de Córdoba. Esto es más grave en algunos lugares que en otros. Pero el denominador común es la insatisfacción general ante la incapacidad estatal de prevenir, responder y mitigar las amenazas que impactan en los individuos, en la sociedad y en el Estado mismo, conforme a las expectativas de la gente.

Casi todos le echan la culpa a la Policía, el eslabón más débil, pero de hecho –desde la última reforma de la Constitución Provincial– muchos cambios se han realizado y nada parece funcionar. No es una cuestión de presupuesto. De cuestiones operativas y logísticas. De leyes y códigos. De haber esos problemas, son de orden secundario.

Ante esto, es evidente que existe una falla estructural del sector seguridad del Estado de la provincia de Córdoba. Una falla sistémica. Organizacional. Falla el modelo orgánico funcional unitario del sector seguridad cordobés. Esto es lo que hay que cambiar. Y como es el modelo lo que falla, esta falla se replica igual en todas las provincias argentinas, porque la política pública de seguridad es llevada a cabo de igual manera en todas.

La falla se hace más grave cuando las amenazas que impactan lo hacen con más frecuencia y violencia.

Entonces, no queda otra alternativa que hacer federal hacia el interior de la provincia el sector seguridad del Estado. Acompasarlo con los 26 departamentos provinciales que existen constitucionalmente, aunque desdibujados por el formato municipal que se desarrolló (unos 427 municipios y comunas, la mayoría insolventes fiscalmente y esclavos del gobernador, por efecto de la coparticipación y otras vías) y una Legislatura unicameral (supuestamente así conformada para ahorrar, aunque este ahorro haya anulado la representación de los intereses territoriales de cada departamento provincial y su gente).

¿Qué significa esta federalización?

Una reingeniería del Estado. Del sector seguridad del mismo. Esto significa crear, a partir de la actual Policía, una nueva Policía Metropolitana para la ciudad de Córdoba, y 25 nuevas policías departamentales. Todas autónomas entre sí. Cada una con un comisario elegido por la ciudadanía. No por la política. De igual modo, 26 nuevas jurisdicciones del Ministerio Público Fiscal, donde cada fiscal General sea elegido por los ciudadanos. Y también en aquellas jurisdicciones donde sea necesario tener subjurisdicciones y más fiscales generales, por su envergadura territorial y poblacional.

Lo mismo para los jueces penales de la Justicia ordinaria en cada departamento provincial.

EL CONTROL DEL CIUDADANO

Control ciudadano directo sobre la fuerza del Estado. Limitar el poder a la elite política. Esa es la fórmula. Tal como sucede en el Estado de Florida, en Estados Unidos. Si se quiere contar con policías, fiscales y jueces con intereses alineados al interés de la gente a la que deben servir y no al del político que los nombra.

Sólo de esta forma se obtiene real independencia del Poder judicial. Para ello, deben tener mandatos acotados. Cuatro años más una reelección. La clave está en asegurarse de que el servidor público sirva a quien debe servir, minimizando la influencia de la elite política en ellos, poniéndolos a una cercanía palpable.

Entonces, mientras un cordobés lee este artículo ahora, otro que viva legalmente en Miami o en cualquier condado (departamento provincial) de Florida vota al comisario de su Policía, al fiscal General que le va a aplicar la ley y al juez penal de su distrito que le va a administrar Justicia tras el veredicto de un jurado de ciudadanos.

No es un imposible. No hay taras culturales o de instrucción que impidan hacer esto en Córdoba. Junto con estos coterráneos que viven en Florida, hay otros latinos y afroamericanos que hacen lo mismo. Esta aclaración adicional la hago para aquellos que piensen en tonos racistas, de clase o de diferenciación cultural. Si ellos pueden hacerlo, ¿por qué no aquí?

Claro está que no es sencillo llevar a cabo estas ideas. Muchos cambios hay que hacer en el actual statu quo, y además hay otros que no se describen en este artículo, como el control ciudadano sobre la política. Pero de algo estoy seguro: el Colegio de Abogados de la Provincia apoyaría estas ideas.

Sólo tienen que preguntar a su par en Miami –por ejemplo– y se darán cuenta de por qué. Córdoba puede ser un caso pionero para el país. Ser federales en serio es el desafío.

Me imagino por un instante a los revolucionarios franceses en el siglo XVIII explicando las ideas de la república y cuántos les habrán dicho “No se puede”. Luego de tres siglos con república en el mundo, hoy nos parece increíble que alguien pueda haber dudado y no creído.

Empoderar a la sociedad es el camino. La política cordobesa tiene que tener grandeza. No hay sistema perfecto, pero para los intereses de la gente estas ideas son mucho mejores de lo que tenemos implementado en nuestra provincia.

Publicado en La Voz.