Edgardo Zablotsky
Ph.D. en Economía en la
Universidad de Chicago, 1992. Rector de UCEMA. En Noviembre 2015 fue electo Miembro de la Academia
Nacional de Educación. Miembro del Consejo Académico de la
Fundación Atlas para una Sociedad Libre. Consultor y conferencista en políticas públicas en el
área educativa, centra su interés en dos campos de research: filantropía no
asistencialista y los problemas asociados a la educación en nuestro país.
Sólo uno de cada
diez alumnos argentinos logra completar la escuela secundaria a tiempo y con
los aprendizajes esperados. El dato no debería pasar inadvertido: nueve de cada
diez jóvenes que iniciaron la primaria en 2013 no alcanzaron los conocimientos
mínimos de lectura y matemática que deberían haber adquirido al egresar.
La cifra surge
del Índice de Resultados Escolares (IRE) que elabora Argentinos por la
Educación. Detrás de ella hay una realidad silenciosa: cientos de miles de
chicos que el sistema escolar acompañó durante más de una década, pero sin
lograr enseñarles lo que necesitaban aprender. No hay fracaso más grave que
ese, porque es el que se comete en nombre del éxito aparente.
Durante años, las
estadísticas educativas se celebraron sin detenernos a analizar lo que
realmente significaban. Se aplaudieron tasas de promoción más altas, mientras
se desmoronaban los aprendizajes básicos. Se confundió inclusión con presencia,
como si el mero hecho de asistir a clases equivaliera a aprender. Hoy las
consecuencias están a la vista: una generación entera que cursó la escuela sin
alcanzar los saberes esenciales para continuar estudiando, trabajar o
participar plenamente en la vida cívica. La crisis educativa argentina no es
súbita; es el resultado de una acumulación de parches, maquillajes y silencios.
Frente a
semejante realidad, resulta oportuno recordar la Declaración "La Educación
es una Prioridad", emitida por la Academia Nacional de Educación el 5 de
junio de 2023, que propone once políticas públicas para reconstruir el sistema
educativo argentino. Algunas de ellas se relacionan directamente con el drama
del 10% y constituyen un adecuado punto de partida para comenzar a revertirlo.
Estas seis
medidas, tomadas de la Declaración de la Academia Nacional de Educación, son
las que directamente contribuirían a revertir el drama del 10%. Pero no son
suficientes. Para lograr una mejora sostenida se requiere avanzar en políticas
complementarias que consoliden la estructura del sistema.
Es indispensable
vincular la educación secundaria con el mundo del trabajo mediante un sistema
dual que combine teoría y práctica, ofreciendo a los jóvenes una vía concreta
de realización personal y profesional.
De igual forma,
lo es restituir la autonomía universitaria, permitiendo a cada institución
establecer sus condiciones de ingreso y diseñar acciones remediales que
faciliten la integración académica.
También es
indispensable actualizar la normativa sobre educación presencial y virtual, de
modo que la tecnología complemente -y no reemplace- el vínculo pedagógico, y
garantizar la libertad de enseñanza y el respeto a la dignidad de las personas,
asegurando diversidad y educación sin adoctrinamientos. Una educación plural,
abierta a la elección y centrada en el respeto fortalece la democracia y mejora
la calidad.
Por último,
asegurar un financiamiento eficiente, cumpliendo con lo dispuesto por la ley,
implica administrar con responsabilidad. No se trata de gastar más, sino de
invertir mejor, con objetivos claros y medición de resultados.
En primer lugar,
fortalecer la educación inicial y el primer ciclo de la primaria es esencial:
allí se define el futuro educativo de cada niño. Sin dominio de la lectura, la
escritura y el cálculo en los primeros años, todo lo demás se vuelve ilusorio.
A ello debe
sumarse la extensión de la jornada escolar, como ordena la Ley 26.206, porque
sin más tiempo pedagógico los aprendizajes profundos resultan imposibles y la
desigualdad se perpetúa.
La transparencia
es otra condición indispensable: el artículo 97 de la Ley 26.206, que prohíbe
publicar los resultados de las evaluaciones por escuela o jurisdicción, debe
derogarse. Los padres tienen derecho a saber. ¿Cómo es posible negárselos? Sin
información pública, no hay rendición de cuentas ni posibilidad de mejora.
También lo es
declarar la educación como servicio esencial, pues implica reconocer que el
derecho de los alumnos a aprender debe estar protegido de los vaivenes
políticos y sindicales. Cuando las aulas se cierran, los más perjudicados son
siempre los que menos tienen, y es en ellos donde la desigualdad se vuelve
irreversible.
Junto a ello,
revisar los estatutos docentes se vuelve impostergable: el nuevo rol del
maestro exige formación continua, incentivos adecuados y evaluación del
desempeño.
Publicado en El Cronista.
