Ignacio Delfino
Ignacio Delfino. Es Licenciado en Relaciones Internacionales y Doctor en Ciencias Políticas y Sociología por el Departamento de Economía Aplicada V de la Universidad Complutense de Madrid.
El presidente
Javier Milei se define como liberal libertario. Tal afirmación constituye un
hecho sin precedentes en la historia política reciente: se trata del primer
líder que ejerce el gobierno de una nación mientras proclama una doctrina que
pone en tensión la centralidad del Estado moderno. Lejos de tratarse de una
contradicción insalvable, esta situación paradójica expone una tensión profunda
entre fines últimos basados en ideales éticos y los medios disponibles de la
praxis política.
Al asumir el
poder, Milei dejó de gobernar como un antiestatista en sentido estricto. En los
hechos, se transformó en un gobernante que busca, de manera pragmática, reducir
el alcance del Estado desde dentro. En una sociedad atravesada por décadas de expansión
estatal, el liberalismo libertario no puede operar como un programa de gobierno
de aplicación inmediata, sino como un marco de referencia de largo aliento: una
brújula que oriente el rumbo sin desconocer las restricciones de la realidad
institucional del país.
El objetivo
central de esta experiencia no es consolidar poder, sino devolverlo. La lógica
que guía al gobierno no es la de reforzar la autoridad estatal, sino la de
transferir progresivamente capacidad de decisión a los individuos y a la
sociedad civil.
Desde esta
óptica emerge una distinción fundamental entre el ámbito estatal y el ámbito
del mercado. Mientras que los intercambios y acuerdos celebrados en el mercado
son, por definición, voluntarios y reversibles, la relación entre el Estado y
los ciudadanos se caracteriza por una coerción sistemática que elimina toda
posibilidad real de salida. Del Estado nadie puede escapar; ni siquiera quien
gobierna. En este sentido, el propio Milei se encuentra condicionado por una
arquitectura institucional que opera como una forma de corset político y
normativo. Esta constatación no invalida el proyecto libertario, pero sí
delimita con precisión el terreno sobre el cual puede desplegarse.
El experimento
libertario argentino ya tiene recorrido y, desde el inicio, quedó claro que los
cambios profundos no se logran solo con buenas intenciones. Milei ha insistido
en que su legitimidad se basa en un compromiso contractual con sus votantes,
expresado en su programa electoral. Todo contrato presupone libertad: sin
libertad real entre las partes no hay acuerdo genuino, sino imposición. Esta
tensión explica por qué las concesiones intervencionistas y las restricciones
temporales a la libertad no son necesariamente incoherencias doctrinarias.
Reducir el Estado requiere decisiones que solo pueden tomarse desde el propio
Estado y que demandan tiempo, respaldo político y capacidad de ejecución.
Ese proceso
exige librar, en paralelo, batallas culturales orientadas a deslegitimar el
estatismo profundamente instalado. Uno de los desafíos prioritarios del
gobierno consiste en desarmar los acuerdos corporativos que el Estado ha tejido
durante décadas con los llamados “agentes sociales”, actores que no representan
genuinamente a la sociedad civil, sino que funcionan como intermediarios
privilegiados del poder. Las reformas laboral, tributaria y regulatoria, en sus
múltiples dimensiones, apuntan a que la economía se sustente en el libre
emprendimiento y la iniciativa privada, despejando el terreno de imposiciones heredadas
que lastran el dinamismo empresarial basado en acuerdos libres y voluntarios.
El
liberalismo libertario que emerge del ejercicio del poder parte de una premisa
esencial, aunque desafiante para una sociedad civil acostumbrada al estatismo:
la libertad no se decreta, se asume. Sin una sociedad civil dispuesta a asumir
riesgos y tomar decisiones, toda libertad termina siendo apenas una ilusión
retórica en boca de un presidente.
Entre las
metas alcanzables que guían la gestión del primer mandatario se encuentra la de
posicionar a la Argentina como una de las economías más libres del mundo, según
el Índice de Libertad Económica de la Heritage Foundation. Se trata de un
objetivo ambicioso pero factible, que cumple un doble propósito: orientar la
acción política hacia resultados medibles y demostrar que el camino hacia el
libertarismo no es una mera abstracción, sino un proceso pragmático que
comienza con reformas tangibles, sostenibles y verificables en el tiempo.
