El 10 de julio de
2025 representó un punto de inflexión para la economía. El Senado, bajo la
conducción de la mayoría opositora y bajo la influencia de muchos gobernadores
provinciales, aprobó proyectos con fuerte impacto fiscal negativo que ya tenían
media sanción en Diputados.
Estas medidas
contradicen la hoja de ruta del equilibrio fiscal defendida por Javier Milei y
abren una fase de incertidumbre para la disciplina macroeconómica. Ante esto,
el Poder Ejecutivo Nacional anticipó el veto total y, si el Congreso insiste,
contempla trasladar el conflicto al ámbito judicial.
El paquete
legislativo incluye cuatro ejes centrales: el aumento automático de
jubilaciones y pensiones, la prórroga de la moratoria previsional, la
declaración de emergencia en discapacidad y la redistribución de fondos
nacionales entre provincias, además de cambios impositivos sobre la venta de
combustibles.
El incremento en
los haberes previsionales resultó uno de los puntos más debatidos. La norma
incrementa en un 7,2% las jubilaciones y pensiones (exceptuando regímenes
especiales) y eleva el bono previsional de $70.000 a $110.000, con
actualización por inflación. Este impacto se suma al dilema de cómo financiar
los mayores pagos sin nuevos tributos o endeudamiento, precisamente cuando el
Gobierno expone el objetivo de consolidar el déficit fiscal cero.
La prórroga del
Plan de Pago de Deuda Previsional (Ley 27.705), vigente como moratoria para
quienes no reúnen 30 años de aportes, prolonga un problema estructural. Así,
quienes no cumplen los requisitos pueden acceder a la jubilación mínima
mediante la “compra” de años faltantes, lo que reduce incentivos a la
formalidad y debilita los mecanismos de reconocimiento al cumplimiento
tributario. Aunque el costo fiscal concreto no ha sido precisado, su efecto
acumulativo sobre las cuentas públicas es negativo, según experiencias previas.
Por su parte, la
declaración de emergencia en discapacidad -con media sanción en el Senado-
prevé medidas institucionales, normativas y presupuestarias excepcionales para
cumplir con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Incluye actualización del Certificado Único de Discapacidad (CUD) y auditorías
sobre recursos y prestaciones. Representan una presión adicional sobre el gasto
primario.
En el plano
federal, la acción de muchos gobernadores logró la aprobación de proyectos para
transferir automáticamente fondos nacionales -los Aportes del Tesoro Nacional
(ATN)- y modificar la distribución del Impuesto a los Combustibles Líquidos,
una demanda histórica de las provincias.
La administración
Milei calificó esto como “intento de golpe institucional” y reiteró la
intención de vetar las normas, argumentando que ponen en riesgo el superávit y
afectan la credibilidad internacional. También analizó la posibilidad de llevar
la discusión al plano judicial, planteando que la definición política puede
derivar en un expediente legal.
El conflicto
expone dos modelos enfrentados: uno centrado en la disciplina fiscal, el
equilibrio de las cuentas públicas y el control de la emisión; otro, motivado
por intereses provinciales y el aumento del gasto social, incluso si se
debilitan los fundamentos de la estabilidad monetaria.
La coyuntura
actual plantea alternativas claras. Si prospera el veto presidencial, el debate
sobre la política económica se reabrirá; si el Congreso revierte el veto o la
Justicia avala los cambios, Argentina deberá reconfigurar su estructura
tributaria, probablemente con subas de impuestos, o resignarse a perder
competitividad y la incipiente reactivación.
Este escenario
muestra una regla esencial de política económica: cada medida conlleva un costo
y un beneficio. Los legisladores suelen destacar el beneficio para sus
distritos, pero omiten los efectos sobre el conjunto. Iniciativas como la
moratoria previsional diluyen el valor de los aportes formales y aumentan la
desigualdad dentro del sistema.
La inestabilidad
normativa y la tendencia a aprobar nuevos beneficios han hecho de las reglas
del juego un terreno incierto. La imposibilidad de planificar e invertir a largo
plazo, especialmente en el sector privado productivo, desalienta la generación
de empleo y el arribo de empresas extranjeras. La volatilidad de reglas y el
incremento arbitrario del gasto inciden en mayor inflación, pérdida del poder
adquisitivo y aumento de la informalidad.
La diferencia de
productividad e ingresos entre Argentina y sociedades más estables como Estados
Unidos resulta evidente: mientras en las economías centrales el PBI per cápita
se aproxima a USD 85.000 anuales, el argentino ronda USD 15.000. La principal
causa reside en la situación normativa y la falta de condiciones para la
competencia continua. Sin reglas previsibles, reducir esa distancia resulta
poco probable.
La proximidad de
las elecciones de medio término de octubre anticipa que el debate económico
será uno de los ejes de la campaña: el voto popular decidirá entre el modelo
que prioriza equilibrio y competitividad, o la opción que persigue mayores
transferencias y gasto social, incluso a costa de la estabilidad.
Existen alternativas
para mejorar la situación previsional sin poner en jaque la solvencia nacional.
Una reforma integral, con eliminación de privilegios, ajuste de edad
jubilatoria conforme la expectativa de vida y reorganización del sistema
permitiría mejorar los ingresos de jubilados de modo sostenible. Por ahora,
estas iniciativas no aparecen en el trabajo legislativo.
En el plano
provincial, el ajuste aplicado fue sensiblemente menor al ejecutado por la
Nación. El gasto de los distritos descendió muy por debajo del recorte a nivel
nacional. A pesar de una estructura insostenible -el gasto público sin
intereses alcanzó 38% del PBI en 2023, lejos del 22% de 2004-.
En el centro de
la disputa se encuentra el país real: millones de argentinos enfrentan la
volatilidad normativa, los incrementos de gasto sin respaldo genuino y la falta
de consensos, lo que condiciona las oportunidades de desarrollo. La próxima
resolución -sea presidencial, parlamentaria o judicial- podría definir no solo
el rumbo de la macroeconomía, sino también la posibilidad de construir un
futuro más estable y previsible.
Publicado en INFOBAE.
Enrique Blasco Garma
