Ricardo Runza
Ingeniero
Aeronáutico y Magíster en Defensa Nacional.
Cuando –desde
hace veinte años– una organización tiene un perfil de gasto en dólares
constantes (2004) superior a los 4 mil millones y un gasto promedio anual en
personal mayor al 80%, según el seguimiento del gasto de Defensa argentino que
realiza Thomas Scheetz para el Instituto Internacional de Investigaciones para
la Paz de Estocolmo (Sipri), ubicarle su problema más importante no es muy
difícil: está en el rubro “personal, más cuando este gasto es el doble del peruano y casi
igual al de Chile, pero con una relación coste-eficacia peor.
Defensa es la
cartera con más empleo público del Estado argentino.
Internacionalmente
se acepta como paradigma que el gasto en defensa, debe tener –para una correcta
administración– una distribución del 60% en personal (incluyendo: salarios,
bienestar, pasividades, pensiones de guerra, etc.), el 20% en operaciones y
mantenimiento, y el 20% en obtención de medios (armas, infraestructura, etc.).
Esto nunca se
llevó a cabo en Argentina. Hacerlo es costoso –políticamente hablando– ya que
requiere liderazgo y conocimiento de la materia; es decir, dos recursos escasos
en la elite política (más cuando esta cartera es usada para pagar favores o
sumar volumen político a un presidente) y porque además esto no es aceptado por
las Fuerzas Armadas, que prefieren resistirlo, tal como una rana sumergida en
agua hirviendo, hasta que se produzca el milagro que llegue un presidente de la
Nación con rasgos mesiánicos que vea en el gasto militar una palanca para mantenerse
en el poder y lo aumente a niveles estratosféricos (aunque no haya causa alguna
que lo justifique) y –si no hay más remedio–, solo así, acomodarse al
paradigma.
Cuestión que ni
siquiera ahora se da con un Presidente con afinidades expresas pero con severas
restricciones económicas que le impiden ejecutar esta fantasía que emborrache
el gasto militar argentino con más dinero de los contribuyentes.
Entonces, todo
queda embarrado en un discurso confuso porque un programa de defensa
estrictamente libertario tendría que significar el cierre de las Fuerzas
Armadas y su reemplazo por alguna empresa de mercenarios, o bien, poniendo al
país bajo el protectorado de alguna potencia tal como Puerto Rico tiene con los
EE.UU. o algo parecido a ello.
Una suposición,
porque no existe un Estado libertario en el mundo. Por suerte, para los
militares argentinos, el presidente Javier Milei solo declama ser libertario y
lo que se traduce en una acción discrecionalmente libertaria no los alcanza,
por ahora, porque el Presidente prefiere un populismo militar a fin de seducir
el voto de la familia militar y aplicar su supuesto libertarismo a otros
sectores del Estado y de la sociedad.
Sin embargo, la
distancia entre el querer y el hacer –a veces– no es concordante y a pesar de
que el Presidente busca seducir a las Fuerzas Armadas, lo concreto es que la
mala gestión de su ministro de Defensa, Luis Petri (inocultable en el Instituto
de Ayuda Financiera y en el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas),
ocasionó 18.659 bajas desde el inicio de su gestión (840 oficiales, 2.398
suboficiales y 15.421 voluntarios). El factor salarial es la principal causal,
además de las desmotivaciones profesionales, a pesar del relato oficial.
Otra opción que
tiene el Presidente es llevar adelante una política liberal para defensa, como
la soslayada en la Revisión de la Defensa Argentina 2000 durante la presidencia
de Fernando de la Rúa y luego detallada en el libro Hacia la modernización del
sistema de defensa argentino (2006), donde se hace eje en la mejora de la
calidad del gasto y en una serie de reformas como lo han hecho los principales
países de la OCDE para tener un gasto de defensa compatible con sus necesidades
de seguridad nacional, sus amenazas y riesgos, su estrategia y política de defensa
y el diseño de fuerza que su economía puede sostener y alistar bajo una mirada
capitalista de la defensa para que esta tenga además un impacto positivo en la
economía del país.
Esto implica
concentrar unidades militares, crear algunas nuevas, desburocratizar, eliminar
unidades operativas y logísticas, transferir institutos educativos a otras
jurisdicciones, modernizar su sistema logístico, eliminar excesos de personal
civil y militar, reorganizar las pirámides de personal militar, privatizar
empresas, delegar funciones a otras agencias y muchas otras medidas que no son
del agrado de muchos militares argentinos por cuestiones emocionales o por una
actitud conservadora reacia a los cambios, o simplemente por ignorancia
profesional.
La masa salarial
y los salarios acordes para la defensa argentina dependen de llevar a cabo este
complejo abanico de reformas y del entallamiento de toda la organización. No de
la magia de solo aumentar el gasto militar sin contemplar su relación
costo-efectividad.
Lamentablemente,
el Presidente también dice ser liberal y su política de defensa lejos está de
su declamación. Su gestión tiene consecuencias devastadoras para las Fuerzas
Armadas. Hay decepción. Esto se vio reflejado en el voto uniformado en la
última elección en la provincia de Buenos Aires.
Se necesitan
cambios urgentes y profundos. Defensa no requiere solo comprar armas. Esa no es
la prioridad. Se necesita inversión para darle más calidad a toda la defensa y
ser –al menos– igual de costo-efectiva como la de Chile.
Esperemos que el
Presidente lo entienda, promueva un cambio liberal y abandone su populismo
militar. Todavía está a tiempo. Le queda mitad de mandato.
Publicado en
Perfil.