Desde esta
perspectiva, las concesiones momentáneas al intervencionismo no expresan
necesariamente una claudicación, sino una estrategia de repliegue estatal
ordenado. Esta lógica se manifiesta con claridad en el destino de varias
reformas estructurales anunciadas durante la campaña electoral que, lejos de
haber sido abandonadas, permanecen pendientes precisamente porque su
implementación inmediata chocaría con restricciones institucionales y
económicas vigentes.
La
postergación de la eliminación del Banco Central y el consecuente abandono de
la política monetaria no implica una renuncia al ideal de libertad asumido por
el gobierno de Javier Milei. Estas medidas no han sido ejecutadas porque su
aplicación requiere el cumplimiento de condiciones previas: saneamiento del
balance del Banco Central, estabilidad macroeconómica, mantenimiento del
superávit fiscal y cancelación de los compromisos financieros contraídos.
La demora de
una reforma tributaria integral —destinada a eliminar la maraña impositiva
heredada y a reducir de forma significativa la presión fiscal— responde a la
misma lógica. La simplificación tributaria radical prometida en campaña exige,
previamente, recomponer las cuentas públicas, seguir reduciendo el gasto
público y enfrentar resistencias políticas profundas a nivel provincial que no
pueden resolverse por decreto sin comprometer la gobernabilidad.
La
modernización laboral, orientada a desmantelar un régimen de rigideces,
privilegios corporativos y judicialización del empleo, permanece incompleta no
por falta de convicción libertaria, sino porque su aprobación requiere mayorías
legislativas, negociación política y una batalla cultural sostenida que
erosione la legitimidad social del viejo orden sindical.
La apertura
al comercio mundial ilustra con claridad este objetivo de velar por los
intereses de los ciudadanos y consumidores. Aunque el ideario libertario
proponga una liberalización unilateral inmediata, el compromiso argentino
contraído en el ámbito de la integración regional del Mercosur muestra avances
significativos, como la firma del Acuerdo de Libre Comercio entre la Unión
Europea y el Mercosur —que involucra a más de 720 millones de consumidores y un
PIB combinado que ronda el 20 % del PIB mundial— y los Acuerdos de Libre
Comercio firmados entre Mercosur- EFTA y Mercosur-Singapur.
A estos
avances se suma un próximo Acuerdo Marco de Comercio e Inversiones entre
Argentina y Estados Unidos, que reducirá de forma significativa los aranceles a
la importación y abrirá nuevos mercados de bienes y servicios para ambas
economías. También se contemplan posibles acuerdos del mismo tenor con Panamá,
Canadá, Ecuador, El Salvador, República Dominicana y economías asiáticas de
alto potencial comercial, como Emiratos Árabes Unidos, India, Indonesia,
Vietnam y Japón.
El éxito del
proyecto libertario no debe medirse exclusivamente por la velocidad de sus
reformas, sino por su grado de irreversibilidad institucional, atendiendo a su
carácter definitivo y permanente. Medidas como la eliminación del Banco
Central, la consolidación del equilibrio fiscal sin financiamiento monetario,
la eliminación de estructuras regulatorias y cajas de poder, la privatización
total de empresas estatales, la apertura comercial mediante acuerdos
internacionales vinculantes y la eliminación completa de controles estatales
sobre precios configuran transformaciones que elevan drásticamente el costo
político de cualquier intento de marcha atrás.
Su fortaleza
no reside en la adhesión ideológica de los gobiernos futuros, sino en que
reducen los márgenes de discrecionalidad estatal disponibles incluso para
quienes no comparten el ideario libertario. En última instancia, la libertad
que Milei busca institucionalizar no depende de la permanencia de un líder,
sino de la construcción de un orden en el que el abuso del poder deje de ser
una opción sencilla. Esa es, quizás, la forma más realista y duradera de
avanzar hacia una sociedad de individuos libres.
