Una gobernanza rústica de la seguridad
Ricardo Runza
Ingeniero
Aeronáutico y Magíster en Defensa Nacional.
La seguridad se
divide en tres: internacional, nacional y pública. La primera se subdivide en
global y regional. La segunda en institucional, defensa nacional y seguridad
interior. Y la tercera en seguridad de infraestructura y servicios públicos
(como represas, centrales nucleares o transporte aéreo, marítimo, fluvial y
terrestre), medioambiente y ciudadana. Como puede apreciar el lector, seguridad
es complejidad. A seis meses de gobierno, el presidente Javier Milei parece no
percibirlo con total claridad.
En seguridad
internacional, el manejo que se hizo sobre la base china en Neuquén muestra la
rusticidad con que se la aborda. No es aceptable decir “son chinos, son todos
iguales” para justificar que no se encontró personal militar allí en una
inspección de cinco horas para determinar si se hacen actividades militares en
el espacio. Todo fue muy amateur. Mucho más que la falsa actividad de pesca
ilegal denunciada por el ministro Luis Petri, quien fuera objeto de burla por
la Embajada china en Buenos Aires. Se desairó a Estados Unidos y a la generala
Laura Richardson. ¡Cuánta paciencia hay que tenerle a la Argentina! ¿Se puede
construir alianzas confiables así?
En seguridad
nacional, aún no se publicó una estrategia de seguridad nacional y por ende no
hay una guía para las políticas de seguridad institucional, defensa nacional y
seguridad interior. No hay prioridades establecidas para los ministros del
sector. Cada uno hace la suya según su parecer. Se percibe una conducta
lai-ssez faire.
En seguridad institucional
no hay una política. La Agencia Federal de Inteligencia no tiene un rol
asignado. Se ha desatado un escándalo de inteligencia ilegal que habría tenido
como protagonista al exjefe de Gabinete de ministros, Nicolás Posse, al
exsecretario de Estrategia Nacional, Brigadier Jorge Antelo, y a un grupo de
oficiales de inteligencia de las Fuerzas Armadas. Otra vez, ¿más de lo mismo?
En Defensa, el
extravío alcanza ribetes rimbombantes. Bajo el supuesto de revalorizar a los
militares, se busca transformarlos en policías. El plan pasa también por una
ceremonia mensual de cambio de guardia con regimientos históricos. Todo
demasiado rústico. Tanto que se pretende ser aliado global de la OTAN, sin
tener en cuenta que para ingresar a ese club se requiere unanimidad de todos
sus integrantes y una aptitud mínima, que la actual organización de la defensa
argentina está lejísimo de alcanzar, más cuando nada se hace para cambiar
creyendo que la política de defensa es solo una política militar minimizada a
comprar armas sin ton ni son, desfiles y ejercicios militares para sostener
desde el marketing una posible futura candidatura a gobernador en cuatro años.
En seguridad
interior, el exceso de protagonismo personal (como si se estuviera en una
campaña política permanente) es más grave. Defensa es una isla, su impacto en
la sociedad es marginal. El Ministerio de Seguridad, no. Esto socava la
aplicación de la ley en el país. La ministra Patricia Bullrich es solo una
auxiliar del Poder Judicial de la Nación y del Ministerio Público Fiscal. Estos
son los responsables de aplicar la ley federal. Si el auxiliar tiene más
protagonismo mediático que los responsables, se genera un efecto de
ocultamiento que tapa la eficacia o la ineficacia de los responsables en
aplicar la ley y administrar justicia en oportunidad. Con el narcotráfico esto
es determinante. En estos seis meses no hubo un solo fiscal o juez federal o
nacional acusado por mal desempeño. ¿Abandonaron todos –de repente– la doctrina
Zaffaroni, o ninguno de ellos interviene justo cuando sí lo hace la ministra
Bullrich? ¿Tan efectivo puede ser un simple eslógan? ¿O “el que las hace las
paga” se termina cuando el foco del periodismo se aleja?
Por otro lado, la
falta de política y estrategia propia por falta de un sustento superior de
seguridad nacional y por déficits profesionales propios genera una propensión a
gastar dinero en adquisiciones para las Fuerzas Armadas, nada –por ejemplo–
para el control de la frontera norte, perjudicando la seguridad interior del
país. Esa frontera es un colador. Es difícil llamarla frontera. No hay muro
físico ni tecnológico y se limita con el tercer productor mundial de cocaína y
el primero en marihuana. Es terreno liberado por el Estado argentino. Todo en
silencio. No hay el más mínimo sentido de prioridad.
Hoy la seguridad
interior se redujo a donde hay cámaras de televisión. En la frontera no las
hay. Entonces, cuando ellas están se aplica el protocolo antipiquetes, se envía
colaboración federal ante casos resonantes y se despliegan efectivos, como en
Rosario, donde (pese a las buenas intenciones y la publicidad de un cierto
estilo Bukele en las cárceles federales) no se puede evitar las amenazas y
muertes que provocan las bandas de narcomenudeo, mientras el narcotráfico
transnacional sigue operando con total impunidad porque se enfrenta al crimen
organizado con un Estado desorganizado, sin cambios orgánicos estructurales.
El termómetro
aquí lo marcan Ángel Di María y Leo Messi. Una desgracia para Patricia Bullrich
y el gobernador Maximiliano Pullaro. Una vara altísima, difícil de sortear si
todo se limita simplemente a seguir lo que se hizo hasta ahora en este
semestre.
En este contexto
aparece el Ministerio de Justicia (canibalizado por el Ministerio de Seguridad)
con una acertada mirada para fortalecer la aplicación de la ley federal en el
país. Casi en soledad. Sin los pilares de sostén que dan una política y una
estrategia de seguridad nacional. Es la principal víctima en el reparto de
recursos porque la rusticidad hace mella en lo que debería ser prioritario y
por ahora no lo es, porque no se lo ve. El narcotráfico festeja.
En seguridad
pública, en lo que compete al Estado nacional, hay alertas amarillas que pasan
al rojo en materia de seguridad del medioambiente, de la infraestructura y del
transporte aéreo, marítimo, fluvial y terrestre (ferroviaria y vial). El estado
de las rutas nacionales cobra vidas a ritmo imparable y el último accidente
ferroviario nos indica que tener una mirada comprensiva de la complejidad de la
seguridad es una cuestión urgente. Por ahora no hubo accidentes aéreos que
conmocionan ni situaciones riesgosas de orden nuclear o de seguridad de
represas. La seguridad ciudadana es un asunto de los gobernadores.
El presidente
Milei es la cabeza de un gobierno aún joven. Si tan solo comparara el perfil de
los funcionarios del sector seguridad de los países que integran la OTAN o la
OCDE, o de los estadounidenses con los cuales él se encontró personalmente,
tomaría nota del déficit de los suyos. Hoy lamentablemente muestra una
gobernanza rústica. Aún puede enmendar errores. Cambiar.
Publicado en Perfil.
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